Crisis alimentaria global: la Argentina lucha contra gigantes cerealeros multinacionales

• Las autoridades argentinas acusan a los cuatro grandes de evasión fiscal
• Las cuatro compañías niegan los cargos
The Guardian

Va la traducción y después el original. JS

Carga de cereal en un buque desde una planta cerealera gigante en la ribera del río Paraná en Argentina. Foto: Ricardo Ceppi/ Ricardo Ceppi/Corbis

Las Pampas son tal como las describen los viejos libros de texto: amplias planicies que se extienden hasta lejanos horizontes, espigas de trigo de altas pasturas captando la luz otoñal.

Una gran ruta vacía hace un surco desde Buenos Aires a través de milla por milla de tierras fértiles hacia los puertos de la gran hidrovía de Sudamérica, el río Paraná.

Pero lo que no se ve en las pampas hoy en día es el ganado vacuno argentino que supo ser sinónimo de esta región, que constituye una de las tierras de pastoreo más extensas del mundo.

Los mojones del camino ahora lo constituyen los silos, hangares para las máquinas agrícolas y carteles en casi cada campo que publicitan agroquímicos y semillas de soja genéticamente modificada.

De vez en cuando, el logo verde y naranja del pesticida glifosato de Monsanto da lugar a un poster electoral de la Presidente peronista, Cristina Kirchner, o el cartel de un químico o compañía cerealera rival. Pero no hay duda de quién domina el paisaje aquí.

Menos visible al principio, y bastante poco familiar para los consumidores del Reino Unido, son los cuatro grandes exportadores que dominan la otra mitad del complejo sojero, las denominadas Grupo ABCD de las compañías: ADM, Bunge, Cargill y (Louis) Dreyfus.

Estas compañías reúnen el 75-90% del comercio global de granos, según estimaciones.

Proveen el fertilizante para la soja y aquí, como en todos los demás lugares, dominan la industria del procesamiento que divide los porotos para aceite para la industria alimenticia y aquellos para proteína para alimento balanceado. Cuando se llega a los puertos de Rosario y San Lorenzo-San Martín, no pasan desapercibidos por las docenas de plantas trituradoras, refinerías de biodiesel, terminales cerealeras y elevadores de granos que se erigen sobre el río.

Aquí es donde alrededor de 55 millones de toneladas anuales de soja, con un valor de $24 mil millones (£14.7bn) comienzan su camino desde los muelles hacia los importadores: China, India y Europa.

Y este es ahora el campo de batalla clave en la lucha por el sistema alimentario global. Ya que en Sudamérica, aquellos que controlan la cadena alimentaria, hacen dinero con ella y determinan qué comemos, están en el centro de un debate político feroz.

Las autoridades argentinas dieron el paso dramático de suspender a los cuatro mayores operadores internacionales de su registro de exportadores este año, acusándolos de evasión fiscal. El mes pasado, expulsó a Bunge del registro por completo.
 
En una entrevista exclusiva con The Guardian el mes pasado, Ricardo Echegaray, administrador Federal de Ingresos Públicos de la República Argentina, detalló los cargos contra estas empresas. Todas las compañías han negado las acusaciones y dijeron que se defenderán fuertemente.

El complejo industrial sojero llegó a la Argentina desde América del Norte de manera exitosa cuando el gobierno aprobó por primera vez en 1996 que se planten cereales genéticamente modificados. Desde entonces, la producción de soja ha crecido de 1 millón de hectáreas (2,4 millones de acres) hasta 17 millones de hectáreas, y un 60% de la tierra productiva se dedica ahora al monocultivo.

Gran parte del ganado vacuno ha sido reducido a feed-lots del estilo de Estados Unidos para ser engordado a base de cereal en lugar de pasturas, y se han perdido 2,5 millones de hectáreas de bosques.

Pero la soja ha convertido a la Argentina en un centro neurálgico agrícola global a la par de Brasil. Estos dos países son, junto con los Estados Unidos, los mayores exportadores de soja en el mundo. Sin ellos, no hubiera industria avícola barata ni revolución ganadera global.

La soja plantada sobre la soja, sin pausa para labrar la tierra, ha ayudado a pagar las deudas agrícolas desde el colapso financiero de Argentina en el 2001. Pero según Echegaray, los operadores transnacionales están exportando no sólo soja, sino gran parte de sus vastas ganancias fuera de Argentina.

Hasta el 2007, dijo Echegaray, Bunge pagó aproximadamente $100 millones en concepto de impuesto a las ganancias en Argentina por año. “Luego decidió establecer una oficina en la zona franca de la capital de Uruguay, Montevideo. Desde esa fecha, repentinamente declaró no tener ganancias en la Argentina. Hicimos un cruzamiento de datos con Uruguay y descubrimos que no habían exportado nada desde Montevideo y casi no tenían personal allí”, declaró.

