POR FACUNDO FALDUTO / PERFIL

Santiago Maldonado no fue apuñalado por un puestero el 21 de julio en Epuyén. Así lo afirman las pruebas de ADN difundidas hoy por la Fiscalía Federal de Esquel. Y sí estuvo en el corte de la Ruta Nacional 40 de Chubut el 1 de agosto, el día de la feroz represión de Gendarmería Nacional, fuerza señalada por varias versiones como responsable de su desaparición. No lo dicen encapuchados: lo declararon hoy bajo juramento dos mujeres (una mapuche y una militante de la causa) que ubicaron al artesano de 28 años en el predio donde comenzó la protesta, según informó TN  (lo que quiere decir que no se trata de «versiones» sino de testimonios. N. del E.).

A un mes de iniciada la búsqueda, cada vez quedan menos teorías en pie: o fue detenido por Gendarmería, o está «perdido» o «escondido» -vivo o muerto- en algún lugar del Sur, o lo abdujeron los aliens (que son más asiduos de Córdoba, pero capaz se desviaron para la Patagonia).

Llama la atención que justo este lunes, los medios de comunicación y el gobierno nacional coincidieran en virar su discurso sobre el caso hacia una versión más ajustada a la evidencia disponible. Periodistas que en cinco semanas difundieron versiones sobre Maldonado que solo embarraron la cancha comenzaron a apuntar el foco sobre Gendarmería. Y el propio oficialismo comenzó a marcar matices que no concedió desde un primer momento, cuando cerró filas para defender el operativo de la ruta 40 (donde fue visto Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad).

«Estamos trabajando y colaborando con la Justicia todo lo posible», dijo Macri. Con 34 días de reclamos de organizaciones sociales, medios independientes, y organismos de derechos humanos -nacionales e internacionales-, tuvo gusto a una excusa. Como cuando se escribe «estoy yendo» y todavía no se salió de casa. Si ahora están «trabajando», ¿qué pasó en el mes previo? Los funcionarios de Seguridad se limitaron hasta ahora a desvincular a Gendarmería del paradero de Maldonado, y a ellos mismos del accionar de Gendarmería.

Será difícil determinar qué provocó el cambio discursivo de Cambiemos. Acaso sea el crecimiento de la evidencia; acaso la creciente presión internacional; acaso quieran aplacar las aguas antes de las elecciones de octubre. Tal vez la masiva movilización del viernes, con una foto de la Plaza de Mayo colmada en varios medios del mundo, haya generado inquietud; tal vez sea el rechazo a la feroz represión generada después de los incidentes provocados por unos supuestos anarquistas, cuando menos sospechosos, que terminó con 30 detenidos que fueron liberados después de estar 48 horas incomunicados, sin imputaciones. (Duda: si los policías detuvieron a 30 personas, muchos de ellos periodistas, y no pudo presentar pruebas contra ninguna de ellas, ¿no sabían a quiénes se llevaban? ¿Por qué no capturaron a quienes iniciaron los disturbios? ¿Quiénes iniciaron los disturbios?) Pueden ser varias de las anteriores, o ninguna. En cualquier caso, el viraje será solo relato si no se profundiza la búsqueda, si no se atiende las acusaciones que pesan sobre Gendarmería, si no se cambian las políticas sobre las fuerzas de seguridad.

