Un asunto de vida o muerte: las amenazas de la Federal a Cristina y la valija de Ezeiza
La verdad se revela de una manera cruel y sin derecho a la apelación. En el «Manual del asesinato político» incluido en un informe preparado por la CIA y publicado en agosto de 1997, al ser levantado el secreto que lo mantuvo oculto durante décadas, se afirma: “El magnicidio es una medida extrema y debe darse por supuesto que jamás será ordenado ni autorizado por ningún cuartel general de los Estados Unidos. Las instrucciones para el asesinato político jamás deben ser escritas o grabadas”.
La honestidad brutal del texto no necesita ninguna explicación adicional. La inteligencia norteamericana no les pide factura a sus agentes para abonarles los crímenes, ni las malas acciones. Esta premisa se transformó con el paso del tiempo en un mandamiento sagrado de las fuerzas de seguridad de todo el planeta.
En el caso concreto de la Policía Federal sucede algo parecido. La institución que controla el poderoso termómetro callejero de la inseguridad puede provocar, en un abrir y cerrar de ojos, que los delitos y crímenes contra la ciudadanía aumenten de una manera desmedida y tengan una fuerte repercusión social. Esto se logra liberando zonas estratégicas de la Capital Federal, dejando que los delincuentes actúen libremente y haciendo que los efectivos de la fuerza trabajen a reglamento, lo que se traduce en una especie de huelga de brazos caídos.
Obviamente que todo esto se lleva a cabo sin una orden escrita, que la jefatura de la Federal emite a sus subalternos y a los chorros. Para eso hay otros métodos. Y de esa forma y pese a lo llamativo del crecimiento de la inseguridad, no existe ninguna prueba concreta que culpe a la institución. Pero tanto los federales como sus jefes políticos entienden a la perfección el mensaje, ya que ésa es la forma clásica en que los federicos les expresan a los funcionarios de turno su malestar por alguna decisión política que los incumbe.
Esta sutil (¿) amenaza le fue comunicada a la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, la semana pasada. Y los mensajeros fueron nada menos que las nuevas autoridades de la institución, el flamante jefe de la Federal, comisario general Enrique Rubén Capdevila, y el subjefe, comisario general Alejandro Eduardo Di Nizo. Para demostrar la gravedad del malestar que tienen los integrantes de la policía, al final de la cordial reunión, los dos pesos pesados de la fuerza anunciaron verbalmente que renunciaban a sus cargos.
El impacto de la noticia sorprendió de tal manera a la funcionaria kirchnerista, que la dejó momentáneamente sin habla. La jugada de los comisarios fue bien planeada, al dejar a la ministra en un callejón sin salida, en donde sólo tenía una salida al planteo de los miembros de la cúpula: no podía de ninguna manera aceptar la dimisión de los uniformados.
Eso hubiera provocado un gigantesco papelón del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a lo que se hubiera sumado la total acefalía de la conducción de la Federal, ya que los K no tenían reemplazantes confiables e inmediatos para llenar el espacio vacío que hubieran provocado las inesperadas dimisiones.
Por eso, luego de recomponerse del silencio en que la sumió la noticia de sus interlocutores, Garré les pidió en tono amable que no tomaran decisiones apresuradas y que pensaran con tranquilidad lo que querían hacer, para lo cual les dio varios días de tiempo y dio por terminado el encuentro manifestando que no aceptaba sus renuncias.
“Los líderes de la Federal no pensaron en ningún momento en dejar la institución. Su plan era bien distinto. Los jerarcas habían solicitado una reunión urgente con Garré, que se llevó a cabo el martes 11 de este mes. Allí, le plantearon sin rodeos que sus subalternos estaban al borde de la desobediencia y que se les hacía muy difícil controlarlos, debido al enorme enojo que les habían provocado las principales medidas adoptadas por la ministra con respecto a la Federal.
