El Caso Casalla. Linchamientos mediáticos



Pensaba desmenuzar y explicar los hechos, pero éstos se desencadenaron definitivamente esta mañana, con la publicación de esta nota en Página 12. Vi a Casalla tres veces en mi vida, pero tengo amigos comunes, sé en que circunstancias está siendo acusado, y a pesar de lo que me han dicho altas fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos (que dicen contar con evidencia suficiente como para que se lo procese) hasta dónde yo se (y he leido el documento que se le atribuye y lo autoinculparía) no está para nada probado que Casalla haya entregado a ningún compañero.

Linchamientos mediáticos   


Por Teodoro Boot

La suspensión de Mario Casalla de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y el pedido de juicio académico a raíz de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos es lo más parecido a un linchamiento que se ha podido ver en los últimos tiempos.

Para empezar, Casalla está denunciado, no procesado.  Y muchísimo menos, condenado.  ¿Y la presunción de inocencia?

La denuncia fue presentada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila, quien solicitó a la Justicia indagar a Casalla como presunto “autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Miguel Angel Arra”, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), secuestrado en 1975 y desde entonces desaparecido.

Ávila “solicitó a la Justicia indagar a Casalla como presunto autor” mediato de esa desaparición…  Y antes de seguir, una digresión: en sus declaraciones al diario Página 12 el señor Ávila formula afirmaciones aventuradas (“cuando la dictadura te quería echar te acusaba de subversivo”) sobre asuntos sobre los que evidentemente mucho ignora, pero además carece de la menor sensibilidad o curiosidad por saber qué significó en la vida cotidiana de los sancionados la “prescindibilidad por actividades subversivas”. ¿Tiene idea el señor Ávila de la cantidad de compañeros –además de los que cayeron como moscas– que debieron buscar exilios internos, perdieron sus carreras y sus oficios o se vieron obligados a tener de ahí en más empleos precarios, en negro y en no pocas ocasiones con nombres de fantasía? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué era chiste ser declarado “prescindible por desarrollar actividades subversivas”?

Debería buscar otro argumento para justificar que “el marcador” Casalla haya sido expulsado de la Universidad de Salta por “desarrollar actividades subversivas” que la liviana afirmación de que cualquiera era declarado prescindible por esas razones. Algo que no es verdad en absoluto: me consta personalmente que esa medida no era necesaria para desplazar a nadie de la administración pública o para que alguien se autodesplazara “voluntariamente”.

Por otra parte, el señor Ávila debería aclarar que, según el propio informe de inteligencia en que basa su información, redactado por la SIDE en 1980, vale decir, durante la dictadura, la expulsión de Casalla de la Universidad de Salta por “actividades subversivas” no es una mención extemporánea sino el corolario de una larga serie de informes en los que fue reiteradamente acusado de “marxista”, “marxista leninista”, “peronista revolucionario”, “subversivo”, en sintonía con la entonces vigente doctrina de la seguridad nacional para la que se podía pasar de peronista a castrocomunista, maoísta o trotskista automáticamente y sin solución de continuidad.

Luego de hacer constar la expulsión de Casalla de la Universidad por actividades subversivas –ya dijimos, corolario de esa larga serie de partes que abonan esa conclusión– el informe de inteligencia adjunta la trascripción de un escrito, sin firma, sello ni membretes, en el que, tres años después, Casalla solicitaría la revisión de su cesantía. Escrito donde figura el párrafo que el señor Ávila reproduce. Vale decir, se trata de un párrafo autoinculpatorio, si es que efectivamente Casalla fue autor de ese escrito, cosa que en la entrevista de Página 12, Casalla niega.

A juicio de quien escribe, aún de ser auténtico, sólo con prescindencia del marco, momento, circunstancia e interlocutores, ese escrito podría ser considerado autoinculpatorio, pero habrá que ver su autenticidad.

De todas maneras, el señor Ávila sfirma que existen otros elementos de prueba para sostener la acusación de la Secretaría, elementos que se develarán cuando comience el proceso. Lo que requiere, claro, que el juez considere pertinente la acusación y llame al acusado a indagatoria, cosa que, hasta donde se sabe, todavía no ocurrió.

