IRON MOUNTAIN. Lo que se sospechaba se va corroborando
Así surge de la investigación que inició la Comisión Nacional de Valores y continuó la Procelac, a raíz del siniestro ocurrido en febrero pasado
El incendio que el 5 de febrero pasado destruyó el depósito en Barracas de la empresa Iron Mountain y dejó un saldo de diez muertos entre bomberos y rescatistas fue mucho más que una «tragedia». La investigación ordenada dos días después del hecho por la presidenta Cristina Fernández –articulada entre la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)– encontró evidencias de que la documentación que resultó destruida por las llamas era clave para avanzar en investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Paribás. Los indicios que apuntaban a que el incendio fue intencional ahora agregan la sospecha de que pudo ser una maniobra para ocultar las pruebas que pudieran comprometer a esas entidades bancarias.
El incendio de Iron Mountain destruyó datos clave en varias causas por lavado
La pesquisa reveló que los archivos más afectados fueron los que contenían documentación de los bancos HSBC, Patagonia, JP Morgan y BNP. Se detectaron rótulos sospechosos en las cajas desaparecidas en depósito de Barracas.
El incendio que el 5 de febrero pasado destruyó el depósito en Barracas de la empresa Iron Mountain y dejó un saldo de diez muertos entre bomberos y rescatistas fue mucho más que una «tragedia». La investigación ordenada dos días después del hecho por la presidenta Cristina Fernández –articulada entre la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)– encontró evidencias de que la documentación que resultó destruida por las llamas era clave para avanzar en investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Paribás. Los indicios que apuntaban a que el incendio fue intencional ahora agregan la sospecha de que pudo ser una maniobra para ocultar las pruebas que pudieran comprometer a esas entidades bancarias.
Mientras eran extinguidos los últimos focos activos en las ruinas de lo que fue el depósito de la multinacional de origen estadounidense dedicada al almacenamiento de documentación sensible –tanto corporativa como estatal–, y eran velados los restos de los fallecidos, el organismo que conduce Alejandro Vanoli, por instrucción del Ejecutivo, indagó a Iron Mountain sobre las empresas que almacenaban su documentación en la calle Azara.
La CNV requirió a los clientes de Iron Mountan –en particular aquellos que cotizan en Bolsa– que informen qué documentación almacenaban allí. Intimó a las compañías reticentes en contestar. Y el 21 de febrero pasado giró a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, una copia certificada del expediente con un análisis de la información aportada por las firmas.
En total, sumaron once cuerpos con 2004 fojas, siete anexos con 1354 fojas y un cuerpo dedicado al contenido de los CD con documentación digital. La mayoría eran listados con los rótulos que tenían las cajas. La jefa de los fiscales encargó a la Procelac, que dirige el fiscal Carlos Gonella, el cruce de los datos a través del Área de Mercado de Capitales de esa unidad antilavado.
Tiempo Argentino accedió en exclusiva a esa investigación que –tras dos meses de trabajo– confirmó la sospecha de que al menos cuatro entidades financieras internacionales almacenaban documentación sensible sobre clientes y transacciones que estaban en la mira de la justicia.
SECTORES 7 Y 8. El primer paso fue constatar la cantidad de elementos almacenados en Barracas y descartar lo que seguramente resultó destruido por el siniestro. Los sectores 7 y 8 fueron los más perjudicados. Los directivos de Iron Mountain, en sede judicial, apuntalaron la idea de que el incendio fue adrede. Esa hipótesis –que deberá ser confirmada por la justicia– podría llegar a plantear un escenario favorable para la compañía ante la avalancha de litigios civiles que deberá enfrentar. Mucha de la documentación quemada no contaba con soporte digital, por lo tanto es irrecuperable. Para colmo, la firma tenía antecedentes de siniestros en tres depósitos de Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1997 y dos incendios ocurridos en Londres, Inglaterra, y en Ottawa, Canadá, ambos en 2006.
El listado de la CNV arrojó una primera nómina de empresas –algunas no alcanzadas por cotización en Bolsa– por lo que se remitieron oficios para que confirmen el total de documentación perdida y luego el detalle. Entonces, fue contrastado con los propios registros de Iron Mountain para arribar al número exacto de cajas almacenadas. En la mayoría de los casos, ese informe del detalle de cada documento que estaba guardado en cada una de las cajas no fue remitido.
