El catenaccio de Macri contra el Teatro Colón
El amparo presentado por el delegado de ATE Máximo Parpagnoli –un recurso jurídico por el que un juez tiene diez días para dictaminar– debió haberse resuelto en agosto de 2010. Sin embargo, la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad esperó a resolver el caso el pasado viernes 26 de agosto. Es decir, después del ballottaje en que el jefe de Gobierno revalidara su management político basado en el «achicamiento del Estado» y la «tercerización de los servicios».
De esta manera, ahora el Gobierno tiene vía libre para mandar a un cantante lírico a trabajar para la Policía Metropolitana o a un escenógrafo al limbo del RAD (Registro de Agentes en Disposición) y después de seis mes cesantearlo definitivamente.
En un carril paralelo, el miércoles anterior ocho trabajadores habían sido cesanteados por el director del coliseo Pedro Pablo García Caffi. La trama viene a cuento de una vieja disputa salarial, que había provocado paros en el Colón el año pasado. Los sumarios se levantaron en diciembre del 2010 contra Parpagnoli, José Piazza, Susana Benítez, Carlos Flores, Pastor Mora, Ricardo Ochoa, Patricia Pérez, y Carlos Fernández, todos delegados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), menos el clarinetista Fernández, con casi 20 años de trabajo en el teatro.
En enero de 2011, el gobierno de Mauricio Macri levantó sumarios contra 17 trabajadores más, además de que se dispusiera la no percepción de sus salarios.
Al mes siguiente, el Gobierno demandó a los 8 trabajadores sumariados por $63 millones, acusándolos de haber perdido pingües ganancias por una huelga «ilegal». Lo cierto es que el paro de la Filarmónica para el ensayo general de la chelista cordobesa Sol Gabetta, a principios de noviembre de 2010, y de la Orquesta Estable para la función de la ópera Falstaff, de Verdi, a fines de ese mes, acontecieron luego de que el directorio se negara a escuchar los reclamos de los trabajadores.
Cabe notar que el directorio del Colón está conformado por cuatro personas. Según la Ley 2.855 de Autarquía del Teatro Colón, aquellos directores debieran ostentar una «reconocida trayectoria» en el ámbito de la cultura y de las artes. Según el abogado de los trabajadores, Sebastián Alanís, sólo el ex Cuarteto Zupay García Caffi tiene esos lauros.
Por ejemplo, la legitimidad de la contadora Mónica Freda sólo vendría fundada «por su trabajo anterior»: la jefatura de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, una oficina especializada en el desarrollo artístico de la Ciudad.
La Ley Mauricio. El fallo de la sala 2 de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad fue contado a Miradas al Sur por Alanís. La jueza Nélida Mabel Daniele, que votó en minoría, «confirmó todo lo que habíamos logrado en primera instancia»; entre otras cosas, que los trabajadores participaran en el Directorio.
El voto en contra del juez Esteban Centanaro fue refrendado «en una línea» por el tercer magistrado, Horacio Corti. El padre radical de la legisladora macrista (ex kirchnerista y ex telermanista) Ivana Centanaro, dictaminó con argumentos bastante peculiares, según Alanís. «Escribió que la participación de los trabajadores en el Directorio era un sinsentido porque estarían igual en minoría, 4 a 1.» También, el juez Centanaro habría determinado la inconstitucionalidad del artículo de la Ley 2.855 que exige la participación del 60% del padrón de los empleados para elegir delegado obrero. «Abrió así la puerta para que se conforme una asamblea gremial con el voto de un 20% del padrón total».
En noviembre de 2011 habrá elecciones sindicales en el Teatro Colón. La resolución de cesantía 519/2.011 dispuesta por García Caffi contra los 8 afiliados de ATE se encuadra en un intento del Gobierno porteño por desconocer la representación sindical de ese gremio. En junio, un fallo del juez Hugo Zuleta determinó que el Estado porteño pagase una multa de $54 mil por no haber incorporado a ATE en las paritarias salariales. Según contó Alanís, la semana pasada el juez le impuso otra multa de $150 mil por haber incumplido el fallo anterior. Por entonces, el 22 de junio, el Gobierno macrista desestimó la acción judicial de principios de año en que demandaba a los 8 trabajadores por 63 millones de verdes, incluyendo una «cláusula laboral de armonía mutua y recíproca».
Ahora, sin embargo, agrandado el macrismo está pidiendo a la Justicia el desafuero gremial de los siete delegados para hacer efectiva la cesantía. El caso del instrumentista Carlos Fernández –que ayer hizo una suplencia en el Tristán e Isolda, del Teatro Argentino de la ciudad La Plata– es más difícil. Sin inmunidad sindical, el viernes fue impedido de acceder a su trabajo por el jefe de seguridad del Colón, Carlos Alberto Zamorano. «Se estableció una especie de terrorismo de Estado en el Colón. La gente no quiere hablar. Porque, si echan a los delegados, ¿qué les queda a los simples trabajadores?», dijo.
ATE Capital convocó a un paro por 24 horas para esta semana. «Ante la actitud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de violar la Ley de Asociaciones Sindicales, llevando adelante la cesantía de toda la Junta Interna y de nuestro delegado paritario en el teatro y ante esta clara actitud de persecución política y sindical del Jefe de Gobierno y del Director del Teatro de querer correr a ATE-CTA de la representación que hace tantos años hemos construido, resolvimos en el plenario del día de hoy llevar adelante el próximo miércoles 31 de agosto un paro de 24 horas en todo ATE Capital, con una movilización a partir de las 12 del mediodía desde Plaza Lavalle hasta el Teatro Colón, donde se realizará el Acto Central», dijo Rodolfo Arrechea, titular de ATE Capital.
«Desde el punto de vista jurídico –sugirió Alanís–, el procedimiento seguido por el Gobierno porteño es tan deficiente y arbitrario que la trascendencia de su decisión es bajísima. La elección de los 8 trabajadores –cuando había 180 personas debatiendo la huelga detrás del escenario– es arbitraria y sólo se basa una declaración testimonial de García Caffi, que dice haber visto a esas personas».
Lo grave es lo que se instala políticamente: la vía libre para el desmantelamiento y la reducción de personal. «Ahora no sólo habrá 280 personas en la calle, sino que la representación gremial podrá establecerla un grupo minúsculo. El mensaje es ‘¡Acá, huelga no!’.».
