Submarinos, tráfico de armas & atentados
Esta nota reúne a dos de mis amores: las historias de submarinos y las de atentados irresueltos (como el de la AMIA). El Assir fue uno de los traficantes que vino con Monzer al Kassar a comienzos de los ’90 con la intención de radicarse en Mendoza. Hoy, Al Kassar, el principal sospechoso de haber ordenado atentar contra la embajada de Israel y la AMIA para «desbloquear» el mucho dinero que le debían por un ingente tráfico de drogas y armas, está preso en Estados Unidos y puede apostarse que no saldrá vivo para contar las muchas cosas que sabe. Como en el caso de la AMIA, que se le atribuyó falsamente a Irán, el atentado de Karachi del que aquí se habla se le atribuyó falsamente a la fantasmagórica Al Qaeda. Nada nuevo bajo el sol.
Sarkozy, salpicado por los submarinos
El británico John Le Carré hubiese sentido un dejo de celos al leer la trama que hoy hace temblar a la clase política francesa. En su ojo más profundo se agitan las sombras de la venta de tres submarinos a Pakistán, el pago de comisiones a terceros, la financiación de campañas electorales, la rivalidad política secular entre dos candidatos presidenciales de la derecha, el ex presidente Jacques Chirac y el ex jefe de gobierno Edouard Balladur, y un atentado contra intereses franceses que dejó 15 muertos.
En esta densa historia que desembocó en pedidos ante la Justicia para que Nicolas Sarkozy preste testimonio y en demandas judiciales contra Chirac y el entonces secretario general de la presidencia, el ex primer ministro Dominique de Villepin. Participan dos intermediarios, uno de los cuales es el traficante de armas libanés Abdul Rahman El Assir, quien supo tener lazos con los círculos menemistas, con Monzer al Kazar y negocios nada claros en España. Todos los ingredientes de una novela palpitante se reúnen en un cuadro que nada tiene de ficción. El 8 de mayo de 2002, un atentado perpetrado por un kamikaze contra un bus que transportaba ingenieros franceses que trabajaban en la construcción de un submarino en el astillero naval de Karachi, Pakistán, dejó un saldo de 15 muertos, once de ellos franceses.
Testimonios, investigaciones de la prensa y el paciente trabajo de la Justicia esbozan un esquema típico de los negocios de venta de armas: el atentado fue cometido en represalias por la suspensión del pago de las comisiones, parte de las cuales volvían a Francia entre sombras para financiar la campaña electoral del entonces jefe de gobierno Edouard Balladur. Bajo la presión de las familias de las víctimas, la Justicia busca ahora esclarecer la responsabilidad de los políticos implicados con el contrato de las armas, varios de ellos, como el presidente Nicolas Sarkozy, ejercen hoy altos cargos.
El punto de partida es la venta, en 1994, de tres submarinos a Pakistán por un monto de más de mil millones de dólares. El Estado pagó una comisión de 6,25 por ciento a la empresa Sofma, encargada de exportar los productos militares franceses. Esa empresa, a su vez, hizo entrar en el juego a dos hombres de negocios libaneses, Ziad Takieddine et Abdul Rahman El Assir. Estos dos mediadores, a través de la empresa off-shore Mercor, cobraron poco más de unos 40 millones de dólares. Parte de esa suma estaba destinada a pagar a los intermediarios paquistaníes.
Sin embargo, se sospecha que un segmento de las comisiones regresó a Francia para alimentar las cuentas de la campaña electoral de 1995, cuyos dos protagonistas centrales, a la derecha, fueron el futuro presidente Jacques Chirac y el entonces primer ministro Edouard Balladur, en cuyo gabinete estaba Nicolas Sarkozy, a cargo de la cartera de Presupuesto y, luego, de la campaña electoral de Balladur. Chirac ganó las presidencia y, una vez en el poder, ordenó que no se pagara más lo pactado. El reembolso se detuvo en 1996, o al menos parte de él.
Seis años después, el 8 de mayo de 2002, un kamikaze hizo explotar una bomba contra el bus que transportaba a los ingenieros franceses que trabajaban en Karachi para la Dirección de las Construcciones navales, DCM. El atentado nunca fue reivindicado. Bin Laden se refirió a él en un mensaje y ello le valió que se le atribuyera la responsabilidad.
En 2008, un informe llamado Nautilus y elaborado por un ex integrante del contraespionaje francés estableció otra hipótesis: los responsables del atentado no fueron terroristas de Al Qaida sino una venganza de los sectores militares paquistaníes que no cobraron las comisiones. Uno de los agentes del contraespionaje que intervino en el informe Nautilus dice: “Las personalidades militares que instrumentalizaron el grupo islamista tenían una meta financiera: obtener el cobro de las comisiones no pagadas y prometidas por la red” –se trata de los dos intermediarios libaneses–. Hace apenas unos días, el ex ministro de Defensa Charles Millon confirmó ante un juez la validez de esa pista. Según Millon, la venta de los submarinos se realizó gracias a las comisiones que se pagaron, parte de las cuales, y así lo confirmó Millon, volvieron a Francia por caminos encubiertos.
En 1994, Nicolas Sarkozy, en su calidad de ministro de Presupuesto, portavoz y mano derecha de Balladur durante la campaña electoral, estaba en el camino de esa trama. Ello incitó a los familiares de los ingenieros asesinados a pedir a la Justicia el testimonio de Sarkozy y a presentar una querella judicial contra Chirac y el ex primer ministro Dominique de Villepin, quien, en los años del contrato, era secretario general de la presidencia. Ambos están acusados de “poner en peligro la vida del prójimo” y de “homicidio involuntario”.
Los abogados de los familiares acusan a Chirac de haber cortado el pago de las comisiones por “venganza” contra Balladur. Muchos telones oscuros tapan aún los vericuetos de esta historia, empezando por el tiempo transcurrido entre el momento en que Chirac ordena cortar el pago y el atentado, ocurrido casi siete años después.
En realidad, según reveló el diario Libération, las comisiones se siguieron pagando hasta 2001. El mismo diario descubrió ingresos irregulares en las cuentas de campaña de Edouard Balladur por un monto de casi dos millones de dólares (1995). Las pruebas fehacientes aún no existen pero sí una red de indicios y detalles que terminan por corroborar las sospechas que circulan desde hace varios años.
La investigación sobre este megaasunto dio lugar a inenarrables trabas. El informe Nautilus, que data de 2002, nunca llegó a manos de la Justicia. Los obstáculos puestos intencionalmente en el camino de la investigación son incontables. Entre el viernes y el sábado, este oscuro caso se trasladó al terreno de la confrontación política entre Sarkozy y De Villepin.
El ex primer ministro, enemigo acérrimo de Sarkozy, reconoció que existían “fuertes sospechas de retrocomisiones” y pidió expresamente ser interrogado por la Justicia. Sarkozy contraatacó de inmediato. El presidente denunció comentarios “de politiquería” y prometió entregar todos los documentos que están en su poder sobre el ya famoso legajo Karachi. Tal vez, con la mecánica del enfrentamiento político entre dos bandos de la derecha, la verdad salga a la superficie sin que lo esencial se disuelva en el secreto.