La lista arrojó un total de 43 empresas de primera línea cuya documentación había sido afectada o destruida por el siniestro y el rótulo de cada una de ellas. Entidades financieras, aseguradoras, supermercados, telefónicas, medicina privada, agroquímicas, petroleras, cerealeras, y de servicios encabezan los primeros lugares.
Según pudo confirmar este diario, la Procelac acaba de requerir los nombres de los responsables de archivos de esas firmas, es decir quiénes sabían exactamente qué y dónde estaba cada archivo en las cajas con la documentación respaldatoria que el fuego consumió durante 48 horas, a pesar del trabajo denodado de los bomberos y de la intensa lluvia sobre Buenos Aires.
RÓTULOS LLAMATIVOS. El Banco Patagonia SA ocupa el primer lugar. De 67.705 cajas almacenadas en Barracas dijeron haber perdido 57.015, es decir más del 80% de la documentación de respaldo. Le sigue el HSBC Bank Argentina SA: acusó habérsele quedado 26.326 de los 46.528 cofres. Algunos de los rótulos llamativos de las cajas de esa entidad rezaban «HSBC USA». O el todavía más sospechoso membrete «Mant Cts. Lavado dinero».
JP Morgan Chase Bank Sucursal Buenos Aires ocupa el puesto 14 con un total de 4406 cajas, de las cuales desaparecieron 4000. La entidad que ofrecía servicios de banca privada y quedó en el ojo de la tormenta tras la denuncia del arrepentido, su ex vicepresidente Hernán Arbizu, por maniobras de lavado para grandes clientes y empresas, denunció que el 90% de los archivos sensibles (identificados solo con números) quedaron destruidos. Desde 2008 que la justicia federal tramita diversas causas que investigan la fuga de capitales mediante una arquitectura financiera diseñada por JP Morgan compatible con el lavado. Nunca se dispuso el allanamiento de los registros guardados en Barracas.
Tanto JP Morgan como el Patagonia forman parte de la investigación más documentada sobre maniobras de lavado, administración fraudulenta y evasión tributaria que fuera denunciada el 14 de febrero también por la Procelac en base a los dichos aportados a la justicia por Arbizu. Tiempo reveló que allí se describió una maniobra que desde 2005 involucraba al Grupo Editorial Estrada en una operatoria en donde habría utilizado fondos depositados en guaridas fiscales en el exterior como cartas de crédito para garantizar préstamos de bancos en jurisdicción nacional.
BNP. Pero el caso más evidente fue el del BNP Paribás sucursal Buenos Aires que poseía unas 2554 cajas, de las cuales 1206 se perdieron en el incendio. El banco de origen francés tiene una causa por la que la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 49, a cargo de Horacio Azzolin, había solicitado que se indague a sus principales directivos y a algunos de sus clientes por maniobras sospechosas. El representante del Ministerio Público había llegado a la conclusión de que la actividad que se realizaba en la oficina del piso 25 de Leandro N. Alem 855 era «administrar carteras de inversiones con procedencia delictiva, aplicadas en sucursales de plazas extranjeras de la misma entidad financiera –y por un monto total cercano a los U$S 1000 millones–, mediante una estructura idónea y procedimientos diseñados para evadir los controles establecidos en materia de lavado de activos».
Los rótulos de sus cajas en Iron Mountain describían el contenido como «List Pre Lav», «Anti terrorismo» y «Due Dilligence». Lo más sugestivo es que muchas estaban membretadas con el nombre «Alem», la dirección donde estaba montada la «cueva» bajo la lupa de la justicia. Incluso las fechas coinciden con los momentos de su operatoria, por lo que se sospecha que estaban directamente ligadas a probar la maniobra de lavado mediante las transferencias de divisas al exterior.
¿Por qué motivo un depósito preparado para almacenar documentos bajo estrictas medidas de seguridad se quemaría por completo? La clave para empezar a despejar ese interrogante parece encaminarse a que no sólo se trató de un hecho intencional, sino que existieron poderosos motivos para lograr que algunos de esos archivos que estaban en simples cajas de cartón desaparecieran para siempre.
