MAGNICIDIO. Justicia para Miguel Ragone, el gobernante que mejor prefiguró el kirchnerismo

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El asesinato de Miguel Ragone

 

Justicia para quien fue médico y gobernador  del pueblo

POR JUAN SALINAS

 

La justicia demoró 36 años en castigar a los culpables del crimen. Ragone fue, a mi juicio, un claro y brillante antecesor del peronismo que tres décadas más tarde cuajaría con la llegada al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Médico y peronista de la primera hora, Ragone fue secuestrado, y todo indica que asesinado, el 11 de marzo de 1976 cuando salía de su casa en su automóvil. Se cumplían dos años de su brillante triunfo electoral junto al regreso al gobierno de un peronismo que había estado proscripto durante 17 años. Faltaban tres días para que se celebraran las elecciones internas del Partido Justicialista salteño en las que era amplio favorito. Y apenas 13 días para que se consumara el golpe cívico-militar más cruento de la historia argentina.Tres de los acusados por la desaparición y asesinato de Ragone fueron condenados a penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta.

La sentencia fue dada a conocer el pasado martes 18 de octubre por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad en los cuales es querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Estaban presentes la viuda de Ragone, la ya nonagenaria Clotilde (que aspira a que le entreguen los restos de su marido, «aunque más no sea un huesito»), sus hijos, y también el nieto Fernando Pequeño Ragone, impulsor tanto del reclamo de justicia como del rescate de la memoria de su ilustre abuelo.

Los condenados a prisión perpetua fueron el coronel (R) Carlos Alberto Mulhall (que era entonces el jefe del Ejército en la provincia), el teniente coronel Miguel Gentil (jefe de la policía salteña) y el comisario (R) Joaquín Guil (jefe de seguridad de dicha policía).

También se les imputó a los tres el asesinato de Santiago Arredes y las heridas recibidas por Margarita Martínez de Leal, involutarios testigos del secuestro de Ragone.

En cambio, quedó fuera del juicio por razones de salud el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe directo de Mulhall, sospechoso de haber dado  la orden de matar a Ragone o, como mínimo, prestar su conformidad al magnicidio.

Menéndez lleva ya en sus espaldas varias condenas a prisión perpetua por otros casos de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Se presume que Ragone fue asesinado inmediatamente después de su secuestro porque su auto apareció al día siguiente en Cerrillos, a unos 15 kilómetros de la capital provincial, y en su asiento trasero había gran cantidad de sangre. Pero su cadáver nunca fue encontrado y en consecuencia integra la listas de detenidos-desaparecidos por la “Triple A”, en este caso un nombre genérico que se le da al Terrorismo de Estado anterior al golpe de marzo de 1976 que derrocó a  la presidenta de María Estela “Isabel” Martínez de Perón.

El asesinato de Ragone guarda un parentesco directo con los perpetrados en Córdoba por el «Comando Libertadores de América», una extensión clandestina de la inteligencia del Ejército.

Descendiente de inmigrantes napolitanos, Ragone nació en Tucumán en el seno de una familia trabajadora que se trasladó a Salta cuando él tenía cinco años. Católico prácticante, como Rodolfo Walsh era simpatizante de la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN) cuando aconteció el 17 de Octubre de 1945, jornada en la que fue muerto de un balazo disparado desde el diario Crítica un adolescente de la ALN, Darwin Passaponti.

Ragone fue  un peronista de la primera hora.

Se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires donde fue un  aventajado discípulo del gran sanitarista y ministro de Salud de Perón, Ramón Carrillo, de quien también fue su secretario. Se especializó en neurocirugía como su condiscípulo Raúl Matera y rechazó el ofrecimiento de Carrillo de hacer un post grado en Europa por sus intensos deseos de regresar a Salta para ejercer como “médico de pueblo” y dedicarse a la política.

Por completo ajeno al club 20 de febrero (por la batalla en la que en 1813  Belgrano venció cerca de la ciudad de Salta al general realista Tristán) y demás círculos aristocráticos de dónde es tradición que provengan quienes gobiernan la provincia, Ragone participó activamente en la resistencia peronista a la “Revolución Libertadora” que derrocó a Perón, y al reorganizarse el Partido Justicialista fundó la Lista Verde.

Luego de 17 años de luchas y proscripciones, y a la cabeza de una alianza integrada por los verdes , el grupo Reconquista (una escisión de la Mesa del Trasvasamiento Generacional que lideraba el grupo ortodoxo Guardia de Hierro) y una coalición de los referentes peronistas del interior de la provincia, Ragone fue electo gobernador con más del 54 por ciento de los votos emitidos.

Fue el 11 de marzo de 1973, cuando, todavía proscripto Perón la fórmula presidencial integrada por su delegado, Héctor Pedro Cámpora y Vicente Solano Lima obtuvo cerca del 50 por ciento de los votos emitidos.

Aficionado a las riñas de gallos, Ragone fue paradójicamente un pacifista en tiempos violentos al frente de un gobierno que se negó a reprimir las protestas sociales con la misma firmeza con que encaró una profunda reforma policial.

