El hombre que le ganó al imperio

Flavio Rein tenía 41 años cuando se hizo un chequeo de rutina y el médico le recetó Lipobay porque tenía elevado el colesterol. A los 32 días de haber empezado el tratamiento, se despertó mal: no veía nada del ojo izquierdo y cuando quiso pararse las piernas no lo sostenían.
 
“Ese día comenzó mi jubilación obligada”, relata, 14 años después, a Miradas al Sur. Hoy tiene una incapacidad del 70 por ciento.
 
“Tenía todo el empuje, era extremadamente deportista, me iba bien en mi trabajo y, de repente, me encontré en una silla de ruedas y ciego de un ojo”, recuerda.
 
Pero lejos de bajar los brazos, Rein emprendió una larga lucha contra el laboratorio multinacional Bayer por haber escondido los efectos adversos de la cerivastatina, que en 2001 fue prohibida en el mundo y que, sólo en España, causó más de 100 muertes. Finalmente, en lo que fue un fallo histórico, esta semana la Justicia ratificó la condena al imperio farmacéutico y lo obligó a pagarle casi un millón de pesos a modo de indemnización.
 
Lo paradigmático de la causa es que, como si hubiera ciudadanos de primera y de segunda, en el juicio se constató que el laboratorio utilizó distintos prospectos según el país donde se vendía el medicamento. A lo largo de sus extensas tres páginas, en el de Estados Unidos figuraba absolutamente todo lo que a Rein le pasó; en el de Argentina no.

¿Distinta vara? “El laboratorio estaba al tanto de las contraindicaciones pero no les interesaba avisarles a los sudacas; sí a los del primer mundo”, reflexiona Rein a la distancia.
 
Del mismo modo, Donato Spaccavento, actual gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud y ex ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, afirma en diálogo con Miradas al Sur que los laboratorios tienen distintos estándares para los paises centrales que para los periféricos.
 
Sin embargo, pese a ser un caso emblemático y uno de los más escandalosos sucedidos en los últimos años por tratarse de una sentencia mundial, Rein es tan sólo una víctima más.
 
Pero la realidad demuestra que esta larga lista de víctimas no entiende de nacionalidades y que afecta todas las latitudes. Sin alejarse demasiado en el tiempo, en España esta semana murió una chica por haberse aplicado una vacuna contra el virus de papiloma humano. En su prospecto, ocultaba que era contraindicado para personas con asma y la joven de 13 años falleció producto de un paro cardiorrespiratorio.
 
Por este tipo de vacunas, el Vaccine Adverse Event Reporting System (Vaers), la autoridad pública en farmacovigilancia de vacunas de Estados Unidos, tiene notificadas 119 muertes y 26.564 casos de reacciones adversas de personas que recibieron la droga contra el papiloma. La vacuna aún continúa en el mercado.

Algunas trampas. Según explica Spaccavento, hoy la industria farmacéutica tiene una estrategia que se basa en la cronificación de las enfermedades y, de esta forma, introducir viejos medicamentos que no están indicados para esas enfermedades en estadíos precoces. Entonces, mediante la utilizaciói de placebos, experimentalmente se puede demostrar cierta eficacia, para que así sean aprobados y puedan lanzarse al mercado, pero son científicamente incorrectos.
 
En ese circuito, los médicos cumplen un rol fundamental, según denuncia el ex ministro de Salud. Los menos influyentes son seducidos con viajes a congresos, mientras que los médicos más reconocidos con abundantes sumas de dinero. “Después de codearse de forma directa con los directivos de los grandes laboratorios, arman los estudios de investigación con placebos, con drogas que no tienen efectos y, entonces, el efecto de la droga que ellos quieren aprobar siempre da resultado”, ejemplifica.
 
La táctica no falla: en materia experimental, contra placebo, cualquier medicamento que quiera ser lanzado al mercado va a funcionar. Esta lógica se repite en infinidad de remedios.

Made in Argentina. Pero entonces, ¿cómo se regula esta situación? ¿Cuál sería el rol del Estado en esta problemática? Según sostiene Spaccavento, la solución ya no es sólo la regulación de los medicamentos sino que los países de Sudamérica tienen que comenzar a emprender la lucha de la soberanía sanitaria. Sólo de esta forma, se podrá frenar el enriquecimiento desmesurado de la industria farmacéutica que comenzó en la década de los ’90.
 
En ese camino, la Ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos, impulsada por el Frente para la Victoria, es clave. Sancionada el año pasado, permitiría cubrir el 80 por ciento de los medicamentos que necesita la población argentina. Esta ley que aún no fue reglamentada por el Ministerio de Salud tiene por objetivo la promoción de la accesibilidad de medicinas, vacunas y productos médicos para toda la población, entendiéndolos como bienes sociales.
 
Entonces, al declarar esta producción de “interés nacional”, se impulsa la articulación de los laboratorios públicos con las universidades y les otorga prioridad en las compras del Estado nacional.
 
«Los Estados tienen que tener un rol productor, no sólo vigilar, sólo así se podrá dejar de depender de estos grandes imperios», señala Spaccavento, y sostiene que ese freno tiene que darse en el marco de la Unasur o el Mercosur.

“La regulación del Estado es sólo una caricia al verdadero negocio. Sin soberanía, los laboratorios van a seguir metiéndonos todos los medicamentos que quieran”, alerta.
 
La ecuación es simple: si un país produce un remedio mucho más barato, los grandes laboratorios dejarán de estar interesados en ese mercado.

En números. «Después de armas y petróleo, la industria farmacéutica es la tercera que más factura”, denuncia Spaccavento. Según el INDEC, sólo durante el segundo trimestre de 2012 la facturación de la industria farmacéutica creció un 18,6 por ciento.

Los medicamentos de mayor facturación fueron los antiinfecciosos para empleo sistémico con $ 902 millones, seguidos por los destinados al sistema nervioso con 857 millones, los medicamentos del aparato digestivo y el metabolismo con 759 millones, y los antineoplásicos e inmunomoduladores con 673 millones de pesos.

¿Justicia? “Aun pagando todas las indemnizaciones que pagarán, de antemano Bayer calculaba que con el Lipobay tendrían 3600 millones de euros de ganancia. Ellos siempre ganan», explica Rein. Los que pierden son los ciudadanos. Por ellos, él sigue luchando y cree que la justicia vendrá en el futuro: “Gané una batalla, pero no la guerra”.

Rein sostiene que va a seguir llevando su bandera hasta conseguir “la justicia pública”, pese a las amenazas, los intentos de “arreglarlo” con sumas millonarias y las decenas de puertas que vio cerrarse frente a él.
 
“Es necesario que la gente tome conciencia y lea los prospectos, que sean iguales en todas partes del mundo, que los médicos no pierdan su ética y que el Estado frene a estos grandes laboratorios”, explica.
 
“Un remedio tiene que curar, no matar, pero lamentablemente esto es un negocio que mueve millones”, reflexiona Rein, discapacitado de por vida.