ABORTO. En La Pampa, el gobierno oficialista también desconoce el fallo de la Corte Suprema
Lo manda Alberto Ferrari con el siguiente comentario:
Pregunto, ¿Los gobernadores de La Pampa y Mendoza son argentinos y del FPV o repulicanos de Iowa? ¿El gobierno nacional no tiene nada que decir de estos cavernícolas? Al ministro de Justicia ¿le comieron la lengua los ratones? La Corte Suprema es más progre que los gobernadores oficialistas. Y pensar que Moyano los acusa de «soviet»…Domingo, 25 de marzo de 2012
Paco no se quedó solo: La Pampa tampoco aplicará el fallo que autoriza a abortar en caso de violación
El ministro de Salud pampeano, Mario González, dijo que la resolución de la Corte es «sobre un caso puntual», sobre una violación a una adolescente en la provincia de Chubut, y que no tiene por qué ser acatado por su provincia.
►El gobernador dijo que no aplicará el criterio de la Corte para abortos postviolación
►Hace 15 días el Gobierno dijo que sí iba a actualizar los protocolos según el fallo de la Corte
El Gobierno pampeano anunció este fin de semana que no acatará el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció que todas las mujeres violadas pueden abortar sin necesidad de tener una autorización judicial y que reafirmó que los médicos que realicen estas prácticas no pueden ser sancionados.
Con este anuncio, Mendoza no quedó sola en su decisión de no modificar el procedimiento de los hospitales públicos frente a casos de mujeres embarazadas durante una violación. El miércoles Salta había tomado el mismo camino pero el jueves, el gobernador Juan Manuel Urtubey (PJ) volvió sobre sus pasos. Al mismo tiempo Paco Pérez se pronunciaba en ese sentido y ahora La Pampa viene a acompañar al mendocino.
El ministro de Salud pampeano, Mario González, dijo que el fallo de la Corte es «sobre un caso puntual», sobre una violación a una adolescente en la provincia de Chubut, y que no tiene por qué ser acatado por La Pampa.
«Hay que aclarar que es sobre un caso puntual. No es para aplicar en casos similares… Yo no soy abogado, pero los asesores legales nos han dicho que no se puede aplicar en otros casos. Que no afecta o direcciona las políticas del Estado», dijo en declaraciones a la prensa local.
El funcionario expresó, contradiciendo a los magistrados del máximo tribunal del país y en sintonía también con la posición de la provincia de Mendoza, que una mujer violada «deberá tener autorización de un juez» para hacerse un aborto en los hospitales pampeanos.
«Insisto, la Corte lo dijo para un caso puntual. Es un fallo para un caso puntual. Sería muy malo que, otro poder, en este caso el judicial, condicione políticas de Estado. No puede», sostuvo el ministro.
El ministro dijo que esa posición es la que también sostiene el gobernador Oscar Jorge (PJ), quien en 2007 llegó a vetar uno de los primeros protocolos hospitalarios sobre abortos no punibles para los hospitales.
«Por supuesto (que lo hablé con el gobernador). Yo no soy un librepensador. Formo parte de un gobierno y lo que expreso es la posición del Gobierno», dijo González a DiarioTextual.com. El aborto no punible se encuentra vigente en Argentina desde hace 91 años, aunque en la mayoría de los casos hay jueces que intervienen.
La Corte dejó en claro que no corresponde la intervención de un juez y que basta con el pedido de la víctima.
La Corte estableció que la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad.
Los jueces también señalaron la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva y el asesoramiento legal del caso.
Además, sostuvieron que se consideraba indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública, con especial foco en los sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación y que se capacite, en este sentido, a las autoridades sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra índole para que brinden a toda víctima de violencia sexual la orientación del caso.