En un lugar de Castilla de cuyo nombre no debo acordarme me explicaron hace unas semanas cómo se gestó, pronto hará un año, la reforma exprés de la Constitución. En la linde entre Castilla y el viejo reino de León se conservan pequeñas bodegas familiares excavadas en una tierra durante siglos dedicada a la viña y al cereal. Como tantas cosas de antaño, estuvieron a punto de desaparecer, hasta que las nuevas generaciones descubrieron el placer de comer bajo tierra e invitar a los amigos a degustar el misterio de unos conos subterráneos en los que aún se conservan prensas de viga de madera.

En el interior de uno de esos conos, a diez grados de temperatura y bajo la tenue luz de una bombilla, un comensal perfectamente informado de los entresijos del zapaterismo, deslizó la confidencia: "La reforma de la Constitución no obedeció a un requerimiento formal de Europa. Puedo deciros que en La Carta no figuraba esa exigencia. La Carta nos urgía, básicamente, a cerrar el ejercicio del 2011 con un déficit del 6%, al recorte de salarios en el sector público y privado, y a la modificación urgente de la legislación laboral. En una última demostración de astucia, José Luis Zapatero halló un atajo. Aquel verano, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy estaban haciendo propaganda de la regla de oro -la inclusión de la estabilidad presupuestaria en las constituciones nacionales europeas, siguiendo el ejemplo de Alemania- y Zapatero les tomó la palabra. Rajoy, por razones obvias, no podía oponerse. Y falló el contacto con Duran Lleida (CiU). Todo se tenía que hacer muy deprisa. No se le pudo localizar a tiempo y CiU se lo tomó como una afrenta. Seguramente todo se podía haber hecho mejor, pero conseguimos tres cosas: liquidez del Banco Central Europeo, evitar la intervención formal de la economía española y ahorrarle al PSOE el mal trago de unos nuevos recortes tres meses antes de las elecciones generales del 20 de noviembre".

Silencio bajo tierra. La revelación es interesante. La reforma de la Constitución fue un placebo y una hábil estratagema de Zapatero para comprar tiempo en un momento muy difícil para el país, para el Partido Socialista y para él mismo. Todo cuadra. Un año después de aquella iniciativa, muy pocos estados de la Unión Europea han modificado su constitución para incluir la regla de oro tudesca. Sarkozy lo intentó, pero los socialistas de François Hollande le dijeron que no. Portugal, modesta e intervenida, no ha querido romper sus frágiles consensos internos y ha dejado la Constitución tranquila. Sólo Silvio Berlusconi se adhirió a la iniciativa y este pasado mes de abril -con Mario Monti al frente del Gobierno italiano- el Senado de Roma aprobó la enmienda constitucional. Todo cuadra. Italia es el otro país que en agosto del año pasado recibió La Carta.

La Carta es la clave . El día 5 de agosto, en plena tormenta financiera, en Moncloa se recibió una misiva firmada mancomunadamente por el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, y por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El documento conminaba al Gobierno español a poner en marcha un programa de "acción urgente" para neutralizar a los operadores financieros que estaban convirtiendo agosto en un infierno. Hubo acuse de recibo y al cabo de unos días, el BCE recibía autorización -de Berlín- para comprar la castigada deuda de España e Italia.

La Carta remitida al Palazzo Chigi de Roma fue divulgada al cabo de unas semanas. Llevaba la firma de Trichet y de Mario Draghi, entonces presidente del Banco de Italia, y exigía un severo programa de reformas. El Corriere della Sera, el gran diario de Milán, la publicó el 29 de septiembre y seguramente aquel fue el primer paso para echar a Berlusconi del poder, cosa que ocurriría cuarenta días después -el 14 de noviembre-, tras una magistral maniobra del presidente de la República, Giorgio Napolitano. Las reformas y ajustes del Gobierno Monti -el tecnócrata, primero repudiado y ahora elogiado por el socialismo español que enarbola la bandera de la "unidad nacional"- tienen como guía La Carta.

En España, La Carta se mantiene en secreto, guardada bajo siete llaves. Dos libros de reciente aparición (Los días que vivimos peligrosamente, de Mariano Guindal, e Indecentes, crónica de un atraco perfecto, de Ernesto Ekaizer) desvelan buena parte de su contenido. Guindal cuenta que Rajoy tuvo acceso a ella gracias a los buenos oficios de Antonio Sainz de Vicuña, director general del servicio jurídico del BCE. El PSOE la mantuvo en secreto y el PP tampoco la ha aireado. ¿Por qué? Por la misma razón que no conocemos, en todos sus detalles, la deliberación en el Ecofin del 9 de mayo del 2010 en Bruselas en el que el Gobierno Zapatero fue obligado a cambiar el signo de su política económica. Una reunión en la que la vicepresidenta Elena Salgado vertió lágrimas. Ambos episodios demuestran que España se halla tutelada o intervenida oficiosamente desde hace más de dos años.

La Carta también ofrece algunas claves de la actual situación. Tras ganar las elecciones generales con una robusta mayoría absoluta, Mariano Rajoy creyó que tenía margen y centró la estrategia de sus primeros cien días en conseguir una ampliación de capital político con la conquista de Andalucía. Antes de fracasar en el empeño, fue apercibido desde Berlín. Tras una tormentosa deliberación en Moncloa se optó por avanzar la reforma laboral y retrasar hasta el 30 de marzo los presupuestos del 2012. Los sindicatos convocaron huelga general y ello tuvo su reflejo en el voto andaluz, pese a la flojera del PSOE.

Y después vino Bankia (mayo 2012), la explosión nuclear en el centro del sistema España, tras fracasar la operación inicialmente deseada por Rajoy: la absorción de Bankia por CaixaBank, bajo la apariencia de una fusión. Una operación hoy condenada al olvido. En Madrid hay quien lamenta no haberla apoyado, y en Barcelona arden cirios en acción de gracias a la Virgen de Montserrat. (Confesión de un ministro del actual Gobierno: "Al cabo de unos meses, el problema podía haber estallado en Barcelona").

Y tras el hundimiento de Bankia, el rescate bancario, el préstamo de 100.000 millones de euros, con las condiciones incluidas en el Memorando de Entendimiento divulgado esta semana. Pérdida parcial de soberanía. Transferencia a la Comisión Europea y al BCE del control del sistema bancario, a la espera de la futura Autoridad Bancaria Europea. El drama de las elecciones griegas y el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio en Bruselas en el que Italia y España jugaron fuerte y evitaron lo peor. Con un precio a pagar. El paquete Monti (15.000 millones de ajuste adiciona en dos años) y el paquete Rajoy (56.440 millones en dos años y medio). Una España que, ahora sí, se siente intervenida. Las sombrías palabras de Rajoy en el Congreso: "Hemos llegado a un punto en el que no podemos elegir". Todo empezó hace dos años. Las lágrimas de Salgado. La Carta. El Directorio Europeo.