Echegaray dijo que tenía evidencia de que las cuatro compañías habían presentado declaraciones falsas de ventas y direccionado las ganancias a través de paraísos fiscales o sus casas matrices en contravención con la ley tributaria argentina. Además, dijo que habían declarado costos excesivos en Argentina para reducir las ganancias sujetas a impuesto allí. También las acusó de utilizar empresas fantasmas en ocasiones para comprar cereal.

“Estas compañías han descendido al delito”, dijo Echegaray. “Los agroexportadores han logrado las mayores ganancias de la economía aquí en los últimos años, y nuestra política es que aquellos que ganan más, deben pagar más. Hemos notado que las compañías con las mayores ventas demuestran las menores ganancias aquí. A pesar de que todo el trabajo se realiza aquí. La tierra es argentina, se cosecha con maquinaria argentina, se transporta a través de rutas argentinas y puertos argentinos. Se utilizan recursos y servicios argentinos, entonces, ¿por qué todas las ganancias obtenidas en Argentina aparecen en los papeles de otros países?”.
 
El consenso neoliberal de las últimas dos décadas y media, en el cual se ha alentado a las economías emergentes a abrir sus mercados agrícolas y exportar materia prima mientras que los Estados Unidos y la Unión Europea han mantenido sus subsidios agrícolas de $250 mil millones anuales, está siendo fuertemente desafiado en Sudamérica.

Gobiernos de izquierda, incluyendo el de Kirchner en Argentina, están reclamando soberanía alimentaria y una mayor participación en las ganancias. Parte de ello involucra asumir las grandes concentraciones de poder corporativo que caracteriza muchas partes del sistema alimentario global: los “intocables” como los definió un funcionario argentino.

Los operadores de granos niegan los cargos tributarios del gobierno.

Cargill dijo:”Todas las acusaciones hechas sobre Cargill son falsas. Cargill cumple con las todas regulaciones tributarias y aduaneras argentinas. Estamos defendiendo fuertemente varias fiscalizaciones y litigios aduaneros y tributarios. Un ejemplo reciente es un caso penal que involucra a ex presidente de Cargill Argentina y el ex gerente de la sucursal de Uruguay de Cargill, quienes están injustamente acusados en un caso penal presentado por las autoridades tributarias argentinas. Esa acusación fue anulada en febrero de 2011 por un Tribunal de apelación. La semana pasada un Tribunal de primera instancia desestimó los cargos contra ambos ex empleados de Cargill”.

La AFIP dijo que esta semana se lo otorgó un recurso de apelación contra esa desestimación y que otros cargos siguen en proceso.

Bunge fue muy categórico en que no había transgredido ninguna ley ni regulación tributaria y dijo: “Creemos que no hemos hecho nada malo y que nuestros pagos impositivos están completos. Este es un tema que no es privativo de Bunge, ni siquiera de nuestra industria.

Seguiremos tomando los pasos legales apropiados para defendernos”.

ADM sostuvo que “realiza negocios conforme a las leyes, incluso aquellas que regulan las obligaciones tributarias en los países en los que operamos. Estamos cooperando con la AFIP para resolver esta situación de manera exitosa”.

La asociación que representa a los exportadores de granos en Argentina confirmó que Dreyfus también negó los cargos.

Eduardo Barcesat, el abogado constitucionalista que está ayudando al gobierno en el borrador de ley para restringir la propiedad de tierra en Argentina por parte de extranjeros, dijo que los movimientos tributarios eran una decisión política. “Los grandes operadores de los Estados Unidos controlan la mayor parte del almacenaje y el precio” dijo. “Este es un movimiento para poner las cosas en orden: no más engaños. Argentina no está recibiendo suficiente del valor de sus recursos. Estamos colonizados y tenemos que estar libres”.

  • guardian.co.uk © Guardian News and Media Limited 2011
Global food crisis: Argentina battles multinational grain giants
• Argentinian authorities accuse big four of avoiding tax
• All four companies deny the charges

