Pérez Esquivel: «Insfrán debe renunciar»
BUENOS AIRES, 1 (ANSA)- El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y comunidades aborígenes, reclamaron hoy la renuncia de Gildo Insfran, gobernador de la provincia de Formosa, norte de Argentina, donde la semana pasada murieron un indígena y un policía durante el desalojo de una ruta provincial y de un predio rural.
A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría del Pueblo de la Nación, pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que garantice la seguridad de la comunidad qom (toba) reprimida en Formosa, provincia limítrofe con Paraguay.
Pérez Esquivel, además de pedir la renuncia del gobernador Insfran, reclamó la destitución de las fuerzas policiales que participaron de la represión y enfatizó que «deben ser procesados por crímenes».
La presidenta, Cristina Fernández, «debe tomar medidas por más que el gobernador de Formosa sea aliado político», enfatizó Pérez Esquivel durante una conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional, a la que asistió también Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, con adhesión de Abuelas de Plaza de
Mayo.
Insfran pertenece al Partido Justicialista (peronista) que gobierna a nivel nacional.
Felix Díaz, dirigente de la comunidad qom donde ocurrieron los episodios de violencia, denunció que las fuerzas de seguridad, además de usar gases lacrimógenos, «nos quemaron nuestras casas, nuestros documentos, nuestra ropa, les pegaron a los ancianos y envenenaron el agua».
«Nosotros no estábamos preparados para pelear», explicó Díaz, quien precisó que durante los choques falleció un miembro de la comunidad y no dos, como difundió profusamente el periodismo la
semana pasada, confundiendo a un herido grave con una víctima mortal.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de La Primavera, ubicada 1.500 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, donde la comunidad qom de Felix Díaz había montado un bloqueo en una ruta provincial desde el 23 de julio, en demanda del título de propiedad de 600 hectáreas de monte.
Durante la tumultuosa y desordenada conferencia de prensa, algunos miembros de las comunidades aborígenes increparon a los fotógrafos y periodistas presentes, que entorpecían la visibilidad frente al escenario.
«Ustedes nunca aparecen cuando nos mandan la patota. Vayan a sacar fotos a los pueblos», recriminaron los dirigentes de las comunidades nativas.
Amnistía Internacional pidió al gobierno que «respete los pactos internacionales» sobre los derechos de los pueblos originarios.
El CELS, por su parte, explicó que un decreto presidencial de 1940 reconoce la propiedad de 5.000 hectáreas a las comunidades aborígenes de Formosa, incluida la parcela de 600 hectáreas en disputa.
El presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, Claudio Morgado, el dirigente social Luis D’Elia y los diputados nacionales Cecilia Merchan, Liliana Parada, Silvia Vásquez, Martín Sabbatella, Eduardo Macaluse y Jorge Cardelli, acompañaron a Felix Díaz durante la conferencia de prensa.
El gobierno de Fernández se adjudica haber puesto fin a la represión a las protestas sociales y en ello recibe apoyo de organismos de derechos humanos, pero hasta hoy no se pronunció por lo ocurrido en Formosa, lo que para dirigentes del CELS es una «contradicción». (ANSA).
