La Triple A es azul pero Oyarbide se hace el distraído
Todos integraban el entorno operativo de José López Rega
Oyarbide detuvo a siete ex policías y funcionarios que integraron la Triple A
Entre los prisioneros están Jorge Conti, ex yerno y secretario de prensa de «el Brujo» y el ex secretario de Estado Carlos Villone. Se los responsabiliza por los crímenes del padre Mugica, Julio Troxler, Silvio Frondizi y Ortega Peña, entre otros.
POR CLAUDIO MARDONES / TIEMPO ARGENTINO
Una de las investigaciones más añejas de la justicia federal, que permanece abierta desde 1975, volvió a estremecer este jueves a la política nacional del mismo modo que lo hizo en 1984, cuando el torturador de la inteligencia militar Aníbal Gordon cayó detenido junto a su banda; o a fines de los ochenta, cuando la extradición de «el Brujo» José López Rega desde los Estados Unidos se transformó en uno de los principales desafíos para el gobierno de Raúl Alfonsín. Se trata de la causa 6511, el expediente penal que comenzó a investigar a los principales impulsores e integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), luego de la muerte del general Juan Domingo Perón.
El caso ayer abandonó el letargo, cuando el juzgado a cargo de Norberto Oyarbide confirmó la detención de siete ex funcionarios estatales y ex policías que formaron parte de la extrema derecha del peronismo y se desempeñaron en cargos clave del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, la cartera que condujo López Rega entre la asunción del presidente constitucional Héctor J. Cámpora, el 25 de mayo de 1973, y la peor crisis económica del gobierno de Isabel, en septiembre de 1975, conocida como «Rodrigazo». La última vez que el caso salió del olvido fue hace cinco años, cuando el mismo expediente reactivó la persecución de Miguel Ángel Rovira en España y la posible detención de la ex presidenta María Estela Isabel Martínez de Perón.
Esta vez, no hubo largos trámites internacionales de extradición, sino una serie de detenciones que se realizaron hace dos días. Desde el martes están detrás las rejas, el periodista Jorge Conti, yerno y ex secretario de prensa del difunto López Rega y el ex secretario de Estado Carlos Alejandro Villone. Ambos, fueron considerados por Oyarbide, como enlaces directos de López Rega con la Casa Rosada y con la Policía Federal, para la planificación de crímenes, financiamiento y aprovisionamiento de la patota de ultraderecha que entre 1973 y 1976 dejó 700 muertos.
Dentro de esa lista, relevada por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), los primeros asesinados fueron los abogados Rodolfo Ortega Peña y Alfredo Curutchet, el ex subjefe de la Policía Bonaerense y sobreviviente de la Masacre de José León Suárez Julio Troxler, el profesor y abogado Silvio Frondizi, su yerno Luis Mendiburu, los periodistas Carlos Laham, Pedro Barraza, el ex rector de la UBA Pablo Laguzzi y el padre tercermundista Carlos Mugica.
Los crímenes de estas nueve personas, que enmudecieron al frágil retorno democrático luego de 17 años de proscripción del peronismo, dieron origen a la causa 6511, cuando el abogado Miguel Ángel Radrizzani Goñi, amigo de Ortega Peña, pidió a la justicia que investigara una nota publicada en el diario La Opinión con la firma del periodista Heriberto Kahn. El texto, informaba sobre la existencia de un informe militar secreto que revelaba el funcionamiento de una patota que tenía ramificaciones desde Bienestar Social, con la Revista El Caudillo, conducida por el militante fascista Felipe Romeo, con la Federal, bajo el control del comisario general Alberto Villar, con la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), encabezada por Julio Yessi, la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) y el Batallón 601 del Ejército, entonces comandado por el general Otto Paladino, el mismo que luego de 1975 inauguró el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti (ver recuadro).
Durante los 36 años de duración, el caso sumó más de 50 cuerpos, centenares de declaraciones, miles de documentos y una gran cantidad de pruebas que, hace 48 horas también desembocaron en las detenciones de Yessi, ex presidente de la lopezrreguista JPRA y de Raúl Arias y Carlos Duarte, dos hombres que habrían formado parte de las patotas que operaban de noche para garantizar los crímenes políticos. La lista de arrestados se completó con la caída del ex policía federal Rubén Pascucci, y un nuevo pedido de cárcel para el ex cabo de la Bonaerense Norberto Cozzani, que está detenido en el Penal de Marcos Paz con prisión preventiva por su participación en crímenes cometidos durante la última dictadura en la causa conocida como Circuito Camps.
Según fuentes del tribunal de Oyarbide, que lleva el caso a través de la secretaria Patricia Palmisano, todos fueron indagados y luego detenidos como presuntos organizadores de una asociación ilícita que tuvo su epicentro en el Ministerio de Bienestar Social y en la Triple A. Esa calificación penal no sólo ha puesto tras las rejas a figuras tristemente célebres del terrorismo paraestatal antes del golpe militar. Ahora, volvió a reactivarse luego de la recolección de nuevas pruebas en el caso que investiga el asesinato del padre Mugica, donde ya no habría dudas sobre la responsabilidad del ex policía federal Rodolfo Eduardo Almirón en su asesinato.
