El discurso de la Presidenta en el Congreso en lo relativo al acuerdo con Irán para desbloquear la causa AMIA, no tuvo grandes novedades. No ocurrió lo mismo cuando se refirió a la «olvidada» causa de la embajada de Israel.
Aún para mi, que creo conocer el paño como pocos, mencionó situaciones desconocidas, que aumentan el tamaño del estropicio que ha constituido la tramitación de esta causa por 21 años.
Es de una gravedad inaudita, por ejemplo, la revelación por parte de la Presidenta de que la Corte Suprema no les facilitaba el acceso al expediente a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la cual ella formó parte desde sus inicios, hasta que se fue diluyendo en su propia inoperancia promediando el gobierno de De la Rúa. Es grave que se sepa reciçen ahora y es todavía más grave que la Comisión Bicameral no lo hiciera constar en sus informes ni actuara en consecuencia.
Otra manifestación impactante fue cuando dijo: «Y hubo escándalos varios durante esa investigación porque hasta un ministro llegó a sugerir que no se trataba de una explosión –no sé si ustedes recordarán–, sino de una implosión, como que había explosivos adentro de la Embajada, y se armó un escándalo infernal, hubo pericias, en fin…«.
Se refirió así, muy superficial y desaprensivamente, al aspecto más escandaloso de la causa, generado porque el epicentro de la explosión, una determinación liminar y crucial de la investigación, era controvertido los primeros años.
Recordemos: existían dos pericias pericias oficiales, la de Gendarmería (hecha por el segundo comandante Osvaldo Laborda) y la de los Bomberos de la PFA (subcomisario Carlos Néstor) López, que en función de un hoyo aparecido en la calle frente a la puerta, al que se le asignaba ser el «cráter de la explosión» y unas pocas partes de pick-up Ford, presuntamente encontradas en la zona de la explosión (pero sin actas de hallazgo) dictaminaban que se había empleado un coche-bomba. Y otras «de oficio», del arquitecto
Y 2 de «oficio», del arquitecto (Armando) López León y de expertos en explosivos del ejército, que indicaban que se había producido una explosión interior.
Además, ninguno de los seis testigos presenciales sobrevivientes vio la supuesta pick-up Ford-bomba, y la forma en que quedaron los restos sobre la calle y los daños en los edificios vecinos y en la parte de la embajada que quedó en pie, indicaban claramente que la explosión había sido interior.
La causa se había cajoneado luego de que al primer año se lo sacara a (el secretario penal de la Corte Suprema, Alfredo) Bisordi (ascendiéndolo) porque por sus ínfulas investigativas chocaban con (el ministro del Interior, José Luis Manzano), de quien dependía orgánicamente la Federal. Según Bisordi, ésta no respondía a sus órdenes y ostensiblemente encubría en lugar de investigar.
La voladura de la AMIA conmocionó a los ministros de la Corte, que decidieron relanzar la investigación y atacaron el controvertido aspecto inicial: la determinación del epicentro de la explosión.
La DAIA, parte querellante (el Estado de Israel no se presentó como tal) sugirió realizar, para zanjar las controversias, una pericia científica y nada lerdos, propusieron los peritos. La Corte aceptó hacer la pericia, pero recurrió a la Academia Nacional de Ingeniería para que designara peritos idóneos.
La ANI eligió a los 3 más connotados estructuralistas del país: los ingenieros (Arturo) Bignoli y (Alberto) Puppo de Buenos Aires y (Rodolfo) Danesi de Tucumán, que realizaron dos pericias distintas utilizando tecnologías de punta, y ambas concluyeron, taxativas, que la explosión había sido interior.
La Corte hizo conocer los resultados en agosto de 1996 e informó que en función de esta certeza se iban a reorientar las investigaciones.
¡Ardió Troya!. Israel y sus personeros locales se rasgaron las vestiduras alegando «que se quería culpar a las víctimas» y desataron una campaña contra la Corte y los ingenieros peritos, que tuvo la claque de los medios afines (Clarín y La Nación).
Para zafar, la Corte para zafar decidió realizar una Audiencia Pública de Compatibilización de Pericias, en la que todos los que habían opinado sobre el tema participaran, incluidos los peritos israelíes (que finalmente no asistieron).
Por presión de la DAIA (Beraja) y del gobierno de Israel (el embajador Avirán) la Audiencia pasó de pública a reservada y no se permitió la presencia de periodistas.
Se realizó el 15 de mayo de 1997 y en 12 horas de debates, los ingenieros peritos, además de explicitar sus pericias, demolieron los argumentos del Laborda y López que sostenían la existencia de una supuesta camioneta-bomba y probaron que el hoyo, que se pretendía era «el cráter de la explosión», no estaba allí hasta varios días después.
Fue el fin de la investigación. La Audiencia Especial fue convertida en totalmente secreta y ,por fin, soslayada. La Corte fue obligada a dejar la instrucción en una Secretaría Especial (tipo la de Nisman), en manos del secretario Esteban Canevari, que sólo siguió la pistas falsas (plantadas) que le indicaba Israel.
Y en diciembre de 1999, cuando Menem dejó el gobierno, luego de muchas presiones, «la mayoría automática» de la Corte, en un fallo lamentable (por lo infundado) sostuvo que había habido coche-bomba y acusó a una presunta organización terrorista libanesa «Jihad Islámica», a la que le atribuyó ser «el brazo armado de Hezbollah» a pesar de que todo el mundo sabe que Hezbollah es un movimiento político-militar y que su «brazo armado» se llama Hezbollah.
Sin embargo, la Corte no acusó a Irán como pretendía Israel.
A partir de ahí, la causa quedó totalmente congelada y como es público y notorio, no avanzó un milímetro.
Esto no ha sido óbice para que en cada acto aniversario (en pocos días tendremos el vidésimo primero) en sus discursos, los embajadores de Israel se deshagan en loas «por lo hecho por la Corte».
Veremos que pasa el próximo 17, pero como está de caldeado el ambiente por el acuerdo con Irán por la AMIA, va a estar para alquilar balcones.