La comisión agregó que aparte de las pruebas y testimonios recolectados, el propio EI hizo público su deseo de exterminar a la comunidad por considerarlos paganos e inferiores a las personas.

«Esperamos que la evidencia desencadene una respuesta a nivel político. Concretamente, esperamos que en este caso horrendo, los estados miembros del Consejo de Seguridad estarán convencidos de la importancia de intentar hacer Justicia», afirmó en conferencia de prensa el presidente de la Comisión, Paulo Sergio Pinheiro.

El pedido de la Comisión, que por primera vez confirma que se ha cometido un crimen de genocidio en Siria, es que el Consejo de Seguridad «refiera el caso a la Corte Penal Internacional, o que establezca un tribunal ad hoc con la jurisdicción geográfica y temporal pertinente», informó la agencia de noticias EFE.

Los yazidíes son una comunidad étnico-religiosa kurda asentada en el norte de Irak desde hace siglos, aunque también hay pequeñas comunidades en Siria, Armenia, Georgia, Irán, Rusia y Turquía.

No se sabe a ciencia cierta cuántos miembros tiene la comunidad debido al secretismo que envuelve a la confesión y al exterminio del que han sido objeto en los últimos años, aunque se estima que son unos 800.000 fieles.

El informe, que se centra exclusivamente en las atrocidades cometidas por el Estado islámico en Siria, está basado en 45 entrevistas con supervivientes, líderes religiosos, contrabandistas, activistas, abogados, personal médico y periodistas.

Según los testimonios, más de 3.200 mujeres y niños yazidíes están en poder del EI, «muchos de ellos aún cautivos en Siria donde son sometidos a los más inimaginables horrores», mientras que miles de hombres y niños han desaparecido.

Las mujeres son tomadas como esclavas sexuales y los niños han sido separados de sus familias para ser criados lejos de su comunidad, sus valores y su religión, con el objetivo de arrebatarles su identidad y adoctrinarlos como combatientes.

«Hemos hecho una investigación correcta y hay suficientes evidencias y testimonios que confirman el crimen de genocidio y que permiten preparar una acusación que lleve a un futuro procesamiento. Es hora de que el Consejo de Seguridad actúe en este caso», añadió la ex embajadora de Suiza en Buenos Aires, Carla del Ponte, que también integra la Comisión.

Del Ponte subrayó que el caso «no está politizado» ya que «no están implicados ni el gobierno sirio ni los grupos armados de la oposición» por lo que el Consejo de Seguridad podría actuar rápido.

Por su parte, Vitit Muntarbhorn, el tercer componente, recordó que Irak y Siria son parte de la Convención de 1948 sobre Genocidio, por lo que tienen «la obligación» tanto de prevenir como de juzgar y castigar dicho crimen.

Asimismo, destacó que la información recabada ha sido enviada a los demás países miembros de la Comisión sobre Genocidio, para que puedan establecer una investigación sobre nacionales implicados en los crímenes enumerados anteriormente, algo a lo que están obligados.