Entre la cantidad de documentos que engrosan la 6511, existe una auditoría de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA) que refleja el traslado y la compra de ametralladoras y fusiles que fueron retirados por la dictadura de los sótanos de Bienestar Social, actual sede del Banco Hipotecario, frente a la Plaza de Mayo. Entre la colección de rastros y pruebas también está la confesión y los datos aportados por el ex teniente del ejército Salvador Horacio Paino, uno de los dos arrepentidos de la causa, que en 1975 aportó un curioso mapa de relaciones políticas y parapoliciales, donde los siete detenidos tenían un papel crucial para crímenes que la justicia declaró imprescriptibles en marzo de 2008.
……………Las pruebas ignoradas
En su medio centenar de cuerpos, la causa 6511 no sólo posee testimonios, actas, armas secuestradas, pericias y cientos de indagatorias que revelan vasos comunicantes de la Triple A con el Ministerio de Bienestar Social, la Unión Obrera Metalúrgica, la J.P.R.A, la C.N.U., la Policía Federal, la S.I.D.E y el Batallón 601 del Ejército. También tiene dos confesiones.
La primera, fue entregada por el teniente exonerado Horacio Paino, que aportó una serie de cartas, un organigrama y hasta un manual provisto por el ejército estadounidense que lleva casi cuatro décadas guardado en archivo judicial.
El segundo arrepentido es Rodolfo Peregrino Fernández, ex inspector de la PFA y ex secretario personal del ex ministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy, que en 1983 confirmó la estructura confesada por Paino, con claras ramificaciones con un grupo de «Halcones» de la Federal.
Esos rastros fueron recuperados en 1984 por el entonces abogado Eduardo Luis Duhalde en Madrid, cuando el agente decidió confesarlo todo ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU).
Esos elementos no fueron investigados por la justicia hasta ahora, pero fueron ampliados por periodistas como Kahn, Carlos Juvenal, Alipio Paoletti, Juan Gasparini, Marcelo Larraquy y Juan Salinas.
…………………………El periodismo jugó un rol clave
Una nota de La Opinión reveló el caso
El disparador de la investigación fue un artículo del periodista Heriberto Kahn que mencionaba una nota de Anaya dirigida a Videla con detalles del armado de la red paraestatal.
Como una paradoja del destino, las últimas detenciones de la causa que hace 37 años trata de explicar los orígenes de la Triple A se conocieron ayer, durante una nueva conmemoración del Día del Periodista. El dato, aunque podría estar ligado al azar, no es menor, especialmente porque la investigación que dio origen al expediente activo más viejo de la justicia federal, comenzó a partir de un artículo publicado por el periodista Heriberto Kahn en el diario La Opinión, en la edición del 6 de julio de 1975.
En la nota, el redactor del matutino, dirigido por Jacobo Timerman, reveló la existencia de una carpeta secreta firmada por el teniente general Leandro Anaya, donde le informaba al Comando General del Ejército, entonces a cargo de Jorge Rafael Videla, sobre la existencia de una red paraestatal dedicada a la persecución y aniquilamiento de opositores.
Esos datos, según Kahn, también formaban parte de otro documento reservado que el entonces presidente de la UCR, Ricardo Balbín, le había entregado a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.
El artículo de Kahn sostenía que ambas investigaciones indicaban que «López Rega sería el supervisor político de la organización» y que los responsables militares eran los Comisarios de la Policía Federal Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón. Pero además de esos dos efectivos, que integraron la custodia presidencial de Isabel y luego acompañaron a López Rega en su fuga hacia España, la nota de Kahn cuenta el famoso incidente relatado por el teniente del Regimiento de Granaderos a Caballo, Juan Segura, donde detalla la forma en que sus efectivos descubrieron una cueva de la Triple A, cuando se acercaron a pedir ayuda mecánica a una casa ubicada en el 3297 de la Avenida Figueroa Alcorta, donde funcionaba la revista El Caudillo, conducida por Felipe Romeo.
La carta no sólo quitó el velo a la estructura paraestatal que comenzó a operar en noviembre de 1973 con el atentado contra el senador radical Hipólito Solari Irigoyen. También confirmó las investigaciones realizadas por los coroneles del ejército Martín Rico y Jorge Oscar Montiel, que fueron sospechosamente asesinados antes del golpe militar.
Rico y Montiel habían recopilado los primeros indicios de la compleja trama de relaciones político–militares que dieron origen a la Triple A. Esos elementos, no sólo desembocaron en la indagatoria de los altos mandos militares antes del golpe, sino que dejaron una huella de crímenes impunes que 37 años después podrían comenzar a golpear las puertas de la Policía Federal, una de los principales protagonistas de la etapa previa al genocidio planificado.