El caso Santiago Maldonado se politizó, porque es político, y ensanchó un poco más la grieta. Será tema de campaña y slogan opositor, incluso si, de milagro, el joven aparece con vida. Pero el tema de fondo es el control del Ejecutivo Nacional sobre sus fuerzas de seguridad, y hay que ser necio para negar que es un problema que concierne a todos los argentinos. Es un dilema que aqueja a los gobiernos argentinos desde 1983 y a la humanidad toda desde Juvenal: ¿Quién vigilará a los vigilantes? Alfonsín sufrió la «mano de obra desocupada» mientras los levantamientos lo obligaban a firmar la obediencia debida y el punto final. Menem firmó los indultos pero no pudo (o no quiso, o no supo cómo) controlar a las fuerzas que engendraron a Carrasco, Bulacio, Cabezas, Ramallo. De la Rúa declaró el estado de sitio: le respondieron con 35 muertos. A Duhalde le vendieron una toma del palacio del invierno de 2002 y el resultado fue Kosteki y Santillán. Felipe Solá intentó la reforma Arslanián en la Bonaerense y Scioli la deshizo con Granados. Es una aporía: si se habilita la «recaudación», se pierde el control político de las fuerzas; si se cortan las cajas, la réplica es más violencia y muerte. Lo sabe María Eugenia Vidal, que vive en una base militar de Morón en parte por intentar la segunda vía.

El primer kirchnerismo intentó el camino de no reprimir -la mayor parte de- la protesta social, de cierto control civil sobre las fuerzas de seguridad, de castigar los excesos en el monopolio estatal de la fuerza. Las fuerzas no dejaron de ser lo que son en Argentina, un poder que desafía al poder, pero la idea dio resultados razonables, al menos hasta 2009. La gestión Berni (que también usó a Gendarmería y Prefectura para seguridad interior) y la capitulación de Scioli ante la Bonaerense (que generó a Luciano Arruga, uno de los casos más parecidos a Maldonado) diluyeron el entusiasmo inicial; pero perduró unos años más la idea de que no se podía hacer cualquier cosa, al menos sin represalias. La gestión de Patricia Bullrich en Seguridad deshizo esa postura desde el primer día, cuando habilitó el regreso del «documentos por favor» sin justificativo. Desde enero de 2016 crecieron los reportes de excesos policiales, en particular en barrios humildes y asentamientos, en especial contra menores. «Les soltaron la cadena», fue la idea que se instaló en esos días. Volvió la noción de ir con cuidado a los recitales, de tomar precauciones en las marchas.

Es entendible que un gobierno de primera minoría, que «no controla la calle» y tiene opositores con poder de movilización, busque recostarse en las fuerzas de seguridad. Incluso es perdonable que los empodere en la lucha contra el narcotráfico (aunque esa lucha tenga el enfoque erróneo del prohibicionismo y de perseguir al consumidor además del proveedor). Pero dar vía libre a las fuerzas, aún por necesidad política, implica ignorar la historia argentina reciente y engendra riesgos peligrosos para todos. Más aún si se confirma que el gobierno evalúa apelar a las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y el terrorismo, como publicó la semana pasada Infobae. Más aún si el concepto de «terrorismo» es cada vez más elástico para el oficialismo. Si los militantes mapuches -que en muchas ocasiones son violentos, sí- son «terroristas», ¿cuánto falta para que quienes reclaman por ellos (o por Maldonado) también lo sean? El cambio de Cambiemos no debería modificar consensos que la democracia construyó sobre sus tragedias.

El gobierno nacional debe prepararse para el escenario que debió haber previsto el día 1, no el 34: que la evidencia apunte sin dudas hacia Gendarmería. En ese caso, debería sancionar y denunciar a los agentes involucrados, y separar de sus cargos a la ministra de Seguridad y a su jefe de Gabinete. Los nuevos funcionarios de la cartera harían bien en encarar un programa de control civil sobre todas las fuerzas de seguridad, y en instalar la idea de castigos a los excesos represivos. Y Macri debería disolver la AFI, como le pedía Carrió el año pasado. Continuar con el rumbo actual no solo ampliaría la crisis política, también escalaría el nivel de violencia que se vio en la movilización por Maldonado del viernes pasado. Una marcha que fue mayormente pacífica y terminó con incidentes sospechosos que sirvieron de excusa para una represión salvaje, para policías que pateaban a fotógrafos, para 30 detenidos al voleo. «Estamos en un momento en el que no queremos violencia», dijo el presidente este lunes. Tiene razón en pedirlo, pero él también debe hacer su parte. Comerse al caníbal mata a un caníbal, pero engendra otro.