Diez muertes absurdas y una investigación lenta
La causa que investiga los motivos por los que el depósito de Iron Mountain se incendió avanza a paso lento. Cerca de cumplir los tres meses, la pesquisa aún aguarda el resultado de peritajes clave. Por un lado, el análisis de las cámaras de seguridad, elemento que se considera central para probar si se trató de un hecho intencional, como apunta la mayoría de las pruebas. Por el otro, un informe de locación encargado al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para determinar con exactitud dónde y cómo se inició el fuego el 5 de febrero pasado.
En paralelo, la fiscal Marcela Sánchez, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 37, recibió la declaración de los testigos que puedan ayudar a esclarecer cuál era la situación del edificio, teóricamente preparado para evitar siniestros.
La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 18, a cargo de Pablo Ormaechea, que ya recibió el 14 de abril los peritajes de las cámaras, material que quedó a salvo porque era almacenado en un lugar distinto al derrumbado edificio de la calle Azara, en Barracas. Lo que restan son las conclusiones que reclaman los familiares de las víctimas, que son querellantes en el expediente.
Trascendió que las imágenes indican que hubo entre cuatro y cinco focos en donde se iniciaron las llamas. Los empleados declararon en sede judicial que dos alarmas antiincendio se dispararon al mismo tiempo, lo que abona una suerte de sincronización en el comienzo del siniestro, algo que apuntala la hipótesis de la intencionalidad.
En otro aspecto del análisis, la justicia investiga si existieron irregularidades en la habilitación que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires extendió a Iron Mountain. De haber cumplido con las normas, se especula que la estructura habría resistido las llamas por más tiempo. Anahí Garnica –la primera mujer bombero de la Policía Federal– y sus pares Eduardo Conesa, Leonardo Day, Damián Veliz, José Méndez, Juan Matías Monticelli, Maximiliano Martínez y Sebastián Campos murieron aquella mañana de principios de febrero cuando se derrumbó una de las paredes del depósito. El rescatista de Defensa Civil, Pedro Baricolo, corrió la misma suerte. Facundo Ambrosi, bombero del cuartel Vuelta de Rocha, murió 12 días después del incendio. Lo hizo tras atravesar un coma farmacológico y estar con asistencia respiratoria luego de una intervención quirúrgica en la cabeza y una endoscopía a la que fue sometido.
Una de las principales preguntas que intenta aclarar la investigación es si hubo fallas en los aspersores y el motivo de la escasa presión de agua en las mangueras. La tragedia que enlutó a toda la ciudadanía esa calurosa mañana de febrero todavía no encontró la conclusión final de la justicia.
Bancos: datos quemados, rótulos sospechosos
Patagonia
57 mil son las cajas destruidas de un total de 65 mil. La entidad fue denunciada en la causa por lavado contra el Grupo Estrada.
JP Morgan
4 mil es el 90% de los cofres archivados por el banco denunciado por su ex vice Arbizu que quedaron destruidos.
HSBC
26 mil son las cajas perdidas de las 46.528 almacenadas. «Mant Cts. Lavado dinero» era el llamativo rótulo de algunas de ellas.
43 empresas afectadas
Además de las entidades bancarias que encabezan el listado de 43 firmas cuya documentación se presume destruida por el incendio, otras compañías también se vieron afectadas. Caja de Seguros, La Buenos Aires, Mapfre, Asociart, entre las aseguradoras; Galeno y Swiss Medical, entre las de medicina prepaga. Telecom, Telefónica y sus divisiones móviles, además de Edenor y Edesur, son ejemplos de proveedores de servicios cuya documentación también estaba en el sector 7 y 8 (ver nota central). Quilmes, Jumbo y Arcos Dorados, entre las de consumo masivo, y las petroleras Esso y Pluspetrol también almacenaban información en Iron Mountain, al igual que Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Desarrollo Social. Caja de Valores SA y Banco Santander Río fueron otras entidades financieras que aportaron información a la CNV. Monsanto y Cargill fueron otras de las afectadas. Alpargatas Calzados SA, Pelikan Argentina SA y hasta Tele Red Imagen SA, del Grupo Clarín, integran la nómina. La consultora Deloitte&Co y hasta el sitio de ventas MercadoLibre sufrieron pérdidas. El ranking lo lidera el banco Patagonia con más de 57 mil cajas quemadas, mientras que Edesur sólo perdió 956.
