Bel, un abogado argentino, protagonista del mayor escándalo político que estremece a España

De Panamá a Uruguay pasando por Suiza… de la mano de un abogado argentino. El ex tesorero del PP Luis Bárcenas utilizó supuestamente los servicios de un bufete de Buenos Aires para poner a salvo su dinero en Uruguay cuando tuvo noticia de que la Justicia española había localizado en Suiza la cuenta en la que llegó a atesorar más de 22 millones de euros. Así lo recoge el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que el pasado miércoles entregó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, instructor del sumario del ‘caso Gürtel‘.
El documento policial identifica a este letrado bonaerense como la «persona física» que realizó gran parte de las gestiones para «refugiar» la fortuna del polémica político en Sudámerica y le pone nombre: Edgardo Patricio Bel, quien según los registros oficiales argentinos comparte empresas con el que también fuera máximo responsables de las finanzas de Génova 13, Ángel Sanchís Perales, propietario un latifundio de limones en la provincia argentina de Salta, sospechoso de haber servido de destino de parte del dinero negro del ex senador por Cantabria.

El letrado bonaerense aparece como presidente de la empresa fantasma uruguaya Tesedul desde el 9 de julio de 2009, trece días antes de que el ex tesorero declarara como imputado en el Tribunal Supremo

Según el informe UDEF, al presunta implicación de Edgardo Patricio Bel en la trama de blanqueo del extesorero del PP se conoció hace sólo unos días, cuando el juez Ruz centró sus pesquisas en identificar quién estaba realmente detrás de Tesedul, la empresa fantasma uruguaya con la que Bárcenas intentó acogerse a la polémica amnistía fiscal a finales del pasado año. La sucursal madrileña de Bankia donde esta mercantil había abierto una cuenta para hacer frente a la regularización fiscal, envió al juzgado la documentación aportada para abrir dicho depósito por Iván Yáñez Velasco, el gestor español que hizo el papel de testaferro del político conservador en España.
Entre dicho papeles había dos poderes notariales de la sociedad con sede en Montevideo que mencionaban al abogado argentino. El primero, fechado el 9 de julio de 2009, trece días antes de que Bárcenas acudiera a declarar como imputado al Tribunal Supremo, era doble. En primer lugar, recogía el acta de una supuesta asamblea general extraordinaria de accionistas de la compañía fantasma, cuyos únicos propietarios conocidos es un matrimonio uruguayo, en el que se designaba como presidente al propio Edgardo Patricio Bel. En la segunda parte, el abogado otorgaba un poder especial en su recién estrenada condición de presidente y representante de Tesedul a Iván Yáñez para que éste pudiera actuar en nombre y representanción de la compañía uruguaya en «la apertura de cuentas bancarias en los bancos de la República Helvética Suiza».
Días después, el gestor español se desplazaba junto con Bárcenas a Ginebra para empezar a mover el dinero que guardaba en la cuenta del Dresdner Bank. Según consta en el informe, Tesedul SA posee o ha posíido al menos tres cuentas en el paraíso fiscal centroeuropeo: una en el Dresdner Bank y dos en el Lombard Odier. Fue a estas cuentas a las que se traspasó la mayor parte del dinero que atesoraba el depósito que bajo la pantalla de la fundación panameña Sinequanon sirvió al extesorero del PP para refugiar durante cuatro años hasta 22 millones de euros.

Socio de la familia Sanchís

El segundo poder notarial remitido recientemente por Bankia a la Audiencia Nacional tiene fecha del 10 de agosto de 2012, y en él Edgardo Patricio Bel, de nuevo como «presidente y representante de la sociedad Tesedul SA», otorga poderes a Iván Yáñez, en este caso mucho más amplios. Es con éste último con el que el gestor español abrió la cuenta en la sucursal bancaria madrileña, muy cercana a su domicilio particular, por la que pasó el millón de euros con el que Bárcenas intentó regularizar la situación fiscal de la fortuna que ocultaba en Suiza. Un mes antes de la concesión de este segundo poder notarial, el abogado argentino había adquirido 120.000 acciones de la mercantil fantasma uruguaya al precio de un peso uruguayo (4 céntimos de euro) cada una.

Edgardo Patricio Bel figura como uno de los cuatro «ejecutivos» de La Moraleja SA, propietaria del latifundio de limones que el también extesorero del PP Ángel Sanchís tiene en Argentina

No es, sin embargo, esta participación societaria del abogado argentino la única que ha llamado la atención a los investigadores. El informe de la UDEF resalta los estrechos lazos mercantiles que mantiene con Ángel Sánchis Perales, otro ex tesorero del PP, y uno de sus hijos. Así, el documento policial destaca que Edgardo Patricio Bel es uno de los cuatro «ejecutivos» de La Moraleja SA, la empresa propietaria del latifundio de 30.000 hectáreas de limones situada en la provincia argentina de Salta del que el propio Bárcenas presumió tener inversiones ante el banco suizo cuando abrió la cuenta. La familia Sanchís ha negado que el ex senador por Cantabria tenga ningún tipo de participación en el negocio, pero la Policía dedica en su último informe todo un capítulo a Ángel Sanchís y recalca sus sospechas de que una parte del dinero que éste escondía en Suiza hubiera acabado allí a la vista de la documentación remitida por las autoridades helvéticas. Los agentes también resaltan que el presidente de La Moraleja SA es Ángel Rafael Sanchís Herrero, hijo del antiguo tesorero del PP. Un vistazo a los registros oficiales argentino revela que éste último comparte también con el letrado bonaerense responsabilidades en numerosas empresas de este país sudamericano, entre ellas South Management SA, Wall Street Argentina SA, Elgadie Sociedad de Responsabilidad Limitada, Lady Nahir SA y Cítricos de Anta SA.

El informe policial concluye que la supuesta colaboración de Edgardo Patricio Bel habría sido una de las piezas claves para que Bárcenas construyese «una estructura mercantil» para blanquear dinero. En este sentido, los agentes apuntan que sería uno de «los profesionales que tutelan estas operaciones y que, en ocasiones, además de participar en su arquitectura y construcción, también desarrollan tareas de gestión o administración, amparándose en una supuesta  función de asesoría o consultoría profesional». El documento enviado al juez resalta que en esta estrategia de ocultación son fundamentales las «sociedades pantallas» abiertas en territorio con legislaciones laxas en cuestiones financieras, como Panamá y Uruguay, ya que permiten construir «estructuras societarias opacas» que dan «cobertura al verdadero beneficiario de las invesiones». En este caso, el polémico extesorero del PP.