Hay una polémica abierta porque algunos represores se han quejado ante el INADI de que no se les deja cursar carreras universitarias como a los demás penados. En la U-9 de La Plata un interno, un médico acusado (no convicto) de represor se encontró con que un profesor se niega a darle clase. Dijo el docente que lo suyo es una “objeción de conciencia”, un rechazo a “dar clases a una persona sobre la cual pesa la razonable sospecha de haber sido partícipe y/o responsable de delitos de lesa humanidad” aunque puntualizó que no se opone a que otros profesores le dan clase.
El médico represor apeló al INADI que estimó, a mi juicio sabia y salomónicamente, que se presenta un “conflicto entre dos derechos”: el derecho a la educación que posee el detenido y el derecho a ejercer su objeción de conciencia por parte del profesor. Y en consecuencia resolvió que si bien “el hecho denunciado no constituye una conducta discriminatoria”, ello se produce “sin perjuicio de la obligación de la UBA de garantizar al denunciante su derecho a la educación”. En fin, que para el INADI la UBA debe “garantizar dicho derecho, pudiendo asignársele al alumno otro docente, quien acepte desempeñar su rol”.
Hasta aqui, todo bien. Pero hete aqui que intervino el catedrático jefe del profesor, y dijo flor de huevada: “El dictamen del Inadi viene bien al debate, aunque en su afirmación no se sale del ‘derecho a estudiar’, y yo encuentro una tensión allí. Tendría mil reparos respecto de si al preso de lesa humanidad le cabe el mismo derecho, porque tengo la sospecha de que su pedido para estudiar no es genuino, creo más bien que están jugando con nosotros”.
Estoy en total desacuerdo: el derecho a estudiar de los presos no puede estar al albur de las sospechas del suspicaz catedrático ni de nadie. Las sospechas del catedrático valen tanto como mis opinones acerca del ikebana. O bien los criminales tienen derecho a estudiar, o no lo tienen.
Lo del catedrático me recuerda a los radichetas del Ateneo del Centenario que hicieron exitosa campaña para impedir que a Mario Eduardo Firmenich se le diera el diploma de que había aprobado sus estudios “cum laude”. Un escandalo: esas cosas se plantean antes o no se plantean.
mpedirle estudiar a un preso es, de hecho, un agravamiento de su pena. Los represores tienen que tener tanto derecho a estudiar como a redimirse. Impedirlo es, a mi modo de ver, profundamente reaccionario. Otra cosa es que se pida que el derecho a estudiar (y a tener un habitat mínimamente confortable) se extienda a toda la población carcelaria, sin excepción. En eso estoy de acuerdo.