Los capos azules se victimizaron afirmando que su poder era muy reducido ante los oficiales y que por eso estaban obligados a renunciar. Pero eso no fue todo. Los jefes señalaron que la policía estaba inactiva debido a la prolongada indefinición del Ministerio de Seguridad para nombrar a los trece nuevos superintendentes de la Federal. Estos puestos no son para nada menores, son los que siguen en la jerarquía al jefe y el subjefe.
Mucho poder pasa por los superintendentes, lo que quiere decir que ellos manejan a los casi 30 mil efectivos que integran la fuerza. Con esto, Capdevila le echaba la culpa de la situación a Garré, ya que ella asumió el 15 de diciembre su puesto y de inmediato pasó a retiro a los trece superintendentes que respondían al ex jefe azul Néstor Valleca.
La importancia de las vacantes obligaba a un rápido nombramiento de los reemplazantes. Pero ante la sorpresa de todos, los nombramientos se dilataron exageradamente, ya que según Capdevila, la ministra rechazaba todos los candidatos que el nuevo jerarca le proponía. También, le dijeron que la Federal estaba muy sensibilizada por el trato que el Gobierno nacional les daba. Principalmente, por las cosas que los políticos kirchneristas dicen de la institución en los medios de comunicación.
«Finalizaron dejándole bien claro que esa parálisis se reflejaría de una manera alarmante en la inseguridad de los habitantes de la Ciudad”, explicó los detalles del encuentro a Noticias Urbanas un alto líder de la policía cercano al nuevo capo de la institución.
El hecho cúlmine que desencadenó el planteo de los jefes fue el pase a disponibilidad del electo superintendente de Asuntos Internos, el comisario general Raúl Timossi, un íntimo amigo de Capdevila que aunque todavía no había sido nombrado oficialmente en su cargo, ya tenía la aprobación de Garré. Lo que no sabía la funcionaria nacional es que Timossi estaba implicado en una causa judicial que lleva adelante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y que se inició cuando un ex cabo, con sumarios internos en la fuerza, acusó a sus jefes porque nos les pagaban los adicionales.
La primera en enterarse de esta situación fue la secretaria de Seguridad Operativa de la Nación, María Cristina Caamaño, a quien recurrió en primer lugar Capdevila para defender a su amigo.
Sin embargo, luego de que Caamaño le comunicó a Garré la situación judicial de Timossi, la ministra no escuchó ningún tipo de argumento y bochó la elección del comisario general como futuro superintendente de Asuntos Internos, pasando a disponibilidad al comisario.
Esta fue la gota que rebalsó el vaso y por eso Capdevila decidió mostrar los dientes y recordarle de manera elegante a la funcionaria kirchnerista, quién controla a la Federal en los hechos. Garré comprendió enseguida que el mensaje que le manifestaban los comisarios no era una bravuconada y de inmediato accedió a poner en marcha ciertas de las exigencias solicitadas.
Eso quedó demostrado al día siguiente de la reunión, el miércoles 12, cuando Capdevilla y la ministra volvieron a reunirse para definir rápidamente los nombres de los nuevos superintendentes. Al día siguiente se hicieron públicos los nombramientos.
El dato clave del anuncio fue que la gran mayoría de los elegidos fueron propuestos por el jefe de la Federal. NU pudo averiguar que las exigencias de la policía a la funcionaria K no se detuvieron. “Hubo otros dos reclamos importantes que le realizaron y que se centraron en la solicitud de que la Gendarmería no realizara acciones para la cual no tiene atribuciones y que le pertenecen únicamente a la Federal. Además, manifestaron su rechazo a los supuestos malos tratos que algunos de los nuevos funcionarios K, que fueron nombrados por Garré, impartían a experimentados e importantes hombres de la institución”, señaló un comisario inspector.
En definitiva, la idea central de los federicos era dejar en claro que ellos no eran la Policía de la Provincia de Buenos Aires, haciendo alusión a la intervención que había sufrido esa fuerza, que llegó a ser comandada por un civil, algo que la Federal no está dispuesta a aceptar bajo ninguna circunstancia. Y que eso incluye llevar adelante aquellas acciones que la CIA confirmaba que nadie ordenaba.