Quienes venimos siguiendo el caso por algunas notas periodísticas de medios salteños que han sido difundidas en algunos círculos políticos, intelectuales y profesionales, no debiéramos asombrarnos mucho por la barbaridad perpetrada por el consejo directivo de la facultad de Psicología: está a tono con la ignorancia de los tiempos y los prejuicios atávicos de ciertos sectores sociales que los motivan a dar crédito a los “análisis” políticos y los relatos históricos como el de estas notas escritas, seguramente de buena fe, por una periodista salteña, evidentemente en base a informaciones provistas por la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos.

Ha de ser a eso a lo que alude Casalla cuando habla de “la política salteña” y evidentemente no correspondía al tema del periodista de Página 12 preguntarle al respecto. Alguien se ocupará de aclararlo. Lo que interesa aquí, pues se conjuga con el prejuicio con que algunas personas observan la época, es el increíble análisis político‑periodístico según el cuál la agrupación salteña Reconquista, la organización Guardia de Hierro, el fantasmático sello De pie junto a Isabel “o sea (!!!!) las Tres A”, dice la periodista, eran la misma cosa.

(Para algunas personas los peronistas debemos ser como los chinos, puestos que nos ven a todos iguales)

Si Reconquista y las Tres A eran la misma cosa, Casalla y los demás miembros de la agrupación Reconquista (Armando Caro Figueroa entre ellos) son cómplices de los homicidios de las Tres A, y Casalla y otros profesores adherentes al gobierno de entonces (que más allá de gustos, méritos y enormes defectos, era el gobierno legalmente constituido y democráticamente elegido por la mayoría de los ciudadanos) son responsables mediatos de la muerte de todos aquellos colegas cesanteados de la Universidad de Salta por desarrollar actividades “subversivas y marxistas”. Hasta el 24 de marzo de 1976, porque después del golpe de estado, ya se sabe, la acusación de desarrollar “actividades subversivas” era un simple artilugio administrativo, no era en serio, y no conllevaba riesgo para nadie. No lo digo yo: lo dice el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos.

Pero no por no sorprender, la medida del consejo directivo de la facultad puede dejar de horrorizarnos, ya que se suspende a un profesor por una acusación, se suspende a un acusado que no ha sido ni siquiera indagado y que todavía no fue sometido a proceso. Yo no sé si los integrantes del consejo de la facultad de Psicología tienen conciencia de lo que han hecho. Probablemente no: son psicólogos. Pero al menos deberían consultar con un abogado.

Según el código napoleónico que creo entender en ese sentido nos protege, Casalla sigue siendo inocente de los cargos que presenta la Secretaría de Derechos Humanos la que, hasta donde es sabido, no juzga ni dicta justicia sino que en este caso, acusa. Hay del otro lado una defensa y un tribunal que, tras un proceso, dicta sentencia.

En ese proceso deberá demostrarse que Casalla “marcaba” personas para que la policía salteña (pues parece claro que la Triple A estaba integrada en Salta por sus efectivos) acabara con ellas. De ser así, le corresponderá el castigo pertinente, pues se trata de la complicidad con crímenes de lesa humanidad. Si es culpable, no antes. Y para no prejuzgar, conviene tener presente que la acusación se basa en un informe de los servicios de inteligencia de la dictadura, de por sí incoherente y contradictorio que, por algún motivo, la Secretaría de Derechos Humanos da por fidedigno.

El consejo de la facultad de Psicología acaso presidido por el psicoanalista Lynch, ya ha condenado al profesor Casalla. Aún antes de que el magistrado que debe sustanciar la causa se entere de que Casalla existe. Es apresurado, aberrante, ilegal y violatorio de un derecho humano muy básico y elemental, que es el de la presunción de inocencia.

La delegación salteña de la secretaría de Derechos Humanos aplaude alegremente la medida y echa leña al fuego de esta nueva quema de brujas mediática.

Menos mal que Martín Avila está para defender los Derechos Humanos y no para violarlos.

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