La complicidad militar con la dictadura

Hoy, al parecer, declarará el empresario Pedro Blaquier por las desapariciones en el ingenio Ledesma. Es una buena oportunidad para reflexionar sobre el entrelazamiento entre sectores sociales y fuerzas armadas que instituyeron la dictadura, un tema abundantemente tratado desde distintas visiones.

Se sigue hablando –desde mi punto de vista, incorrectamente- de «complicidad civil» lo que sugiere que determinados individuos no pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad colaboraron, a título personal, con la represión, o empujaron a estas a tomar una decisión impensada.

El agregado de «cívicomilitar» a la dictadura confirma esta perspectiva simplificadora que quizás tiende a ocultar que amplios sectores medios –los mismos desde donde habían emergido la mayor parte de los estudiantes e intelectuales que optaron en aquel entonces por la vía armada- toleraron, admitieron, adhirieron o aplaudieron la irrupción de los militares al poder. El objetivo, visto los personajes que actuaron, fue destruir para siempre la posibilidad de que Argentina se convierta en Nación, eso que históricamente había significado el peronismo.

En ese sentido, invito a pensarlo desde otra perspectiva: que hubo complicidad militar para instituir una dictadura con el fin de imponer por la fuerza un régimen político, y que esa complicidad incluyó a la totalidad de las fuerzas armadas por cuanto el Estado, ahora en poder de determinados sectores económico-sociales parcialmente desplazados en 1973 pero todavía dueños del poder real, orientó todo su monopolio de la violencia con el objetivo de instaurar determinado modelo de país.

Este enfoque permite, en el presente, entender cuál es el límite de la democracia toda vez que el 54% de los votos, por ejemplo, o una mayoría legislativa, no significa que el poder real en la Argentina haya cambiado de manos sino en un aspecto parcial (el político-institucional) de la totalidad de ese poder. Que Cablevisión ni siquiera haya cambiado la grilla de su programación a pesar de la vigente Ley de Medios es un síntoma, muy secundario si se quiere, pero real, de lo que esto significa.

El privilegio del grupo Clarín tiene contacto con otras inmunidades persistentes: en Ledesma, Blaquier se consideraba por encima de la ley así como hoy Macri actúa con la misma actitud en el conflicto de los subtes. Las clases dirigentes argentinas se han considerado históricamente por encima de la ley que ellos mismos instituyeron, y el Estado fue diseñado para servir a sus intereses aunque aparentara universalidad o lo imagináramos neutral.

Esa ausencia de universalidad o neutralidad explica, por ejemplo, por qué el Gobierno Nacional actúa con pie de plomo respecto del sistema bancario. Sabemos que la reforma a la Carta Orgánica del BCRA no va a dar vuelta el sistema para ponerlo al servicio del interés nacional, pero no es la oportunidad de discutir una nueva ley de Entidades Financieras. Y sin embargo, el nuevo rol del Banco Central permite reformular paulatinamente la estructura financiera local en una época en que su centralidad universal no requiere mayores aclaraciones.

Esta centralidad incluye imaginar hasta dónde son capaces de llegar estos intereses cuando se sienten afectados. Se equivocan quienes creen que estos tipos tienen límites.

Si bien los delitos de lesa humanidad son la manifestación feroz de la dictadura, es necesario pensar (y pensarse) en los objetivos profundos de esa etapa. Por eso resulta útil ir al pasado, volver al presente y resignificar el pasado para, otra vez, hacerlo con el presente, para entender la coincidencia entre cierta ingenuidad política que primó en los 70 y una exigencia excesiva con el presente.