BRASIL-DDHH. El silenciamiento del genocida que se fue de boca
No hay memoria sin justicia efectiva
"Maté a cuantos fue necesario, la tortura es un método, para saber la verdad hay que apretar… En aquella época no había ADN, cuando había que deshacerse de un cuerpo, había que quebrar los dientes y cortar las manos.» Con ésta, entre otras explosivas declaraciones, el coronel retirado del ejército Paulo Magalhaes respondió el 25 de marzo pasado a las preguntas de la Comisión Nacional de la Verdad que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura militar brasileña (ver Miradas al Sur número 306). Sus declaraciones, que coincidieron con la rememoración de los 50 años del golpe militar, permitieron aclarar la muerte y la ocultación del cadáver del entonces diputado Rubens Paiva, uno de los casos más emblemáticos para los movimientos de derechos humanos en Brasil. El ex coronel contó cómo decapitó el cuerpo del diputado y lo arrojó al mar.
Magalhaes, de 77 años, fue encontrado muerto el 24 de abril en su residencia como consecuencia de un asalto. A casi un mes de su chocante confesión, la autopsia registró muerte por infarto. Los asaltantes estaban a la espera del coronel, su mujer y el casero dentro de su residencia. Cuando ingresaron, los separaron y los ataron por horas en cuartos separados. Magalhaes fue encontrado muerto en su cama, boca abajo, con el rostro sobre una almohada presentando señales de muerte por asfixia. La semana pasada el casero de la residencia confesó haber sido el autor intelectual del asalto. Dio las informaciones a sus dos hermanos, que se encuentran fugados, y a un tercer sospechoso que actuó con el rostro cubierto.
¿Crimen común, robo acompañado de muerte natural, quema de archivo o ajuste de cuentas?
Antes de Magalhaes el ex Coronel Molina ya había sido silenciado. El «asalto» al coronel Magalhaes guarda semejanzas con otro ocurrido en noviembre de 2012, cuando el también coronel retirado del ejército, Julio Miguel Molina Días, fue asesinado con seis tiros cuando llegaba a su casa en Porto Alegre. Según la policía, fue una tentativa de robo de armas. Curiosamente ambos eran coleccionistas de armas y ambos están involucrados con la desaparición de Rubens Paiva. Durante las investigaciones los peritos encontraron en la casa de Molina la orden de detención y objetos personales y documentos del diputado, pruebas materiales nunca antes reveladas que comprobaban incuestionablemente que el diputado había desaparecido en una prisión del régimen militar. Molina había sido director del Doicodi de Río de Janeiro hasta 1980, el departamento encargado de ejecutar los actos de represión durante la dictadura, o para ser más comprensible, era el responsable de las acciones de la patota militar de esa época.
«Para nosotros que formamos las Comisiones de la Verdad, la muerte de Magalhaes es una pésima noticia, muchos van a sostener que es quema de archivo. Da la impresión de que la dictadura no terminó. La muerte de Magalhaes fue algo pensado», declaró el diputado Adriano Diogo, del PT de San Pablo, y miembro de la Comisión de la Verdad Paulista, para concluir: «Magalhaes era una pieza importante de la dictadura. Realizó declaraciones importantes explicando y aclarando cómo la represión funcionaba».
Wadih Damous, presidente de la Comisión de la Verdad de Río de Janeiro, sostiene «que la muerte de Magalhaes fue una quema de archivo. Sabía demasiado sobre los bastidores de la dictadura. Todo esto es muy extraño, la conclusión sobre la muerte de Magalhaes no puede basarse solamente en una pericia médica. Al mismo tiempo, este crimen muestra la imperiosa necesidad de que sean abiertos los archivos de la represión política y esclarecidos los crímenes cometidos en los sótanos de la dictadura. Solo así podremos dar una vuelta de página y consolidar la democracia en nuestro país.»
El coordinador nacional de las Comisiones de la Verdad, el jurista Pedro Dallari, solicitó al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que la Policía Federal acompañe las investigaciones. De acuerdo con Dallari, el ex agente se negó a entrar en el programa de protección a las víctimas y testigos, pues implicaba restricciones en su movilidad y la de su familia.
Pero Magalhaes también había avanzado en sus confesiones sobre la forma en que operaba el SNI, Servicio Nacional de Informaciones. Contó con lujo de detalles la muerte del ex periodista Alexander Von Baumgarten, que había sido encontrado muerto a tiros en una playa carioca en octubre de 1982. Explicó los móviles del crimen y quién fue su ejecutor, el coronel del ejército Freddie Perdigao, ya fallecido. Acusó al militar de inepto por no haber hecho desaparecer el cadáver.