Tambien promovió la integración con los países vecinos y el acercamiento con el pueblo wichi (por entonces, más conocido como «mataco»), para el cual  reivindicó derechos secularmente conculcados. Al igual que Perón, Ragone se declaró industrialista y a favor de proyectos mineros y forestales respetuosos del medio ambiente.

Su gobierno fue víctima de escaladas violentas como la ocupación de la Casa de Gobierno por opositores internos (26.09.73, so pretexto del asesinato de José Ignacio Rucci) y el asesinato de su ex jefe de policía y veterano compañero de militancia, Rubén Fortuny (27.11.73). Fortuny fue asesinado poco después de haber renunciado al cargo desde el cual intentó llevar a cabo la reforma policial que le pidiera Ragone.

Años después, su hijo homónimo y actual ministro de Trabajo y Seguridad de Salta  (que tenía seis años y estaba con su padre cuando fue asesinado) atribuyó la responsabilidad del crimen a la llamada “banda de los comisarios”, cuyo miembro más conspicuo era el ahora condenado a prisión perpetua Joaquín Guil.

Reconocido torturador y cabeza de la represión en Salta durante la llamada «Revolución Argentina» (la dictadura de los generales Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse, entre 1966 y 1973), sospechoso nº 1 de liderar la proteica «Triple A» provincial durante el gobierno de Isabel Perón, Guil está implicado en la gran mayoría de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Salta durante la última dictadura cívico-militar, por lo que es objeto de otros procesamientos.

De los tres condenados a prisión perpetua, Guil fue el único presente en la sala, ya que los militares Mulhall y Gentil eludieron comparecer y presenciaron el acto por teleconferencia desde los tribunales federales de la avenida Comodoro Py gracias a la presentación de sendos certificados médicos que desaconsejaban el viaje a Salta.  Ambos se enteraron de ese modo de que también serán destituidos, es decir, privados de su grado militar.

El TOF también condenó a dos años de ejecución condicional por encubrimiento (por lo que, al terminar la lectura, se fueron a sus domicilios) a los hermanos Pedro Javier y Raúl Nelson Herrera, ambos policías.

Los hermanos Herrera se encontraban de guardia en la casa de Gentil, a poco más de cien metros del lugar del hecho, y se abstuvieron de intervenir, en un típico caso de lo que los represores llamaban «área libre» y la prensa «zona liberada».

Por fin, el TOF absolvió por el beneficio de la duda y dispuso la libertad tanto del policía Andrés del Valle Soraire como de Jorge Héctor Zanetto, a quien, al dar la noticia, el Centro de Información Judicial (CIJ) calificó de «ex vocero de la Triple A». (sigue)

 

Culminó así, más de 35 años después de cometido el magnicidio, un proceso legal que fue boicoteado activamente desde un principio por el juez federal Ricardo Lona –incurso en flagrantes complicidades con  el Terrorismo de Estado y procesado por ello en otras causas, pero impune hasta ahora en ésta–, proceso cuya culminación en el juicio oral y público que acaba de realizarse fue varias veces postergado debido a innumerables dificultades.

Baste consignar que el TOF de Salta no tuvo entre sus integrantes a ningún juez salteño: Carlos Jiménez Montilla es de Tucumán; Marta Liliana Snopek de Jujuy, Luis Giménez de Tierra del Fuego, e incluso el subrogante José Quiroga Uriburu es de La Rioja. Por cierto, la jueza Snopek encabezó un movimiento de magistrados que pretendían que el juicio se realizara en Buenos Aires y por escrito, y no en Salta y mediante un proceso oral y público.

Una alta fuente de la Secretaría de Derechos Humanos le comunicó a este periodista su convicción de que gran parte de las dilaciones tuvieron como objetivo que el coronel Mulhall cumpliera los 70 años y pudiera acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria.

Precisamente, el fallo fue recibido por las querellas y la familia Ragone con una mezcla de satisfacción y de decepción porque a los condenados a prisión perpetua el tribunal les concedió la prisión domiciliaria (y a los hermanos Herrera, la libertad ambulatoria) al menos hasta que la sentencia quede firme, así como por la impunidad conseguida por Del Valle Soraires y Zanetto.

Tanto el fiscal Horacio Azzolin como los abogados querellantes dicen no tener la menor duda de que Del Valle Soraires integró el comando asesino.

Fiscal y querellantes adelantaron que apelarán la absolución de ambos ante la Cámara Federal una vez que conozcan los fundamentos de la sentencia, que serán leídos públicamente por el TOF el próximo 7 de diciembre.

También lo harán los abogados de los condenados.

Mulhall, Gentil y Guil fueron condenados por ser autores mediatos de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas» en lo que hace a Ragone, y también por el asesinato de Arredes y el intento de asesinato de Martínez de Leal, que sobrevivió a sus heridas.

El tribunal consideró acreditado que se cometieron para «ocultar otro delito, asegurar sus resultados, (y) lograr impunidad”. Arredes fue asesinado para que no contara lo que vio.

Un hermano suyo, el comisario Roberto Arredes, está sospechado de haber integrado el grupo de sicarios.


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