MILAGRO SALA. Valiente y clara nota editorial del Buenos Aires Herald sobre su injusta prisión

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El estado de democracia en Jujuy

 

Lacunza
Sebastián Lacunza, director del Herald. Periodismo de excelencia.

Tal como lo verificó un periodista del Herald en estos días durante una cobertura periodística, la dirigente social jujeña Milagro Sala permanece imposibilitada de expresarse en los medios de comunicación por decisión del juez de la causa. Se trata de una privación de derechos absolutamente excepcional que choca con garantías constitucionales, y si bien no es una situación inédita (por ejemplo, el líder de la banda narcotraficante rosarina “Los Monos” está hoy detenido y tampoco puede hablar con la prensa), sólo se justifica por un tiempo acotado mientras sus declaraciones públicas puedan obstruir el proceso legal. Ocurre que Sala ya lleva presa cinco meses. Si recordamos lo sucedido hace menos de un año (para ser exactos, el domingo previo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de agosto), un periodista de Canal 13 no tuvo restricción alguna para hablar con el condenado por el triple asesinato de General Rodríguez Martín Lanatta, quien acusó al entonces jefe de Gabinete y aspirante a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, de estar involucrado en el crimen. Lo paradójico es que Lanatta es un sicario condenado que pudo hablar en una celda acondicionada para la televisión mientras que Sala fue inicialmente detenida por protestar en una plaza y tiene su libre expresión cercenada, entre múltiples irregularidades que la afectan no sólo a ella sino a las garantías de todos.

Defender el debido proceso legal y la libertad de expresión de Sala no significa que la dirigente jujeña no deba ser investigada. Hay denuncias en su contra que llevan años sobre supuestos despotismo y arbitrariedades en el manejo de planes de viviendas y asistencia social. Sin embargo, su culpabilidad no es tan evidente como quisiera hacernos creer cierto bombardeo mediático, que se basa en gran parte sobre un video que muestra a militantes de Túpac Amaru retirando enormes fajos de dinero de un banco, algo pasible de ser dilucidado pero no ilegal de por sí. No es ése el fondo de este editorial, así como tampoco la gran cantidad de viviendas, escuelas y centros de salud construidos por las cooperativas creadas por Sala (en claro constraste con las extremadamente ineficientes y costosas políticas de vivienda tanto de la anterior gestión provincial peronista de Jujuy, el gobierno de la Ciudad a cargo de Mauricio Macri o el ministerio de Planificación Federal bajo Cristina Fernández de Kirchner).

Quizás sea demasiado temprano para comparar las políticas sociales del nuevo gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, con las de sus predecesores peronistas, pero no es tan pronto para decir que el Ejecutivo provincial está permitiéndose alarmantes extremos autoritarios, no sólo en la detención irregular de Sala sino también en la prohibición casi total de la protesta social.


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