Por Claudio Mardones

El sábado, un día después de la represión dentro del hospital neuropsiquiátrico José Borda, el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, enfrentó una dura interpelación de ocho horas en la Legislatura Porteña. Allí, ante 55 diputados presentes, el jefe político de la Policía Metropolitana se defendió de las críticas por el brutal operativo, justificó a sus efectivos y explicó que la comuna les "hizo saber a todos los servicios del hospital que se iba a iniciar un operativo en uno de los terrenos" y comunicó "la necesidad de que todos los directores médicos tuvieran el resguardo de que los pacientes no salieran de los pabellones". Según el director del Borda, Ricardo Miguel Picasso, esa orden de prevención para proteger a los 700 pacientes psiquiátricos nunca llegó y así lo denunció en una carta oficial que envió pocas horas después de la represión al subsecretario de Planificación Sanitaria de la Ciudad, Néstor Pérez Baliño, a la directora general de Salud Mental, María Concepción Grosso y al encargado de la seguridad de los hospitales porteños, Juan Pablo Sassano.

La nota fue enviada por Picasso a sus superiores inmediatos, cuando las tropas de la Metropolitana todavía no habían abandonado el lugar donde dejaron 50 heridos, y contradice una de las principales explicaciones públicas de Montenegro. El ministro, no sólo dijo que el operativo había sido realizado en el marco de la ley, también agregó que todo el hospital había sido prevenido del desembarco de 450 efectivos de Infantería. Pero la comunicación oficial NO-2013-01470290-HNJTB, firmada de Picasso, lo desmiente. El funcionario llegó a su oficina poco antes de la demolición del Taller Protegido Nº 19 e informó en la carta: "Al momento de ingresar en horas de la mañana me encuentro con una situación novedosa y que ya excedía las posibilidades que le competen a mi función. Dentro del predio se hallaba ya el Dr. Carlos Russo, Subsecretario de Salud, numeroso personal de la Policía Metropolitana al mando del jefe de la fuerza y operarios que cercaban el predio destinado a las obras gubernamentales anunciadas. Los funcionarios mencionados me comunicaron que se estaba actuando conforme a derecho." Las obras que menciona Picasso son los primeros pasos para la construcción del Centro Cívico de Barracas, el proyecto de la gestión PRO para trasladar casi toda la administración porteña desde el centro hasta el sur porteño.

Una copia certificada de ese documento fue entregada ayer por Picasso a la comisión de diez funcionarios que llegó al Borda, por decisión del asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad, Gustavo Moreno. Luego de la represión, el funcionario había pedido informes urgentes sobre la situación de los 800 pacientes, pero ante la demora de la respuesta, ordenó un procedimiento de oficio, donde los miembros del organismo recorrieron los 30 servicios del hospital y comprobaron, junto con la carta, que nadie sabía que se iba a realizar un operativo represivo dentro del neuropsiquiátrico más antiguo del país. La ausencia de prevenciones permitió que la mayoría de los pacientes supiera de la represión por los canales de noticias. "Es habitual que en la mayoría de los pabellones del Borda se pueda ver la tele, por eso, todos los internos entraron en pánico cuando vieron y escucharon de cerca los tiros que estaban anunciando los canales", explicó a este diario uno de los médicos del hospital que, por estos días, no sale de la crisis interna, debido a la cantidad de internados bajo tutela judicial, que en los últimos días tuvieron que enfrentar nuevos tratamientos para sobrellevar ataques de pánico y descompensaciones.

Ante las preguntas de los funcionarios tutelares, Picasso entregó como respuesta unívoca el descargo que mandó el viernes, donde contó que "se desencadenaron" ante su "vista hechos de violencia entre personas que manifestaban y personal policial con consecuencia de numerosos heridos atendidos por el SAME, la Guardia del Borda y el Servicio de Clínica Médica. Intenté calmar los ánimos, habiendo logrado sólo momentos de tranquilidad, pero luego la situación me excedió completamente", confiesa el jefe médico. En el documento,  impregnado por la desesperante situación de los pacientes luego del operativo, Picasso pide auxilio para "atender con tolerancia contextual la situación de las personas detenidas y reducir la tensión social en el ámbito hospitalario". Nada de eso sucedió. Ayer, el asesor tutelar de Cámara recogió numerosos testimonios que revelan la presencia de la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal antes de la represión y cerró un amargo inventario: cuatro internos con impactos de balas de goma, uno de ellos con 22 marcas, uno lesionado por saltar un murallón mientras huía de los balazos, otro con la pierna rota y catorce con contención psíquica sin medicación. Las nuevas pruebas formarán parte de la causa 20.352/13, abierta por Moreno el martes y caratulada "Macri, Chaín, Montenegro y Otros, por apremios ilegales, abuso de autoridad y violaciones a los deberes de funcionario público". El caso es instruido por el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Nº 20, subrogado por Elizabeth Paisán.