Las críticas de Carta Abierta y la gratuita perversidad de la AFIP

Por Teodoro Boot

Respecto a la reseña sobre el encuentro de Carta Abierta según la reseña del dominical Perfil, que no necesariamente puede reflejar la amplitud y la profundidad de un debate de semejantes características, me gustaría apuntar:

Las «restricciones al dólar» deben verse como un modelo de tipo de cambio múltiple cuyo propósito es evitar la fuga de divisas, establecer un dólar comercial competitivo  conservando la capacidad adquisitiva del salario y a través de las retenciones agropecuarias fijar un valor de dólar «agrícola» que minimice el efecto sobre el consumo interno de los aumentos a nivel internacional del precio de los alimentos.

No es verdad que existan restricciones a la compra de dólares así, en absoluto. Si así fuera, no existiría en nuestro país ningún producto importado o que contuviera insumos provenientes del exterior. Sí hay restricciones para la compra de dólares a valor comercial, que es el establecido por el Banco Central, al que de alguna manera imaginativa o directamente absurda podríamos llamar «dólar subsidiado».

Cualquiera que quiera comprar dólares, o euros, reales o pesos uruguayos, puede hacerlo en las abundantes cuevas y arbolitos, aunque a un valor mayor al del dólar comercial. Vale decir, el viaje a Colonia, Bombinhas, Miami o Londres le saldrá más pesos de lo que el turista calcula según el valor del dólar comercial.

Esto, en sí mismo, no está mal y sería fácilmente explicable si hubiera orejas para escuchar: de no establecerse esa restricción, la corrida cambiaria podría haber llevado el valor del dólar comercial a 6 pesos, con lo que el viaje de paseo al exterior le costaría tan caro como le sale hoy comprando dólares «blue», con el agravante de que la capacidad adquisitiva de sus salarios se habría reducido en un 20 por ciento, como primer paso de una avalancha muy previsible por repetida que, contrariamente a los eslóganes, dispararía la inflación a niveles incontrolables.

Con todo, el problema no está en el «dólar turista», el utilizado para paseos por el exterior, sino en el «dólar atesoramiento» y su subvariante, el «dólar inmobiliario», cuyos tratamientos requerirían o hubieran requerido operatorias diferenciadas, particularmente el inmobiliario que, de pensarse las cosas podría haberse resuelto en su momento con mayor facilidad: ante la «ola de inseguridad» que tanto perturba a los argentinos, es realmente disparatado realizar las operaciones inmobiliarias en moneda contante y sonante. Lo lógico, antes del intento de corrida cambiaria, debió haber sido establecer la obligatoriedad del cheque certificado y prohibir, por razones de seguridad, imponiendo graves penas a los escribanos e interesados, la escrituración de operaciones inmobiliarias realizadas en efectivo. Pero esa oportunidad pasó hace ya más de un año.

Respecto al ahorro en dólares no se puede menos que imponer restricciones, pero las establecidas para la compra de dólares «subsidiados» para el turismo son desquiciadas y desquiciantes, ya que nadie consigue saber nunca cuántos dólares puede comprar, ni cuando, ni cómo. El nivel de arbitrariedad en este sentido y del destrato consiguiente hace temer que un grupo de perversos psicópatas se haya instalado en algún nivel decisorio de la Agencia Federal de Ingresos Públicos. No es concebible que, no ya en tiempos informáticos sino desde la invención del ábaco no se pueda dar un mínimo de previsibilidad a los ciudadanos que, por los motivos que fuese, deseen viajar al exterior de manera que sepan, con la debida antelación, cuántos dólares pueden comprar a precio «subsidiado» y cuántos tendrán que pagarlos según la ley de la oferta y la demanda de las cuevas y cambistas.

La perversidad de la operatoria de la AFIP es uno de los principales ingredientes, encima gratuitos, que alimentan el malestar de esa clase media y lo vuelven justificado y razonable.

En cuanto a las asignaciones familiares, y siempre según la crónica, la propuesta de Aurelio Narvaja es esencialmente contradictoria: universalizar las asignaciones y a la vez elevar el piso de ganancias supone elevar los gastos reduciendo simultáneamente los ingresos, algo que no puede plantear seriamente ninguna persona grande, menos, tratándose de un empresario.

Lo que, siempre según la nota de Perfil, Narvaja no parece advertir es que quienes tributan ganancias, perciben indirectamente  una asignación por hijo que duplica a la percibida en forma directa por los sectores de bajísimos ingresos, lo que induce a pensar es si no habremos establecido el valor de los niños según el nivel de ingresos de sus padres. Para mayor injusticia y discriminación, un contribuyente de ganancias puede desgravar más de  7.200 pesos (600 por mes) anuales por hijo sin necesidad de demostrar que lo manda al colegio o cuida de su salud.

Acaso el editor Aurelio Narvaja proponga, y la cronista no lo haya reflejado, la universalidad de la asignación por hijo junto a la eliminación de la serie de desgravaciones por hijo establecidas en el impuesto a las ganancias. Se trataría de algo más justo, que tal vez requeriría de la simultánea universalización del impuesto a las ganancias de manera que cada quien aporte según sus posibilidades y perciba según la cantidad y edades de hijos que tenga. Eso sería un poco más justo que el sistema actual.