Se calcula que hay unos 15 millones de hectáreas en pugna.
Esta problemática es distinta de la usurpación del parque Indoamericano, por ejemplo. Es que, a partir de la reforma de la Constitución, en 1994, los aborígenes que ocupan un terreno pueden reclamarlo como propio, amparados por una ley que, según los propietarios formales, tiene grises.

La zona más caliente en este sentido es la provincia de Neuquén. Allí, la Justicia tramita 200 causas penales contra mapuches por usurpación de tierras, según informó ayer a La Nacion un vocero del equipo de abogados que asesora a las comunidades aborígenes. La fuente aclaró que en causas ya finalizadas «no hubo ningún condenado» entre los ocupantes de tierras. En algún momento, el año pasado, llegó a hablarse de conexiones entre las organizaciones aborígenes con las FARC y hasta con ETA.

«Es una barbaridad que nos liguen con grupos extremistas; nosotros no necesitamos salir con la cara tapada, ni recurrir a esos grupos para legitimar nuestro reclamo», dijo el huerkén de la Confederación Mapuche Neuquina, Fidel Colipán.

Los principales problemas de tierras de Neuquén se centran en comunidades aborígenes en diferentes puntos de la provincia. Por extensión, el área de mayor conflicto potencial se da en el ámbito de la Corporación Pulmarí, un lugar de 120.000 hectáreas que es administrada por los Estados nacional y provincial en un anillo que abarca a las localidades de Aluminé, Moquehue y Villa Pehuenia.

En este sector hay una investigación judicial en marcha, promovida por los representantes del gobierno nacional en la Corporación Pulmarí, por la entrega de tierras a particulares y denuncias de ventas de lotes de manera irregular. La hostería Piedra Pintada, propiedad de un ciudadano italiano, fue intrusada por las comunidades mapuches, a tal punto que el propietario decidió alcanzar un arreglo económico con la provincia y retirarse de la zona.

Otro foco de conflicto son los generados en zonas petroleras. Hay problemas en Cutral-Co entre una compañía y la comunidad Lonco Purrán que reclama el dominio de 4000 hectáreas, y en Loma de la Lata, donde está ubicado el principal yacimiento de gas del país, con una comunidad que reclama la propiedad de 5000 hectáreas.

En las zonas turísticas se han presentado otros reclamos. El de mayor dimensión es el de los Curruhuinca, en San Martín de los Andes, donde hay un planteo sobre la propiedad que afecta al cerro Chapelco.

En la administración de Parques Nacionales avanza la idea de que las comunidades originarias exploten las tierras que ocupan. 

Recientemente, el intendente del Parque Nacional Lanín, Salvador Vellido, hizo entrega de la documentación para la explotación del Campamento Organizado Playa Catritre (un camping con costa de lago) a la comunidad mapuche Curruhuinca.

En el norte del país, los wichis y los tobas son las comunidades más numerosas. Las provincias del Chaco y Formosa poseen organismos encargados del ordenamiento de la tenencia de la tierra, aunque los aborígenes suelen quejarse de que funcionan como inmobiliarias.