Caso AMIA: Un complot para garantizar la impunidad de los asesinos y «sostener a las instituciones»

La audiencia que realizó la Sala II de la Cámara de Casación para analizar la responsabilidad penal del ex juez Juan José Galeano se llevó a cabo con más de seis años de demora por orden de la Corte Suprema. Esta decisión dio la razón a la querella de Memoria Activa acerca de la desidia de algunos funcionarios judiciales y los intereses subterráneos de otros. Sin explicación, el fiscal de casación Raúl Plee dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia. Ayer, el fiscal Plee volvió a estar ausente.

En paralelo, con infinitas dificultades y demoras, luego de más de diez años, parte importante de esta causa fue elevada a juicio. Sin embargo, la instancia oral para determinar la responsabilidad de Carlos Saúl Menem, el ex secretario de la SIDE Hugo Anzorreguy o Jorge Alberto “El Fino” Palacios, entre otros, no tiene aún fecha de inicio y habría presiones para que, en plena campaña electoral, se postergue para después del juicio por el accidente de Once.

El remanente de esa investigación continuó en el juzgado federal de Ariel Lijo. Ante el sobreseimiento de un grupo de imputados, la querella apeló la decisión, pero fue nuevamente abandonada por los fiscales. Quien debía impulsar la acción consintió el sobreseimiento sin diferenciar situaciones. El titular de la Unidad AMIA Alberto Nisman sostuvo que el fiscal de Cámara Germán Moldes dio la orden de no apelar porque compartía los fundamentos del juez y carecía de autorización para hacerlo por su cuenta. Vale recordar que en 1997, Moldes había propuesto a la sobrina de Anzorreguy como fiscal adjunta de la Cámara Federal, quien fue finalmente nombrada. Nisman podría haber consultado a la Procuración General de la Nación. No lo hizo y dejó que sean las víctimas quienes intenten revertir la impunidad cuando se trata de investigar a poderosos.

Pero hay otros antecedentes de esta, por lo menos, rara y coordinada actuación fiscal en el caso. La única fiscalía ante la Cámara Federal no participó de las audiencias convocadas para discutir los numerosos planteos dilatorios de las defensas. En 2010 la Sala I ad hoc de la Cámara Federal advirtió sobre el deber de los magistrados de impedir que las defensas utilicen en forma abusiva las herramientas procesales y empantanen el trámite. En esa oportunidad, trató con duros términos al representante del fiscal Moldes, un secretario designado como fiscal ad hoc que no logró sostener el recurso del fiscal de primera instancia.

En la audiencia de ayer participó el juez de Casación Eduardo Riggi, denunciado en la maniobra de sobornos que se intentó para liberar a José Pedraza del crimen de Mariano Ferreyra. En esa investigación se pudieron conocer escuchas en las que las peores prácticas judiciales quedaron a la vista. Relaciones, anécdotas e intercambios de jueces y funcionarios con agentes de inteligencia, operadores sindicales, miembros de la Iglesia y algunos políticos. 

El argumento central de las defensas –apoyado tácitamente por los “fiscales naturales” del caso– fue la necesidad de que se confirme el sobreseimiento de Galeano y se resguarde la seguridad jurídica para sostener las instituciones del país. ¿A qué seguridad se refieren? ¿A la de quién?

Por Raúl Kollmann

Uno de los datos llamativos de la audiencia de ayer es que no participaron ni la AMIA ni la DAIA y tampoco fue el fiscal de Casación, Raúl Plee, ni algún funcionario de la fiscalía especial del caso AMIA que encabeza Alberto Nisman. Más aún teniendo en cuenta que se trató de una audiencia importante, porque la Sala II debe confirmar que sigue adelante el proceso contra Galeano –entre otros– por desviar la causa AMIA. Quienes sí estuvieron fueron los familiares de Memoria Activa, representados por el CELS y el abogado Rodrigo Borda; el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena; el titular de la Unidad AMIA de ese ministerio, Rodrigo Hassan; el abogado de Juan José Ribelli, José Ubeira, querellante en la causa, y representantes de la agrupación Familiares.

Los jueces del tribunal oral que llevó a cabo el juicio por el atentado concluyeron que la investigación “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. Es decir que el gobierno de Carlos Menem intencionalmente desvió la pesquisa, con el papel clave de Galeano, los fiscales, la SIDE, el entonces jefe policial Jorge “El Fino” Palacios, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y Telleldín. Está pendiente un juicio oral contra todos ellos en la causa que tiene la denominación de encubrimiento. Un paso previo es asegurar que Galeano sea efectivamente juzgado, pero el ex magistrado argumenta que ya fue sobreseído.

La prueba clave de las negociaciones al margen de la ley, encabezadas por Galeano, son dos videos en que el juez aparece tratando con Telleldín. Sobre la base de evidencia se instruyó una causa que recayó en otro juez federal, amigo de Galeano, Gabriel Cavallo. Inicialmente éste se excusó por la amistad y hasta dijo que él y Galeano habían estado juntos de vacaciones hacía poco. Pese a todo, la Cámara ordenó que resolviera y Cavallo sobreseyó a Galeano. Mucho después, Cavallo argumentó que le mintieron tanto Galeano como la SIDE. Ello fue así después que Néstor Kirchner firmara el decreto por el cual permitió declarar a los integrantes de la SIDE. Estos contaron detalles de cómo se hizo el pago a Telleldín y luego quedó claro cómo se armó la declaración de éste imputando a los policías bonaerenses, incluyendo a Ribelli. En el segundo de los videos, Galeano le dice a Telleldín qué fotos de policías debe marcar. 

Con toda la evidencia en la mano, el fallo de sobreseimiento a Galeano fue revocado con la figura de “cosa juzgada írrita”, o sea cosa juzgada inválida, porque se obtuvo de manera irregular, sobre la base de falsedades tanto del ex juez como de los hombres de la SIDE. Esto debe ser confirmado ahora por Casación y luego vendría el juicio a Galeano y a todos los demás imputados por el encubrimiento.

En al audiencia, Ubeira exhibió una evidencia asombrosa: una nota de un juez federal que demostraría que incluso se digitó que la causa del video le cayera a Cavallo, el amigo de Galeano, paso previo a su sobreseimiento, ahora anulado.