Encuentran muerto en su celda al preso de ETA Igor González Sola

 

El pasado viernes 4 de septiembre fue hallado muerto en su celda individual, Igor González Sola, uno de los más de 200 presos de la disuelta organización vasca ETA, que aun permanecen en las cárceles del Estado español. Igor González cumplía desde 2005,una condena de 20 años por «colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación de documento oficial». El domingo 6 varios miles de personas se manifestaron en Bilbao, para denunciar la muerte del preso y pedir el cambio de política penitenciaria. Los manifestantes portaban una  pancarta que rezaba «La política de excepción mata». La manifestación fue convocada por asociaciones y colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de los presos vascos, y la formación política soberanista vasca Bildu. La representante de Bildu en el Parlamento vasco hizo un llamado a  «acabar la política penitenciaria de venganza», y «trabajar para la salida de las cárceles de todos los presos vascos» con el objetivo de avanzar «en el camino de la convivencia».

 

Igor ya no está

 

POR PEDRO CAZES CAMARERO

Como un gran número de los que lean esto probablemente ignoren a qué nos estamos refiriendo, vamos a repasar una historia. El 20 de noviembre de 1975, mientras en la Argentina agonizaba el gobierno de Isabelita y se festejaba un nuevo aniversario de la heroica derrota de la Vuelta de Obligado contra la flota anglofrancesa (1845, en la margen derecha del río Paraná), en España fallecía plácidamente uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX, Francisco Franco, aliado de Hitler y Mussolini, que instauró su dictadura tras un golpe de Estado en 1936 contra democrática Segunda República Española y tres años de guerra civil.

Los famosos Pactos de la Moncloa que firmaron los políticos españoles para finalizar con el vetusto régimen, no fue el fruto de una deliberación democrática del pueblo, sino un arreglo entre bambalinas -que reiteradamente nos quieren vender como modelo a los latinoamericanos-  que constituyó una clara traición al mantener al monarca designado por Franco, no consultar al pueblo sobre el modelo de Estado, ni resolvió de fondo el problema del encaje territorial de comunidades históricas – en especial la catalana y la vasca- que reclamaban el derecho a la autodeterminacion.

En el Estado español  en esa época actuaba una organización político-militar  denominada “Euskadi ta Askatasuna” (ETA, » Patria vasca y Libertad») que venía realizando acciones militares contra la dictadura. Como en los Pactos de la Moncloa no se incluyó consulta alguna respecto a la autodeterminación de los vascos, la organización continuó operando por varios años más, durante el régimen instaurado en el 78.

En el año 2011, ETA decidió dejar las armas. En 2017 se desarmó, y en 2018 se disolvió. No obstante, quedaron alrededor de 230 presos y presas de la organización en las cárceles españolas, sujetos a vengativos regímenes carcelarios.

Estos regímenes, en muchos casos,  violan las normas del propio sistema penal español, como por ejemplo la dispersión de los presos por toda la geografía española, dificultando las visitas y el contacto con la familia. En los años transcurridos desde que ETA dejó las armas, se han seguido aplicando condenas a dirigentes y militantes políticos vascos por sus declaraciones, consideradas a menudo como «enaltecimiento del terrorismo»; los presos y presas de la disuelta organización siguen estando en cárceles fuera de Euskadi, y no se pone en libertad a quienes con la ley en la mano ya estarían en condiciones de obtenerla.

Entre 1976 y 2020, veinte prisioneros vascos han muerto en las cárceles españolas.  Cinco de ellos han perdido la vida desde que ETA dejó las armas hace 9 años.

El último muerto es el preso vasco Igor González Sola, con quince años de calabozos sobre sus espaldas y una condena de veinte, quien hubiera podido estar en libertad si se pusiera en práctica el protocolo standard de las cárceles española. Acaba de fallecer en la cárcel de Marturene, Donostia, después de haber sido paseado largamente por las prisiones de Granada, Soria, Badajoz, Santa María, Navalcarnero y Alcalá de Henares. Tuvo dos incidentes suicidas previos. Igor no debería haber muerto.