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Cargo ship             in Argentina
Grain is loaded on to a ship from a giant grain plant on the banks of the Paraná river in Argentina. Photograph: Ricardo Ceppi/ Ricardo Ceppi/Corbis
The Pampas are just as the old geography textbooks described them: vast flat plains stretching to distant horizons, white heads of tall grasses catching the autumn light. A great empty road ploughs a furrow from Buenos Aires through mile upon mile of fertile lands towards the ports on the great South American waterway, the Paraná river.
But missing from much of the Pampas now are the Argentinian beef cattle that used to be synonymous with this region that makes up one of the world’s most expansive grazing lands.
The way-markers today are grain silos, agricultural hangars for harvesting machines, and banner adverts across nearly every field for agrochemicals and genetically modified soya seed.
Occasionally, the green and orange logo of Monsanto’s Roundup glyphosphate herbicide gives way to an election poster for the Perónist president, Cristina Kirchner, or to a rival chemical or seed company’s billboard. But there’s no question who dominates the landscape here.
Less visible at first, and strangely unfamiliar to consumers in the UK, are the big four transnational exporters that dominate the other half of the soya complex, the so-called ABCD group of companies: ADM, Bunge, Cargill and (Louis) Dreyfus.
Between them, these firms account for 75-90% of the global grain trade, according to some estimates. They provide the fertiliser for the soya, and here, as elsewhere, dominate the processing industry that divides the beans into oil for food manufacturing and protein meal for animal feed. When you reach the ports of Rosario and San Lorenzo-San Martín, they are unmissable, however, with their dozens of crushing plants, biodiesel refineries, grain terminals and elevators towering above the river.
This is where about 55m tonnes of soya a year, worth $24bn (£14.7bn), starts a journey through the docks to the importers – China, India and Europe.
And this is now a key battleground in the fight over the global food system. For in South America, those who control the food chain, make money from it, and determine what we eat, are at the heart of a fierce political debate.
The Argentinian authorities took the dramatic step of suspending all four big transnational traders from their export register this year, accusing them of tax evasion. Last month, it expelled Bunge from the register altogether.
In an exclusive interview with the Guardian last month, Ricardo Echegaray, head of the Argentinian revenue service (Afip), detailed the charges against them. The companies have all denied the allegations and said they would defend themselves vigorously.
The industrial soya complex arrived in Argentina from North America with a bang when the government approved the planting of genetically modified crops for the first time in 1996. Since then soya production has gone from 1m hectares (2.4m acres) to 17m ha, and 60% of productive land is now given over to the monocrop.
Many of the beef cattle have been squeezed into US-style feed-lots to be fattened on grain instead of grass, and 2.5m ha of woods have been lost.
But soya has turned Argentina into a global agricultural powerhouse alongside Brazil. These two countries are, with the US, the largest exporters of soya in the world. Without them, there would have been no cheap factory chicken and no global livestock revolution.
Soya planted on top of soya, with no pause to till the soil, has helped pay farm debts since Argentina’s financial collapse in 2001. But according to Echegaray, the transnational traders are exporting not just the soya but much of their vast profits out of Argentina.
Until 2007, he said, Bunge paid about $100m in corporate income tax in Argentina a year. “Then it decided to set up an office in the tax-free zone of Uruguay’s [capital] Montevideo. From that date, it suddenly declared no gains in Argentina. We cross-checked with Uruguay and we found they had not exported anything from Montevideo and had almost no staff there,” he said.
Echegaray, who is closely allied to Kirchner, said he had evidence that all four companies had submitted false declarations of sales and routed profits through tax havens or their headquarters in contravention of Argentinian tax law. In addition, he said, they had declared excessive costs in Argentina to reduce taxable profits there. He also accused them of using phantom companies, on occasion, to buy grain.
“These companies have descended into criminality,” Echegaray said. “The agro-exporters have extracted the most profit from the economy here in recent years, and our policy is that those who gain most should pay most. We have noticed the companies with the biggest sales show the least profits here. But all the work is done here. The soil is Argentinian, the harvest is done with Argentinian machinery by Argentinians, it is transported on Argentinian roads, through Argentinian ports. It uses Argentinian services and resources – so why are all the gains made in Argentina appearing on paper in other countries?”
The neoliberal consensus of the last two-and-a-half decades, in which emerging economics have been encouraged to open up their agricultural markets and export raw materials while the US and EU have maintained their $250bn-a-year farming subsidies, is under powerful challenge in South America.
Leftwing governments, including Kirchner’s in Argentina, are reclaiming food sovereignty and a greater share of the profits. Part of that has involved taking on the big concentrations of corporate power that characterise many parts of the global food system – the “untouchables”, as one Argentinian official described them.
The grain traders reject the government’s tax charges.
Cargill said: “All the allegations made about Cargill are false. Cargill complies with all Argentine tax and customs regulations. We are vigorously defending various tax and customs audits and litigation. A recent example is a criminal case involving a former Cargill Argentina president and former Cargill Uruguay branch manager, who were unfairly indicted in a criminal case filed by Argentine tax authorities. That indictment was overturned in February 2011 by a court of appeal. Last week, the lower court dismissed the charges against both former Cargill employees.”
Afip said it had been granted an appeal against the dismissal this week and other charges remained to be heard.
Bunge was adamant that it had broken no laws or tax rules, saying: “We believe that we have done nothing wrong and that our past tax payments are complete. This is an issue that is not unique to Bunge, or even our industry. We will continue to take the appropriate legal steps to defend ourselves.”
ADM said it conducted “business in accordance with the laws, including those governing tax obligations, in the countries where we operate”. We are co-operating with Afip to successfully resolve this situation.
The trade association that represents the grain exporters in Argentina confirmed that Dreyfus also denied the charges.
Eduardo Barcesat, the constitutional lawyer who is helping the government draft legislation to restrict foreign ownership of land in Argentina, said the tax moves were a political decision. “The US big traders control most of the storage and the price,” he said. “This is a move to put things in order: no more cheating. Argentina is not getting enough of the value of its resources. We are colonised and we have to be free.”
  • guardian.co.uk © Guardian News and Media Limited 2011

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