En fallo histórico, siete represores de la dictadura recibieron la más alta pena 

La sentencia del Tribunal Oral Federal de Salta se conoció pasadas las 12.30, en la sala de grandes juicios del edificio del Poder Judicial salteño, denominada “Miguel Ragone”, donde se desarrolló el proceso oral y público por la Megacausa, considerada histórica.
   
Este juicio, que contenía 17 imputados, 34 víctimas y 18 hechos cometidos durante la última dictadura militar, comenzó el 21 de mayo de 2012 y se extendió por más de 19 meses, en los que se cumplieron más de 80 jornadas de debate y declararon 277 testigos en forma presencial o por video conferencia.

Además, durante este proceso se leyeron testimonios de personas fallecidas o imposibilitadas de prestar declaración y se realizaron numerosas inspecciones oculares en las ciudades de Metán, Orán, Tartagal y en Salta Capital, entre otros lugares de la provincia. Algunos de los imputados participaron del debate por videoconferencia, desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza, en Buenos Aires, y desde la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario, en Santa Fe.

La última audiencia de hoy, comenzó con las palabras de los ex jefes militares imputados Mulhall y Ríos Ereñú, tras lo cual el tribunal, presidido por Carlos Jiménez Montilla e integrado por Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, pasó a deliberar.

Durante estos casi 19 meses de proceso, se analizaron los hechos de 18 causas, con 20 imputados -de los cuales dos fallecieron en agosto y diciembre de 2012, y un tercero fue separado por razones de salud- y 34 víctimas.

El fiscal federal Ricardo Toranzos constituyó la acusación, mientras que los abogados defensores eran los oficiales Federico Petrina -que asistió a 13 de los 17 imputados- y Martín Bomba Royo, que defendió a Ríos Ereñú. A ellos se sumaron los letrados particulares Orfeo Maggio, Dardo Verchán y Luis Garzón, mientras que las querellas estuvieron a cargo de Matías Duarte, en representación de la Asociación de Periodistas de Salta; y David Leiva, por la organización Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Además, actuaron Tania Kiríaco, por la Universidad Nacional de Salta (UNSa); Gastón Casabella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y Carlos Saravia, por Luis Fronda.

La megacausa comenzó con veinte imputados, pero Ubaldo Tomislav Vujovich y Abel Vicente Murúa fallecieron en diciembre y en agosto de 2012, por razones de enfermedad, mientras que Roberto Puertas fue excluido del proceso luego de sufrir un accidente cerebro vascular.
Entre las víctimas se encontraban Silvia Aramayo, que al momento de ser secuestrada era docente auxiliar de la cátedra de Historia de la UNSa; Gemma Fernández, que era profesora de Antropología; y Carlos Rojas, quien era alumno de la Facultad de Ciencias Económicas.

También estuvieron el arquitecto Ramón Gallardo, las hermanas Francisca y Carmen Torres, de General Güemes; René Russo, de Orán; Carlos Mosca Alsina; el soldado Víctor Brizzi; Martín Miguel Cobos; Luis Risso Patrón, de Metán; el gremialista Jorge Santillán; Reynaldo Isola; el periodista Luciano Jaime; Nolberto Guerrero; Felipe Burgos; y el médico Pedro Urueña.

También, entre las víctimas se incluyó a Eduardo Fronda y cuatro jóvenes militantes asesinados en la localidad salteña de Rosario de Lerma, identificados como Alfredo Mattioli, los hermanos Sergio y Marcial Estopiñán y Ricardo Tapia.

En su alegato, la Fiscalía solicitó la pena de reclusión perpetua para Ríos Ereñú, Mulhall, Cornejo Alemán, Gentil, Mendíaz y Guil, prisión perpetua para Toledano, Alzugaray y Ovalle; 18 años de prisión para Correa; 16 para Almirón; 12 para Vivas; 9 para Pachao; 8 años para Caucotta; 6 para de la Vega; y 3 años y 8 meses para Gatto y Chain.

La causa principal fue caratulada “Guil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía, como autor mediato y partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda”. A esta causa se le sumaron otras 17, por hechos cometidos en esta provincia norteña, entre 1975 y 1978.

El tribunal decidió también revocar la modalidad domiciliaria de la prisión preventiva a Mulhall, Gentil, Ríos Ereñú, Cornejo Alemán, Guil y Alzugaray, mientras que los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 26 de marzo próximo.

En febrero indagarán al ex juez Lona

El ex juez federal de Salta Ricardo Lona deberá prestar en febrero próximo una declaración indagatoria por su presunta participación en la denominada “Masacre de Las Palomitas”, en la que once presos políticos fueron ejecutados durante un traslado el 6 de julio de 1976, y en la desaparición del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone.

Así lo resolvió el juez tucumano Luis Poviña, que subroga en la causa, al dejar sin efecto la suspensión de la indagatoria que había ordenado su colega salteño Miguel Medina y haciendo lugar al pedido del fiscal Horacio Azzolín y de la querella, que reclaman la indagatoria de Lona en estas dos causas emblemáticas.
   
Poviña convocó a indagatoria a Lona para el 27 de febrero a las 11.30 y justificó esa fecha en la “agenda ya asumida”, dado que, al mismo tiempo que interviene en esta causa que tramita en Salta, es titular del Juzgado Federal 2 de Tucumán y subroga el 2 de Jujuy. Para adoptar la resolución, Poviña debió dejar sin efecto una disposición del juez salteño Miguel Medina, quien había dispuesto la suspensión de la indagatoria pautada en la causa “Ragone” para el 11 de julio pasado.
   
Medina ordenó la suspensión cuando Lona presentó un recurso de “falta de acción”, que, en otros términos, significa que el imputado considera que los hechos por los que se lo acusa estaban prescriptos cuando se inició la causa.

