AUTOMÓVILES BLINDADOS y ROSTROS DE PIEDRA. El ministro Dietrich tiene la vaca atada

Una de las diez definiciones de ROBAR que puede leerse en el diccionario de la Real Academia es “tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea”. Los argentinos tenemos la potestad de agregar otra, sinóptica e irrebatible: CAMBIEMOS. Robar en una infinita gama de mecanismos es lo que ha hecho el actual gobierno y su banda de esbirros desde que asumió el pasado 10 de diciembre. Dietrich, ministro de Transporte de la Nación que ya había demostrado su sobrada ineptitud en el desempeño de ese cargo durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, se resiste a abandonar su condición de CEO y continúa realizando fabulosos negocios aliado a las empresas de su familia. Ahora obtiene pingües ganancias blindando autos para el gobierno que integra. M.A.

Los millonarios negocios del ministro Dietrich

 

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POR MARIANA ESCALADA Y AGUSTÍN RONCONI / ELDISENSO.COM

Con datos de Lapolíticaonline

Un mes antes de asumir, una empresa de la familia del Ministro Dietrich invirtió 4 millones de dólares en una fábrica de blindaje que hoy se lleva todas las contrataciones millonarias del gobierno. ¡Un visionario!

En noviembre nadie imaginaba que el blindaje de autos se volvería un boom de la mano de Cambiemos pero Dietrich lo tenía más que claro: apostó todas las fichas a que Cambiemos ganara las elecciones y construyó “Strong” su propia planta de blindaje de autos por la friolera de 4 millones de dólares. Hace 9 meses la fábrica tenía la capacidad de colocar cristales anti balas y anti vandálicos en 500 unidades y de blindar otras 200. También produce localmente la tela de aramida (kevlar), que utilizan los chalecos antibalas.

“Llevamos doce años en el negocio de blindaje; tuvimos nuestro pico máximo en 2013 cuando blindamos 130 unidades, y hoy el negocio está estabilizado en 100 unidades al año”, explicó Horacio González Ramírez, director de Strong/Dietrich aunque sus dichos no coinciden con la información publicada por la misma empresa.

Blindaje anual

La empresa del Grupo Dietrich que se ocupa del blindaje es Movilaut S.A. Según la propia web del grupo en los primeros 6 meses de gobierno de Cambiemos, las “cuentas a cobrar netas por parte de Movilaut S.A. al periodo de seis meses finalizado al 30 de Junio de 2016 ascendían a $3.544.102”. Hernán Dietrich, CEO de la empresa, espera quintuplicar en menos de un año el promedio de blindados.

El costo de blindar íntegramente un auto se ubica entre los $ 400.000 y  $ 500.000 más IVA según Strong/Dietrich.
Movilaut S.A. opera a través de la marca comercial Strong. El servicio de blindaje representa el 5.3% de la facturación total del grupo. Dietrich posee una planta integral de blindaje y es la única oferta completa certificada por RENAR en los distintos niveles de seguridad balística.

Interesante visión de futuro, apostar 4 millones de dólares a un ramo que se encontraba “estabilizado en 100 unidades al año” y que desde que asumió Macri se catapultó.

Negocio redondo

Según el esquema de trabajo diseñado desde Cambiemos, el ministro tiene bajo su órbita la realización de obras viales. Esto le posibilita a Dietrich estar en contacto directo con intendentes de todo el país. El gobierno licita cientos y cientos de blindajes para vehículos, y es de imaginar cual empresa es la que recibe los contratos. LPO denuncia que “en varios municipios sucedió que luego de acordar una obra con el ministro, como un paso a nivel o reparaciones de rutas y avenidas, el intendente recibió a los pocos días una propuesta de Strong para blindar los patrulleros comprados con fondos locales”.

Morón

Dietrich S.A. fue la única oferente para la adquisición de dos camionetas Volkswagen Amarok y diez autos Volkswagen Polo blindados y ploteados. No existió compulsa de precios y desde Cambiemos alegaron que “la Secretaría de Seguridad informó que Dietrich era la única empresa que vendía los vehículos y al mismo tiempo los ploteaba y los blindaba”.