Hay que encontrar una solución a la situación de los presos políticos españoles, en especial de los vascos. Trasladarlos a las cárceles ubicadas en Euskadi, cerca de su entorno familiar; conceder la libertad condicional a quienes pueden optar a la misma; liberar a los prisioneros enfermos y eliminar la legislación de excepción.

Los argentinos y latinoamericanos conocemos muy bien cómo los resabios de las dictaduras cívico- militares, similares al modelo franquista se arrastran en el subsuelo político de nuestras supuestas democracias, por lo cual sabemos de inmediato con quiénes debemos solidarizarnos y a quiénes debemos interpelar.

España no llegará a convertirse en una auténtica democracia hasta que los ciudadanos no sean consultados sobre el modelo de Estado que desean, porque el actual es el legado de una dictadura.

Desde el lejano sur americano decimos hoy adiós a Igor. A los políticos españoles, que apuestan por mantener el statu quo y el déficit democrático,  les decimos que el  mundo los está mirando.

 

Comunicado del Encuentro de Profesionales contra la Tortura (EPCT) de la República Argentina 

Igor González Sola llevaba 15 años cumplidos de su condena a 20 años cuando fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Martutene, Donostia. ¿Por qué seguía preso, si la legislación española en su artículo 90.1 permite a los reclusos optar automáticamente por la libertad condicional, una vez que cumplen 3/4 partes de su condena, e incluso antes si cumplen ciertas condiciones adicionales? Porque en España rige una legislación especial e inconstitucional contra los presos vascos. Una legislación a todas luces vengativa que originalmente fue impuesta por la implacable derecha española, pero que continúa siendo aplicada por la actual administración, pese a que, para obtener el apoyo de los soberanistas vascos a fin de lograr los votos necesarios para obtener la mayoría parlamentaria suficiente,  el actual ejecutivo español prometió derogar esa normativa propia de épocas pasadas.

Igor se hallaba gravemente enfermo. Lo habían paseado por las cárceles de Granada, Soria, Badajoz, Puerto de Santa María, Navalcarnero y Alcalá de Henares, antes de recalar hace dos meses en Maturene. Había intentado quitarse la vida en dos ocasiones anteriores, primero en Granada, luego en Badajoz. Las protestas de las asociaciones de víctimas de la política carcelaria lograron, probablemente, su reciente y tardío traslado a Euskadi.

Igor es nada menos que el vigésimo preso vasco que muere en las últimas décadas, y el quinto que pierde su vida en prisión desde que la organización armada ETA (“Patria Vasca y Libertad” en euskera) detuvo su actividad en el año 2011. ETA  se desarmó en 2017 y se disolvió en 2018. Ninguno de estos hechos modificó la legislación de venganza aplicada a los presos vascos de la organización.

Las autoridades estatales y carcelarias españolas fueron oportunamente informadas de las complicaciones de salud que padecía Igor, quien se hallaba con apoyo psiquiátrico desde el exterior de la prisión en el momento de poner en práctica su trágica decisión. El EPCT de la República Argentina considera claramente responsable del padecimiento y fallecimiento de Igor González Sola, al Poder Ejecutivo español, beneficiado por su mendacidad ante los partidos soberanistas vascos con la obtención de la gobierno del Estado;  y en especial, a las autoridades penitenciarias españolas y de la cárcel de Martutene.

Y ante todo, consideramos responsables de este homicidio a las autoridades judiciales españolas,  quienes en violación de su propia Constitución mantienen encarcelados a  230 presos vascos.

En nombre de todos los seres humanos defensores del derecho y la justicia,  tanto de la República Argentina como del mundo, nuestro colectivo pregunta a los poderes públicos del Reino de España ¿Dónde está Igor”?