LA DEMOCRACIA SE DISIPA: La ministra Bullshit se cisca en la Ley

A comienzos de mayo, Myriam Bregman presentó desde la Cámara de Diputados un “pedido de acceso a la información pública” dirigido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El pedido indagaba sobre la actuación de las fuerzas represivas federales en diversas movilizaciones masivas y preguntaba en particular por cuántos millones se gastaron en los costosos operativos desplegados con el único objetivo de limitar e impedir la protesta social.

En su pedido de acceso a la información (un derecho que tiene toda persona de solicitar la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, que a su vez tienen la obligación legal de contestar) la abogada y referente del Frente de Izquierda preguntó cuál fue el gasto total que demandó cada operativo para las cuatro fuerzas de seguridad: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina. También preguntó si se pagaron horas extras y/o adicionales de cualquier tipo para los agentes de estas fuerzas; la cantidad, tipo, origen y costo de las municiones, postas de goma, gases, aerosoles irritantes y otros armamentos que hayan sido usados durante cada operativo, así como la cantidad y tipo de vehículos usados y el costo que tuvo su movilización. La presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH) preguntó asimismo por el gasto de los vallados, del equipamiento de los efectivos, por la duración de cada operativo desplegado ante esas manifestaciones masivas, tanto las convocadas en rechazo a la Ley de Bases como las se dieron los feriados del 24 de marzo y 1° de mayo, donde también se vio un desproporcionado despliegue pese a no tratarse de un día laborable.

La respuesta de la cartera que conduce Patricia Bullrich, que reproducimos abajo, llegó un mes y medio después, a pocos días de la brutal represión del 12 de junio, donde hubo 33 detenidos y más de 200 heridos y hospitalizados por la actuación de estas fuerzas, bajo órdenes de la Ministra y del Gobierno de la Ciudad. La respuesta de la jefa de Seguridad de la Nación llegó también en el marco de su viaje a El Salvador, para encontrarse con el presidente Nayib Bukele y “conocer de cerca el régimen de tolerancia cero que implementó”, según contó el mismo Adorni. También llega en el contexto de un nuevo ataque propinado por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, contra la abogada en los juicio de lesa humanidad.

En su texto, Patricia Bullrich y su ministerio sostienen que el despliegue de las fuerzas federales responde “a proyecciones y planificaciones ajustadas a normativa específica” y niegan informar sobre cualquier otro dato ya que su publicidad -argumentan- “podría comprometer seriamente” la capacidad de prevención y de respuesta de los agentes a su cargo. Siguiendo con el intento del Gobierno de avanzar en la criminalización de la protesta bajo el relato de “terrorismo”, afirman también que brindar esa información podría poner en riesgo “la seguridad pública”.

Llamativamente, aunque la funcionaria sostiene en su respuesta que esa información no puede hacerse pública, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en una de sus habituales conferencias de prensa, el martes pasado (un día después de la respuesta de la ministra de Seguridad a Bregman), que en el marco del tratamiento de la ley Bases, el costo del operativo de seguridad fue de más de 130 millones de pesos, que anunció que pretenderán descargar sobre varias de las organizaciones convocantes a esa movilización.

A juicio del ministerio de Bullrich, dar respuesta al requerimiento de Bregman y de las bancas del PTS/Frente de Izquierda incidiría en el «ulterior procesamiento de esa información” ya que “potencialmente» podría significar «la ejecución de acciones», «amenazas» o «riesgos graves» para el desarrollo de las «funciones esenciales» de las cuatro fuerzas represivas que operan bajo las órdenes de la funcionaria.

En síntesis: por un lado, el gobierno dice que es una cuestión «ética» no informar cuánto se invierte en los megaoperativos que se realizan bajo las órdenes de Bullrich para criminalizar la protesta (inclusive los días feriados, donde el argumento del «caos de tránsito» se desvanece), pero es rápido para facturar los gastos de esos operativos a nombre de las organizaciones que protestan contra el ajuste del Presidente Javier Milei y sus planes para el país.

Aunque queda claro que para la ministra de Seguridad las manifestaciones públicas son motivo de tareas de inteligencia y de política criminal, lo cierto es que, como afirmó Bregman, “se trata de una respuesta vergonzosa para no brindar información que debería ser pública, es decir, información que está obligada a brindar por la ley de acceso a la información pública”.