Presionados por el Frente Renovador, el oficialismo incorporó dos presupuestos más a la compulsa original: Autotag por $5.747.599 y Autoseguro por $2.192.520 solo el blindaje. Dietrich ofertó por $5.675.872.

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Vicente López y Tres de Febrero

Jorge Macri y Diego Valenzuela, ambos de Cambiemos, decidieron comprarle 32 Toyota Hilux y 5 Volkswagen Polo blindados a la empresa del ministro Dietrich, pero en esta oportunidad y a fin de evitar inconvenientes, las compras se realizaron con “cláusulas de confidencialidad” lo que impide que los legisladores de la oposición se enteren cual fue el costo de la compra.

AFIP también blinda

El periodista Alejandro Bercovich reveló que Alberto Abad, actual director de la AFIP, ordenó blindar su auto oficial. El Volkswagen Vento fue blindado por Dietrich S.A. a través de una licitación privada cuyo costo ascendió a $350.246.

“La jefa de Compras, Cecilia Trabucco, advirtió de inmediato a la empresa que anularía el contrato porque incumplía el artículo 54 de la disposición 297/03 del organismo recaudador, que impide a familiares de funcionarios proveerle servicios o venderle bienes. Cuando pidió que le devolvieran el Vento, la compañía respondió que ya lo había terminado. Sin marcha atrás posible, Trabucco procuró saldar el diferendo con una multa llamativa por lo modesto: $5.000”, explicó Bercovich.

Vidal también quiere blindarse

850 unidades Toyota es otra licitación privada en la que Dietrich S.A. se hizo presente, esta vez para blindar patrulleros de la Policía Bonaerense de Vidal. Abriendo el paraguas, Ritondo adelantó a la prensa que “Los patrulleros que compramos nos llegan ya blindados. De eso se encarga la empresa que gana la licitación y es esa empresa la que elige donde blindarlos”. Pero Ritondo evitó especificar si es la empresa de Dietrich la subcontratada para blindarlos.

Desde Dietrich S.A. explicaron que la ley de Ética Pública no se aplica porque el ministro lleva más de 3 años sin ser directivo ni accionista, pero según el Prospecto de Dietrich S.A. denominado “Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un Valor Nominal de hasta $500.000.000” que está actualmente publicado en la web de la compañía, el ministro aún posee participación accionaria en Armoraut S.A., la empresa del Grupo dedicada a comercializar automotores de la marca Ford de la cual es concesionaria oficial.

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Luz verde para los amigos

Durante su paso por la Subsecretaría de Transporte de la CABA, Dietrich le otorgó una contratación por 9,9 millones a McKinsey Argentina SRL, empresa de Francisco Ortega, uno de los miembros del Consejo de Administración del G25 junto a Esteban Bullrich y Dietrich. El G25 es otra de las fundaciones del PRO que busca “talentos del ámbito privado” para “fomentar en ellos la vocación por lo público”.

De esta manera, Dietrich fomentó la vocación “por lo público” otorgándole a la empresa de su amigo un contrato directo sin licitación previa y por casi 10 millones “por tratarse de una consultora líder en temas de infraestructura y movilidad urbana que regularmente trabaja con gobiernos, reguladores y operadores de tránsito” para que la empresa realice un “servicio de consultoría para la evaluación del estado actual, propuesta de modernización y elaboración de anteproyecto técnico para el llamado a Licitación de las Obras y Actualización Tecnológica de los Sistemas de Señalización Luminosa”.

Ladrones Gobernando

El ministro Dietrich calificó como “discriminatorio” el proyecto de legisladores kirchneristas para limitar el ingreso de ex CEOs de empresas a cargos públicos y declaró que “el Frente para la Victoria tendría que hacer una ley para que no puedan tener más ladrones gobernando” publicó ayer Clarín.

Un grupo de legisladores del Frente para la Victoria está impulsando una modificación de la ley 25.188 para “limitar el acceso de CEOs a la administración pública”, y esto podría afectar los millonarios negocios del Grupo Dietrich.

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Un comentario

  1. Ni hablar de la contratación del gigante naviero Maersk-Svitzer para la asistencia con remolcadores a buques de GNL en Escobar y Bahia Blanca, violando la Ley de Compre Argentino y la Ley de Malvinas que prohíbe la contratación de empresas que hayan prestado servicios en el archipiélago.

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