Separar el polvo de la paja

Lo anecdótico y lo importante

Por Roberto Caballero

Remover a las cúpulas de dos fuerzas federales como Prefectura y Gendarmería no es una decisión que se tome a la ligera. Estos comandantes eran, hasta ayer, los responsables funcionales que debieron aplicar con algún criterio equitativo (desde la época de Raúl Alfonsín ambos organismos de seguridad tienen autonomía administrativa) el Decreto 1307/12, que lleva la firma de la ministra Nilda Garré, para blanquear en los recibos de sueldo de los efectivos diversas sumas no remunerativas que produjeron, en los últimos años, una lluvia de juicios contra el Estado, generando situaciones de desigualdad salarial en todos los escalafones. El decreto de la discordia, en acatamiento de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, tenía como objetivo eliminar de modo gradual esas injusticias. Es decir, venía a resolver un problema y no a generarlo. Los medios de comunicación oligopólicos, los mismos que buscan incendiar el país antes del 7 de diciembre (el «7D»), evitaron durante toda la jornada de ayer informar, por ejemplo, sobre el artículo 6 del decreto ministerial.

(…) Es textual: "El personal que por aplicación de las medidas contenidas en el presente Decreto, percibiere una retribución mensual bruta inferior a la que le hubiera correspondido por aplicación del escalafón vigente a la fecha de su entrada en vigencia, sin considerar el efecto de ninguna medida judicial y en tanto se mantengan las condiciones previstas en dicho escalafón para su percepción, percibirá una suma fija transitoria que se determinará por la metodología y con los efectos contemplados en las disposiciones del artículo 1°, inciso b), del Decreto Nº 5592 del 9 de septiembre de 1968. Dicha suma, que no podrá estar sujeta a ningún tipo de incremento salarial, permanecerá fija hasta su absorción, la que se producirá por cualquier incremento en las retribuciones, incluyendo los correspondientes a los ascensos del personal."

Traducido, ningún prefecto, ningún gendarme debería haber recibido en estos días un salario menor al que cobró en septiembre. La partida presupuestaria contemplaba estas sumas fijas transitorias, básicamente, para no perjudicar a los efectivos del escalafón más bajo de la escala. Sin embargo, los jefes de las fuerzas distribuyeron ese dinero de manera desigual, afectando fuertemente a suboficiales, los "obreros" de cada fuerza, que sufrieron un recorte en sus haberes de manera sorpresiva. Hablamos de los prefectos y gendarmes que todos los días se juegan la vida en la calle, nada menos. No de sus jerarcas. Por eso, en horas del mediodía, Juan Manuel Abal Medina, el jefe de Gabinete, salió a enfrentar la protesta diciendo que hubo una mala liquidación por parte de estos jefes y anunció, en el mismo momento, que la plata para resolverlo estaba disponible y que cobrarían igual salario que en septiembre. Horas más tarde, la ministra Garré decidió desplazar a los culpables del fallido y nombró nuevas autoridades. Sin embargo, al menos hasta el cierre de esta edición, la protesta continuaba. Es evidente que el reclamo justo, desactivado en tiempo más o menos rápido por el gobierno, fue derivando en otra cosa. ¿Acaso los jefes depuestos habrían promovido adrede una revuelta como base de maniobras para algún tipo de movimiento antidemocrático? No se puede descartar ni tratar livianamente el tema. Ayer mismo, en Radio Mitre (del Grupo Clarín), el ex director de la revista Gente durante la dictadura cívico-militar, Samuel "Chiche" Gelblung, entrevistó largamente al ex carapintada Aldo Rico, quien respaldó y justificó el amotinamiento de los efectivos de Prefectura y Gendarmería, llamando a un "6D", como contracara del "7D" oficialista. A través de Twitter, Cecilia Pando, agitó a un levantamiento de las FFAA en apoyo de la protesta. Desde las redes sociales, los mismos que convocaron al cacerolazo pasado, y ahora promocionan uno para el 8 de noviembre, saludaron el levantamiento con epicentro en los edificios Centinela y Guardacostas que fue extendiéndose a todo el país con el correr de las horas, con amplia cobertura de la señal TN. Pero todo esto, hay que conceder, puede ser un espejismo, la lectura de un presente con los anteojos del pasado. Ocurre que la memoria histórica de los argentinos no asocia a los uniformes con nada bueno cuando estos transgreden sus funciones específicas. Quizá esto no sea el conato de un golpe de nuevo tipo, a la ecuatoriana, ni un episodio de eso que la academia llama "guerras de cuarta generación". Pero es cierto que anoche costaba hallar a funcionarios que derrocharan optimismo sobre el devenir de los acontecimientos. La cadena de mando de dos de las fuerzas de seguridad (la otra es la Policía Federal) se rompió sin que nadie pudiera preverlo. Esto no se produce ni se arregla de un día para el otro. Los sectores de derecha que operan sobre sus integrantes tienen, de acá al "7D", el tiempo suficiente para aturdirlos con cualquier ensayo de aventura. Más que cruzar los dedos, conviene no subestimar lo ocurrido y actuar en consecuencia.

En toda esta jornada, tal vez lo más rescatable haya sido el pronunciamiento de fuerzas opositoras al kirchnerismo que hicieron un llamamiento a defender las pautas democráticas y, aunque un tanto vidrioso y mezquino en sus argumentos, es muy valorable que Mauricio Macri haya salido, cerca de las 20 horas, a pedir que los efectivos abandonaran la calle y regresaran a sus funciones. También los gobernadores hicieron lo propio. Es que a nadie le gustaría enfrentar una revuelta de este tipo en sus distritos. Todos saben que abrir la puerta a estos fantasmas del pasado puede derivar en dramáticos episodios ya vividos por todos.

Cristina Kirchner siguió atentamente los sucesos, sin dramatizarlos. Su agenda no fue perturbada por el reclamo. Resta saber qué pasará en las próximas horas, después de una jornada intensa. La sensación es que si el amotinamiento cede, los que evaluaron que el nudo del conflicto era salarial habrán tenido razón, y tanto la remoción de las cúpulas como las garantías que dio Abal Medina habrán servido para encontrarle solución al problema.

Si eso no sucede, 40 millones de argentinos tendremos que asumir, sin importar el signo ideológico, que aquello que parecía sepultado por años de convivencia democrática, tensa, a veces dolorosa, pero convivencia entre diferentes, al fin de cuentas, regresa con su bruma nostalgiosa y trágica a nuestra cotidianeidad, en el marco de una puja entre el Estado democrático y las corporaciones empresarias y mediáticas con fecha de vencimiento, que defienden sus privilegios violando y llamando a otros a violar la ley.

Será, entonces, hora de cerrar filas. Y elegir con grandeza entre lo anecdótico y lo importante. Después de 29 años de democracia, oficialistas y opositores deben coincidir en algo básico: la Argentina ya no merece vivir sobresaltos como estos.