Von Baumgaten dejó un dossier en el que acusaba de su «futura» muerte a los jefes del SNI, los generales Octavio Medeiros y Newton Cruz. Ambos fueron absueltos en la Justicia, por falta de pruebas. El periodista había comprado la revista O Cruzeiro como pantalla para crear una corriente de opinión favorable a la dictadura, cada vez más impopular en su época. Problemas financieros llevaron al periodista a extorsionar al propio SNI con la publicación de la verdad que, a su vez, causo su muerte y la de su mujer.
La lista es larga. No escapan a cualquier observador menos atento las muertes, sin solución, de los ex presidentes Jango Goulart, supuestamente asesinado, en 1976, en la Argentina, por envenenamiento en el marco de la Operación Cóndor y la del ex presidente Jucelino Kubitschek, en un sospechoso accidente de auto en la autopista Río-San Pablo en ese mismo año. Y todas las muertes causadas por los ex coroneles Magalhaes y Molina durante la dictadura.
Los límites de las Comisiones de la verdad. La muerte de Magalhaes al poco tiempo de haber admitido que había torturado y matado con el aval del Estado, evidencia las carencias para garantizar protección a los que deciden colaborar con la Justicia. Su muerte tiene entre sus principales víctimas, a los propios trabajos de la Comisión Nacional de la Verdad.
El ex presidente Getúlio Vargas, en su carta testamento en 1955, adjudicaba la decisión de su suicidio a las «fuerzas ocultas» que desestabilizaban su gobierno y no le permitían gobernar a favor de los menos favorecidos. Esas mismas fuerzas ocultas son la que años después acobijaron el temido «escuadrón de la muerte» autor de miles de asesinatos de pobres y desahuciados que robaban por hambre, y son las mismas fuerzas sociales que más tarde apoyaron a sangre y fuego el régimen militar. El silencio de una sociedad anestesiada y la ausencia de indignación que rodea la muerte por «asfixia» del coronel Magalhaes golpean las conciencias más lúcidas. En Brasil, la esclavitud primero y la represión «cosa nostra» de la dictadura militar después señalan las huellas históricas de una sociedad que hace de la violencia su moneda de estabilidad. Las fuerzas ocultas continúan vivas. Y operativas.
Los juicios por la memoria, verdad y justicia con el castigo de los culpables por el terrorismo de Estado, que tienen lugar en la Argentina, sufren de tiempo en tiempo la crítica encarnizada de políticos e intelectuales de nuestro país que cuestionan sus objetivos y proponen la instalación de comisiones de la verdad como instrumentos más «justos» para doblegar el silencio de los represores en la búsqueda por la verdad. Juzgan que el país sería mucho más viable si se abandonan las confrontaciones del pasado y se promoviera el conocimiento de la verdad sin castigo judicial para obtener la reconciliación de los sectores en pugna. Proponen instancias similares al modelo sudafricano, de comisiones de la verdad y arrepentimiento. Entienden el perdón como una significación política del arrepentimiento. Cuestionan los juicios como procesos que llevan a una obturación de la posibilidad de la verdad y diagnostican que son medios que finalmente no sirven para conocer la verdad de los victimarios. El camino recorrido en Brasil, las dificultades en avanzar con testimonios que permitan el conocimiento de la verdad represiva, a pesar de la ausencia de condenas, soslaya el carácter banal, ingenuo, y poco eficaz de los críticos a los juicios emprendidos en la actual etapa de la Argentina. No comprenden los juicios como la disputa por significados políticos de una época y de los usos de la historia. La desaparición de Julio López así como la muerte de los Magalhaes brasileños expone toda la dificultad política y social que supone avanzar con el castigo a los culpables de la represión. Resulta muy ingenuo pensar que la patota descansa esperando contar sus asesinatos y obtener el perdón. Recordemos también que Sudáfrica instaló las comisiones después de una transición negociada por más de 15 años, y cristalizada por el aval de los Estados Unidos después del final de la URSS.
El pacto de sangre de los asesinos en Brasil y Argentina continúa vigente. Obliga a pensar en el futuro. Cómo la democracia debe garantizar la seguridad y protección especial para los testigos y colaboradores de la Justicia. El asesinato o desaparición de los testigos y arrepentidos alertan sobre las dificultades del camino y la necesidad de avanzar en la protección jurídica de los mismos para permitir la justicia y descontruir el pasado autoritario como única opción que garantice los derechos humanos y, así, renovar las apuestas en la lucha por una memoria justa.
* Universidad Nacional General Sarmiento. Instituto de Historia. Maestría en Historia Contemporánea.
