Inquietud en la plana mayor de la Policía Metropolitana
Internas en la policía porteña
El motín de los comisarios
El Argentino / 14-09-2010
Los ex comisarios de la Federal que integran la Policía Metropolitana cuestionan la tarea del titular de la fuerza, Eugenio Burzaco, quien, además, tiene que lidiar con la presión que le genera la causa por escuchas ilegales y la investigación que sigue la Legislatura.
Una grave crisis institucional se gesta dentro de la estructura de la nueva Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Sumado a la investigación que lleva adelante la Legislatura por la causa de las escuchas ilegales, el titular de la fuerza, Eugenio Burzaco, sufre la presión de los ex comisarios de la Federal que prestan servicios dentro del cuerpo, quienes especulan con su salida.
Al momento de asumir Burzaco, el juez federal Norberto Oyarbide exigía al gobierno de Mauricio Macri la identidad de los ex policías de Inteligencia de la Federal que habían tramitado su pase a la fuerza porteña.
A pesar de la oposición a que un civil ejerciera al frente de la Policía, la salida de Jorge «Fino» Palacios y de su sucesor, Osvaldo Chamorro, fueron motivo suficiente para que Burzaco, un especialista en temas de seguridad, asumiera como jefe de la Metropolitana.
En abril, con el escándalo de las pistolas eléctricas Táser a cuestas, Burzaco anunció la purga de nueve oficiales provenientes de la Federal por «análisis de antecedentes». Entre ellos estaba el ex comisario Miguel Ángel Colombo, acusado de dar protección a prostíbulos.
Fuentes cercanas al gobierno porteño señalaron que en aquel momento Macri le pidió al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, que contuviera a Burzaco: «Cuidamelo a Eugenio, porque en estas crisis se pone nervioso y se asusta».
Las palabras de Macri repercutieron dentro de la Metropolitana y llegaron a oídos de los ex comisarios de la Federal que resistieron a la purga y que nunca vieron con buenos ojos la jefatura de un civil.
«Le estamos regalando nuestra chapa a este inútil», se rumoreaba entre los hombres que llegaron de la mano del «Fino» Palacios, también conocidos como «los empresarios» por los negocios que sostienen en rubros diversos, que van desde la gastronomía en Puerto Madero hasta las agencias privadas de seguridad.
«Tienen a su jefe preso y a su segundo (por Chamorro) muy cuestionado”, aseguró una fuente macrista, al tiempo que detalló que el caso de Ciro James y ahora la investigación en la Legislatura generan malestar: “Estos tipos están enfurecidos», precisó.
Según trascendió, la semana pasada comenzó a circular un documento interno de la Metropolitana que da cuenta de tareas de espionaje entre los estudiantes que realizan las tomas de colegios. El documento, aparentemente falso según afirmó el ministro Montenegro, salió de la propia interna de la fuerza y se especula con que fue una movida para desestabilizar a Burzaco.
Los cuatro superintendentes de la fuerza (Carlos Kevorkian, Miguel Ángel Ciancio, Eduardo Martino y Roberto Cots), según trascendió, se encuentran en comunicación directa con la Federal y planean reemplazar a Burzaco con un nombre «consensuado».
Desde el inicio mismo de la fuerza, analistas del PRO con más experiencia en seguridad, alertaban que era una locura iniciar una policía sin consensuar con la Federal, que tiene miles de agentes en las calles. «Es el poder permanente y finalmente parece que lo están entendiendo», afirmaron.
Burzaco está en un «equilibrio inestable», señalaron. Sin embargo, todos están de acuerdo que lo peor que podría sucederle ahora al Gobierno de la Ciudad es afrontar un nuevo cambio en la cúpula de su policía.
«No es momento para llevar la atención pública a la Metropolitana y, menos aún, de nombrar allí a un jefe proveniente de la Federal”, sostienen. Asimismo, desde el poder porteño resaltan que “hay que sacar a la policía del ojo de la tormenta».
Desde el PRO analizan que la comisión investigadora de la Legislatura va a buscar «llevarse puesto, al menos, a un ministro» y temen respecto de la situación del titular de la cartera de Seguridad.
En la investigación que sigue Oyarbide, Montenegro está firmemente ligado al nombramiento de Palacios y al pedido de pase del espía Ciro James del ministerio de Educación a la policía porteña. Al momento de estos acontecimientos, Burzaco ocupaba una banca en el Congreso.
Para analizar el escenario y elaborar una estrategia, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, convocó a una reunión a los legisladores del PRO que integran la comisión investigadora y sumó al titular de la comisión de Justicia, Gerardo Ingaramo, además del jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad, Horacio «Totó» García.
Montenegro y Burzaco no participaron del encuentro porque ambos se encuentran en Washington, en plan de observar cómo se coordinan las fuerzas de seguridad en la capital norteamericana.
Al gobierno porteño le preocupa la línea que está siguiendo la comisión de la Legislatura, donde legisladores opositores dejaron en claro que no van a «auditar» la causa judicial que sigue Oyarbide, sino que por el contrario, van a enfocarse en el proceso de conformación de la Metropolitana.
