PERIODISMO: Caso Quevedo-Gastaldi: «Un fallo contra la libertad de expresión», denunció la FATPREN
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Entre Ríos (SPER) exigieron en un comunicado «justicia para para el periodista entrerriano Claudio Gastaldi, demandado en un juicio de “habeas data” por el ex juez Julián Genaro Quevedo, y reclamaron de la Cámara Federal de Apelaciones «el apego a la Constitución Nacional que no supo mostrar la jueza federal de Entre Ríos, Beatriz Aranguren». En un comunicado, destacaron que el fallo de ésta «afecta profundamente la libertad de expresión, restringe el derecho a obtener y difundir información y lesiona seriamente a la democracia, cuya recuperación costó tanta sangre y dolor a todo el pueblo argentino» y advirtieron que «fallos aberrantes como éste constituyen una verdadera persecución judicial contra periodistas y resultan estigmatizantes para los demandados.»
«Durante 2011, en plena etapa de sustanciación de estos juicios -recordó-, Quevedo fue nombrado por el Superior Tribunal de Justicia como juez laboral subrogante, cargo del que fue separado apenas un año después por el mismo tribunal.»
Sin embargo, añade, «la causa argumentada para apartarlo de sus funciones no fue el oscuro pasado que lo inhabilita para ser juez de la democracia, sino cierta ‘dilación en expedientes judiciales'».
A continuación, se transcribe literalmente el comnunicado de la FATPREN y el SPER:
«En 2011, desde Concordia (Entre Ríos) Gastaldi había denunciado a través de su diario digital ‘Junio’ los profundos vínculos de Quevedo con los responsables de la represión, tortura y muerte de la última dictadura militar.
«El ex juez era yerno del general Raúl José Ortiz (fallecido en 2004), que participó de la represión en Entre Ríos y Bahía Blanca durante el régimen cívico-militar. Efectivamente, el general Ortiz se desempeñó como secretario de Información Pública del dictador Roberto Viola. También fue designado jefe de Gendarmería en 1981y agregado militar en México. En 1977, Ortiz fue designado jefe de la subzona 22 y se convirtió en uno de los responsables de la represión en Entre Ríos. Y en 1979, mientras se desempeñaba como titular de la Subzona 51, tuvo a su cargo el centro clandestino de detención «La escuelita», en Bahía Blanca (Buenos Aires).
«Poco antes de que se conociera la designación de Quevedo, el periodista Claudio Gastaldi reveló en su diario digital que el aspirante a juez había salido en defensa de los represores, además de estar casado con la hija del general. Entre otros datos, recordó que en 2003 había firmado (junto a su suegro y el resto de su familia) una carta dirigida al presidente mexicano Vicente Fox, solicitando que no extraditaran al torturador Ricardo Cavallo, que era requerido por la justicia argentina para juzgarlo por sus crímenes. Un año antes, en 2002, Quevedo había suscripto una proclama en apoyo de las fuerzas armadas y de seguridad, también junto a su suegro (el general Ortíz) y su esposa. El ex juez Quevedo también figura en numerosas páginas conectadas con Memoria Completa, la organización encabezada por Cecilia Pando, conocida apologista del terrorismo de Estado.
«Sintiéndose ofendido por la publicación, Quevedo enjuició al periodista Claudio Gastaldi (uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Concordia, en 1979, en plena dictadura) mediante un recurso de “habeas data”. Demandó al diario y a los buscadores Google y Yahoo para que rectifiquen la información que lo involucra con grupos que apoyan a autores de crímenes de lesa humanidad, torturas, secuestros, violaciones, robo de bebés, asesinatos y desapariciones forzadas durante la última dictadura. A su favor argumentó que Gastaldi no pudo mostrar su firma de puño y letra. De este modo aseguró, sin más pruebas, que su firma había sido incluida en las cartas sin su consentimiento.
«A pesar de que “Junio” publicó la réplica de Quevedo, es decir, una nota en la que éste negó su firma y participación en esas solicitadas, la jueza Aranguren ordenó remover los artículos sobre el ex juez, decisión que afecta seriamente la libertad de expresión. La jueza prefirió respetar el derecho de Quevedo a no hacerse cargo de su pasado antes que los derechos de quienes desean recordarlo, especialmente por su condición de ex magistrado, que lo obligaba a rendir cuentas de sus acciones, pasadas y presentes.
«Gastaldi apeló esa sentencia y el expediente pasó a la Cámara Federal de Apelaciones. La FATPREN y el Sindicato de Prensa entrerriano se solidarizan con este trabajador de prensa, reconocido en Entre Ríos por su coherencia profesional y su vocación democrática, y exige a los camaristas la revisión de un fallo inaudito, que sienta un peligroso antecedente contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
«Nuestra Federación y el SPER seguirán acompañando a Claudio Gastaldi en su búsqueda de justicia también ante la Corte Suprema de Justicia y los tribunales internacionales», concluye el comunicado.
