En Jujuy, el avance de las causas de lesa humanidad implicó la renuncia del Juez (subrogante) Olivera Pastor en 2012 quien retrasó injustificadamente la investigación de lesa humanidad en la provincia. Esa renuncia fue impulsada por la movilización de los históricos Organismos de DDHH de Jujuy, acompañados por la Organización Barrial Tupac Amaru y por su dirigente, hoy presa política, Milagro Sala.

El juez reemplazante del cargo, Fernando Poviña (juez subrogante) procesó a los máximos responsables del secuestro en aquella noche en la que se utilizaron camionetas de la empresa Ledesma para el secuestro. Pero una «benigna» Cámara de Casación, les otorgó la falta de mérito señalando que no había certeza sobre la intencionalidad de los empresarios. Pasó un año de eso, y la Corte Suprema de Justicia, aún no se ha expedido sobre los recursos planteados al respecto. Tanto por el Ministerio Público Fiscal y por los querellantes, acusadores y representantes de las víctimas en estas causas.

Mientras, en Jujuy, renace el recuerdo de aquel nefasto episodio, cuando hace apenas días, el 14 de julio de este año precisamente, las fuerzas de seguridad de la provincia reprimieron violentamente a los trabajadores del Ingenio Ledesma, quienes en su disconformidad por el ofrecimiento paupérrimo paritario, realizaron medidas de fuerza cuya única respuesta fue la mano dura. Y por este hecho, las declaraciones de los funcionarios del Gobierno señalaron «la defensa que debió efectuar la policía provincial, frente a la agresión sindical» a modo de justificación por el uso de la fuerza represiva.

Esta defensa es encabezada por el gobierno del radical Gerardo Morales, actual defensor de los intereses de la empresa y de su propiedad privada. Morales recibió con abrazo filial al presidente Macri, junto a las autoridades de la empresa de Blaquier, al menos en dos de las visitas presidenciales.

Los sobrevivientes de aquel trágico Apagón del 20 y 21 de julio del 76, no han cejado en su denuncia jamás. Sin embargo la Justicia parece no valorarlos. Parece no creerles, como si hubiera en disputa algo más que la verdad real de aquellos hechos; circunstancias que el Estado argentino tiene obligación de investigar y condenar en caso concreto.

Hoy Jujuy es un estado provincial en alerta porque el poder judicial, como extensión represiva del Poder Ejecutivo, reprime y persigue a las organizaciones sociales y a los trabajadores. El poder judicial en Jujuy hoy es la dependencia certificante del gobierno de turno enojado y ensañado con los sectores populares que denunciaron su impavidez frente a las violaciones de derechos humanos.

Ayer secuestraron y torturaron a los trabajadores organizados que reclamaron por sus derechos. Hoy, resurgen con disímiles formas, también las persecuciones políticas. Hoy, está presa Milagro Sala para que todos aprendan que pretender organizarse para defender sus derechos, exigir mejores condiciones de vida, autodeterminarse y exigir el respeto por la dignidad que a cada persona corresponde, sigue teniendo como respuesta la persecución y la cárcel. Esos derechos, parecen no corresponder a
quienes los exigen.

A 40 años del Apagón, parece que determinar la responsabilidad por los secuestros, las torturas, y las desapariciones de quienes participaron y propiciaron estos delitos de lesa humanidad, tampoco corresponde. Le cedemos, entonces la palabra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en su histórica oportunidad, y con todo lo que durante estos cuarenta años se sostuvo y exigió, dictamine, esperando de ella solo Memoria, Verdad y Justicia.

(*) Abogada querellante en juicios de lesa humanidad de Jujuy y co-defensora de Milagro Sala.