«Como están las cosas, este Gobierno no se banca un cambio en el ministerio, ni mucho menos en la policía. No lo resiste”, aseguró una fuente legislativa, al analizar la crisis que atraviesa el área de seguridad del gobierno porteño. “Desde la política se los va a sostener», concluyó.
Al momento de asumir Burzaco, el juez federal Norberto Oyarbide exigía al gobierno de Mauricio Macri la identidad de los ex policías de Inteligencia de la Federal que habían tramitado su pase a la fuerza porteña.
A pesar de la oposición a que un civil ejerciera al frente de la Policía, la salida de Jorge «Fino» Palacios y de su sucesor, Osvaldo Chamorro, fueron motivo suficiente para que Burzaco, un especialista en temas de seguridad, asumiera como jefe de la Metropolitana.
En abril, con el escándalo de las pistolas eléctricas Táser a cuestas, Burzaco anunció la purga de nueve oficiales provenientes de la Federal por «análisis de antecedentes». Entre ellos estaba el ex comisario Miguel Ángel Colombo, acusado de dar protección a prostíbulos.
Fuentes cercanas al gobierno porteño señalaron que en aquel momento Macri le pidió al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, que contuviera a Burzaco: «Cuidamelo a Eugenio, porque en estas crisis se pone nervioso y se asusta».
Las palabras de Macri repercutieron dentro de la Metropolitana y llegaron a oídos de los ex comisarios de la Federal que resistieron a la purga y que nunca vieron con buenos ojos la jefatura de un civil.
«Le estamos regalando nuestra chapa a este inútil», se rumoreaba entre los hombres que llegaron de la mano del «Fino» Palacios, también conocidos como «los empresarios» por los negocios que sostienen en rubros diversos, que van desde la gastronomía en Puerto Madero hasta las agencias privadas de seguridad.
«Tienen a su jefe preso y a su segundo (por Chamorro) muy cuestionado”, aseguró una fuente macrista, al tiempo que detalló que el caso de Ciro James y ahora la investigación en la Legislatura generan malestar: “Estos tipos están enfurecidos», precisó.
Según trascendió, la semana pasada comenzó a circular un documento interno de la Metropolitana que da cuenta de tareas de espionaje entre los estudiantes que realizan las tomas de colegios. El documento, aparentemente falso según afirmó el ministro Montenegro, salió de la propia interna de la fuerza y se especula con que fue una movida para desestabilizar a Burzaco.
Los cuatro superintendentes de la fuerza (Carlos Kevorkian, Miguel Ángel Ciancio, Eduardo Martino y Roberto Cots), según trascendió, se encuentran en comunicación directa con la Federal y planean reemplazar a Burzaco con un nombre «consensuado».
Desde el inicio mismo de la fuerza, analistas del PRO con más experiencia en seguridad, alertaban que era una locura iniciar una policía sin consensuar con la Federal, que tiene miles de agentes en las calles. «Es el poder permanente y finalmente parece que lo están entendiendo», afirmaron.
Burzaco está en un «equilibrio inestable», señalaron. Sin embargo, todos están de acuerdo que lo peor que podría sucederle ahora al Gobierno de la Ciudad es afrontar un nuevo cambio en la cúpula de su policía.
«No es momento para llevar la atención pública a la Metropolitana y, menos aún, de nombrar allí a un jefe proveniente de la Federal”, sostienen. Asimismo, desde el poder porteño resaltan que “hay que sacar a la policía del ojo de la tormenta».
Desde el PRO analizan que la comisión investigadora de la Legislatura va a buscar «llevarse puesto, al menos, a un ministro» y temen respecto de la situación del titular de la cartera de Seguridad.
En la investigación que sigue Oyarbide, Montenegro está firmemente ligado al nombramiento de Palacios y al pedido de pase del espía Ciro James del ministerio de Educación a la policía porteña. Al momento de estos acontecimientos, Burzaco ocupaba una banca en el Congreso.
Para analizar el escenario y elaborar una estrategia, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, convocó a una reunión a los legisladores del PRO que integran la comisión investigadora y sumó al titular de la comisión de Justicia, Gerardo Ingaramo, además del jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad, Horacio «Totó» García.
Montenegro y Burzaco no participaron del encuentro porque ambos se encuentran en Washington, en plan de observar cómo se coordinan las fuerzas de seguridad en la capital norteamericana.
Al gobierno porteño le preocupa la línea que está siguiendo la comisión de la Legislatura, donde legisladores opositores dejaron en claro que no van a «auditar» la causa judicial que sigue Oyarbide, sino que por el contrario, van a enfocarse en el proceso de conformación de la Metropolitana.
«Como están las cosas, este Gobierno no se banca un cambio en el ministerio, ni mucho menos en la policía. No lo resiste”, aseguró una fuente legislativa, al analizar la crisis que atraviesa el área de seguridad del gobierno porteño. “Desde la política se los va a sostener», concluyó.