El juez Medina supeditó el llamado a indagatoria a la resolución de ese planteo y luego se apartó de la causa. Poviña acaba de dejar sin efecto esa suspensión con los argumentos que expusieron el fiscal Azzolín y la querella, que recogen la jurisprudencia de la Corte Suprema y diversa doctrina acerca de que ese tipo de planteos deben tramitar en forma separada a la causa principal y, mientras tanto, la investigación debe seguir adelante.

En ese sentido, Poviña indicó que “resulta imprescindible ahondar esfuerzos e imprimir celeridad en la investigación penal en curso para lograr esclarecer los hechos delictivos denunciados de carácter deshumanizante, garantizando así el derecho de las propias víctimas, sus familiares y causahabientes a conocer la verdad de lo ocurrido y obtener una reparación integral, así como la eventual condena de quienes puedan resultar responsables de tales hechos”.

Lona está acusado por delitos de supuesto “encubrimiento y prevaricato” por no haber investigado 11 denuncias que llegaron a su conocimiento como único juez federal de Salta, sobre desaparición de personas, homicidios y privaciones de la libertad antes y durante la dictadura, ya que “no realizó investigación ni diligencia alguna”.

Para familiares y querellantes, fue un fallo histórico

Los querellantes y familiares de las víctimas del juicio que por 18 causas de lesa humanidad concluyó hoy, en Salta, calificaron de “histórico” al fallo del Tribunal Oral Federal salteño, que condenó a siete represores a cumplir prisión perpetua.

“Nos parece un fallo histórico, porque es el estado a través de sus instituciones que va determinando que los delitos de este tipo no van a quedar impunes”, expresó a Télam el querellante David Leiva, quien representó a la organización Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El tribunal revocó la modalidad de domiciliarias de la prisión preventiva para Mulhall, Gentil, Cornejo Alemán, Ríos Ereñú y Alzugaray, y anticipó que la lectura de los fundamentos de la sentencia será el 26 de marzo próximo.

Leiva opinó que “estamos conforme que se haya revocado la prisión domiciliaria, porque esto era una burla a la sociedad y a los familiares” y anticipó que “en la parte en que no nos favoreció el fallo, de quienes creemos que son asesinos, como Chaín y Gatto, vamos a casar”.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, dijo sentirse “particularmente muy emocionado” y señaló que “en condiciones generals es un gran fallo, salvo por las absoluciones de Chain y Gatto”.
   
En este sentido, anunció que “vamos a pelear hasta la última instancia judicial”, al tiempo que consideró que “en gran medida en esta megacausa con 17 imputados, se hizo justicia, y se determinó algo que veníamos esperando desde hace mucho que era la revocación de la prisión domiciliaria”.
   
“Nuestro objetivo era que cumplan efectivamente sus penas en cárceles comunes, como cualquier ciudadano”, dijo, y destacó la “gran tarea desplegada por todos los querellantes”.

Luis Fronda, que era hermano de Eduardo Fronda, una de las víctimas de este juicio, aseguró que ve “con satisfacción que esta justicia federal ha reflexionado sobre lo que no estuvimos de acuerdo en el juicio por el secuestro y el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone, que es la prisión domiciliaria”.
   
“En esa ocasión, los jueces le dieron prisión perpertua pero los mandaron a los acusados a sus casas, a que reciban a los amigos y se conviertan en prisioneros vip. Hoy han revocado ese fallo. Es la misma justicia federal que ha reflexionado”, señaló, a la vez que expresó que “la razón de muerte de 30.000 compañeros continúa vigente”.

Cristina Cobos, que era la esposa y la hermana de dos de las víctimas de este juicio, Víctor Brizzi y Martín Miguel Cobos, sostuvo que “es una condena ejemplar que, salvo por los casos de Gatto y Chain, nos deja conformes”.

Además, remarcó su satisfacción por la condena aplicada a Cornejo Alemán, que “es la primera que tiene habiendo sido el segundo jefe del Ejército, junto con De la Vega, que eran dos miembros de la plana mayor del Ejército en Salta que en aquel momento pergeñaron el plan de exterminio”.

A la vez, Cobos detalló que “la revocatoria de las prisiones domiciliarias para nosotros es una conquista, una lucha y un pedido que hace muchísimo tiempo venimos reclamando”. Finalmente, la querellante de la Universidad Nacional de Salta, Tania Kiríaco, consideró que se trató de “un juicio histórico, que abrió mucho dolor y los familiares de las víctimas rememoraron ese dolor”.

“Un juicio donde se probó la responsabilidad de cada uno de los represores y donde toda la sociedad está involucrada porque no solo son familiares sino docentes universitarios, intendentes, médicos”, indicó.

Kiríaco manifestó que “la novedad de este juicio es que es la primera vez que se juzga y se condena a un represor civil en Salta (Juan Manuel Ovalle) y, si bien pedimos perpetua, le dieron ocho años pero de prisión efectiva”.

La letrada precisó que “otra novedad es que le revocaron la prisión domiciliaria a los principales acusados, que van a cumplir sus condenas en una cárcel común” y agregó: “esto era lo que pedían las familias de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad”.

La sentencia del Tribunal Oral Federal de Salta se conoció hoy, pasadas las 12.30, en la sala de grandes juicios del edificio del Poder Judicial salteño, denominada “Miguel Ragone”, donde se desarrolló el proceso oral y público por la Megacausa, considerada histórica.

Este juicio, que contenía 17 imputados, 34 víctimas y 18 causas de hechos cometidos durante la última dictadura militar, comenzó el 21 de mayo de 2012 y se extendió por más de 19 meses, en los que se cumplieron más de 80 jornadas de debate y declararon 277 testigos en forma presencial o por video conferencia.