SNAP en La Haya

 

 

POR MIRIAM LEWIN / TIEMPO ARGENTINO

Denunciar el abuso sexual es para las víctimas un camino pleno de obstáculos. Los abusadores son por lo general personas que gozan de prestigio social y ocupan un lugar en el que supuestamente ofician de protectores de los niños. Un lugar de poder sobre ellos. Cuando los denunciantes son menores, pertenecen a una familia que profesa la fe católica y el victimario es un sacerdote, los impedimentos son todavía mayores. Muchas veces las víctimas padecen durante largos años en silencio, convencidos de que sus propios padres los castigarán si se atreven a alzar la voz contra un referente espiritual. En mi rol de periodista, he visto llorar a hombres adultos recordando abusos que sufrieron de niños, conmovidos. No se trata de una cuestión cultural: he visto marcas indelebles en las vidas de personas en la Argentina, en México y en los Estados Unidos.

Salvo excepciones, el rol de la Iglesia como institución ha sido el de preocuparse más por los malos pastores que por los corderos indefensos. En nuestro pais, funcionaba hasta hace poco una residencia donde eran alojados curas abusadores para seguir un tratamiento de pocos meses y luego ser trasladados a otra diócesis donde, por lo general, reincidían. Es el caso del sacerdote Napoleón Sasso, que cumple condena por abusar de niñas en un comedor parroquial en Pilar.

Julio Grassi aún está en libertad, tiene contacto con niños y a pesar de su condena, la jerarquía eclesiástica no lo ha separado de la institución.

La saludable iniciativa de SNAP (Red de Supervivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes, por sus iniciales en inglés) probablemente no tenga acogida en la Corte Penal Internacional. Y no sólo porque El Vaticano es uno de los estados que no reconoce su jurisdicción. Eso quizá no sea un obstáculo insalvable, pero hay que recordar que el fiscal Luis Moreno Ocampo fue abogado defensor del cura Grassi y en su estrategia defensista armó una causa por extorsión para ensuciar a su víctima.

El sábado, había aparecido esta nota en Perfil:

Cuando defendió al padre Grassi

POR L.D. 17/09/11

La denuncia contra Benedicto XVI, que reicibió la Corte Penal Internacional, tiene un condimento particular. Luis Moreno Ocampo defendió hace nueve años, en uno de sus últimos casos antes de asumir como fiscal de la Corte Penal Internacional, al padre Julio César Grassi, en una causa conexa a la de los abusos sexuales, en la que se investigaba una supuesta extorsión de la que había sido víctima el sacerdote.

De esta forma, el procurador volverá a involucrarse en una denuncia contra miembros de la Iglesia Católica. Pero, en esta ocasión, evaluará una denuncia que apunta contra el Papa y otros jerarcas del Vaticano, por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

Sin embargo, en las 84 páginas de la denuncia presentada por el Center for Constitutional Rights no se menciona el caso Grassi, por lo que Moreno Ocampo no tendría ninguna imposibilidad legal para actuar. “Moreno Ocampo no tendría ninguna incompatibilidad al respecto”, le respondió a este diario Marcelo Sancinetti, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires.

Durante su defensa al sacerdote argentino, el actual procurador de la CPI logró que el fiscal de Morón, Adrián Flores, fuera separado de la investigación, acusado de haber obligado a eliminar dos párrafos de una testigo que resultaban favorables al imputado.

Ahora, del otro lado del mostrador, Moreno Ocampo tendrá que olvidar la estrategia judicial que aplicó para patrocinar a Grassi y analizar si hay bases legales para llevar a los estrados de La Haya a Benedicto XVI, superior de su ex defendido.