Paraguay, golpe institucional y agronegocios

Comunicado de BASE IS a la opinión pública sobre la situación política del país

  BASE Investigaciones Sociales, institución con más de 20 años de trayectoria en investigación, difusión y elaboración de propuestas sobre el mundo rural y los derechos humanos, comparte con la sociedad nacional e internacional su parecer sobre la situación política actual de Paraguay, marcada por el juicio político contra el Poder Ejecutivo, basado en argumentos forzadamente ligados a los sucesos de Curuguaty. Y por lo mismo:

-Exige una investigación integral sobre lo sucedido en la finca Marina kue de YvyPyta, Curuguaty,, con especial atención sobre la hipótesis que habla de infiltrados entre el grupo de campesinos protagonistas de los hechos y la que sugiere que los disparos se hicieron entre policías con la confusión de la situación.

-Exhorta al Estado a que desarrolle sus investigaciones ajustado al debido proceso y a todas las garantías procesales y a los derechos humanos, especialmente en el tratamiento de los detenidos del sector campesino y más aún cuando involucre a menores de edad.

-Recuerda a la sociedad paraguaya que lo sucedido en Curuguaty tiene como transfondo el conflicto por la injusta distribución de la tierra en el país, que arrastramos desde la posguerra de la Triple Alianza y que se agudizó con el régimen stronista, teniendo como saldo una concentración de tierras en pocas manos, que fue calificada por la FAO como la más desigual del mundo

-Condena que partidos políticos tradicionales hayan encontrado en el trágico suceso de Curuguaty la excusa que venían buscando desde apenas asumido el gobierno de Fernando Lugo, para realizar un golpe institucional y volver a apoderarse del aparato Estatal, todo motivado por sus intereses egoístas.

-Recuerda a la sociedad paraguaya que los sectores políticos y económicos que hoy están sumando votos para la figura del juicio político no lo hacen porque buscan un presente mejor y más justo para nuestra sociedad, sino exlusivamente para seguir protegiendo sus negocios, ligados al latifundio y las mafias, muchos de ellos responsables directos de la existencia de tierras malhabidas y de la degradación de la cultura campesina e indígena en Paraguay y hasta la muerte de campesinos en sus luchas por acceder a su derecho a la tierra.

-Destaca que los sucesos acontecidos en Curuguaty se generaron ante la sensación de injusticia social que viene sintiendo la población campesina, alimentada por la completa inacción y falta de voluntad de los tres poderes del Estado en la recuperación de las tierras en situación irregular y su posterior redistribución en favor de la Reforma Agraria. Como también de la misma inacción en torno a las denuncias de fumigaciones, intoxicaciones y desalojos de las que son víctimas el campesinado y los pueblos originarios especialmente a consecuencia de la expansión del monocultivo dependiente de semillas transgénicas.

-Manifiesta su completo desacuerdo con el nombramiento de Rubén Candia Amarilla al frente del Ministerio del Interior, debido a sus antecedenes represivos durante su gestión como fiscal general del Estado desde 2005 a 2011, periodo donde 21 compatriotas agricultores fueron muertos en distintos operativos de desalojos encabezados por agentes fiscales bajo orden de Candia Amarilla. Lo mismo sobre el recientemente nombrado comandante de la Policía, Arnaldo Sanabria, que comandó el confuso y trágico desalojo.

-Alienta a los medios populares, comunitarios alternativos y ciudadanos a seguir intensificando sus labores de informar, ayudar a entender la situación y salir en defensa de los derechos humanos de las poblaciones más desposeídas, en tiempos de desinformación y deformación informativa por parte de ciertos medios empresariales de comunicación.

-Invita a todos los actores sociales del país a estar atentos al desarrollo de los hechos políticos.

FOTO: Sitio Oficial de la Cámara de Diputados