Bolivia. El golpe de las ONG’s

¿Qué pasó el 25 de setiembre?. De manera sorpresiva la policía intervino sobre los marchistas, indígenas amazónicos que buscan llegar a La Paz para oponerse a la construcción de una carretera por sus territorios. La razón formal de los policías era evitar un enfrentamiento entre indígenas y campesinos pro Evo que bloqueaban en Yucumo para evitar su paso. No obstante, la intervención policial derivó en una violenta represión, con uniformados golpeando y esposando a indígenas, incluyendo madres con niños, y cubriéndole la boca con cinta adhesiva.

Hubo una ola de rechazo en las ciudades. La ministra de Defensa Cecilia Chacón renunció en rechazo a la represión con una carta en la que dice "No así". Los medios de comunicación, la gente en las calles y en las redes sociales bolivianas no hablaban de otra cosa. 24 horas después Evo Morales dijo que él no ordenó reprimir, que la acción policial fue «imperdonable».

Unas horas más tarde cayó el ministro de Gobierno (Interior) Sacha Llorenti. Es verdad que unas horas antes el Canciller David Choquehuanca, que se acercó a la marcha a negociar, fue «retenido» por un grupo de mujeres que lo obligó a marchar durante varias horas, pero ese tipo de acciones son bastante comunes en Bolivia, y el propio Evo Morales en el pasado también apeló a ellas, por lo que la sobreactuación legalista de Llorenti apareció como una mera justificación del desborde policial. Finalmente, Evo pidió disculpas a los indígenas. Hubo sin duda una mezcla de cierta intransigencia y torpezas varias en el manejo del conflicto.

¿Qué es lo que está en juego en el TIPNIS? La historia comienza con la decisión del gobierno de Evo Morales de construir una carretera cuyo segundo tramo atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que es al mismo tiempo una reserva natural y el hábitat de pueblos amazónicos como yuracarés, chimanes y mojeños. Pero además hay otros actores, como los cocaleros, que se fueron expandiendo y en los años 90 acordaron no pasar más allá de una «línea roja» acordada con los indígenas, la COB y el gobierno de entonces, además de narcos que aprovechan el aislamiento de esta región y traficantes de madera.

El gobierno tiene argumentos sensatos para justificar su iniciativa: integrar el país (viajar por tierra a la Amazonía sigue siendo un suplicio) y sentar presencia estatal en la Amazonía, una región tradicionalmente a merced de elites filomafiosas, ganaderos, madereros, etc. Pero también son razonables las prevenciones indígenas: temen una invasión de los cocaleros, perder su hábitat y pagar altos costos ambientales. Y quieren que se cumpla el derecho a la consulta previsto en la nueva Constitución. Basta visitar el TIPNIS para ver que hay lógicas territoriales , culturales, y cosmovisiones muy diferentes entre colonizadores aymaras/quechuas y los originarios de la región, más vinculados a modos de vida tradicionales.

¿Hay tensiones entre los diférentes sectores indígenas/campesinos? Sí y en la Asamblea Constituyente no se abordaron con seriedad estos problemas. La nueva Constitución habla siempre de «indígenas-originarios-campesinos», como si construir una voluntad colectiva fuera una mera adición matemática, pero estos grupos tienen a menudo visiones diferentes sobre los problemas nacionales e incluso intereses divergentes. Basta un ejemplo: el máximo dirigente campesino Roberto Coraite dijo que la ruta es necesaria para que los indígenas amazónicos dejen de vivir «como salvajes». Luego pidió disculpas pero en realidad solo había dicho lo que realmente pensaba. Además, quechuas y aymaras cuestionan que pueblos amazónicos de algunos cientos o miles de personas hayan accedido mediante las Tierras Comunitarias de Origen a miles y centenares de miles de hectáreas, e incluso dicen que hay que acabar con los «terratenientes indígenas» y piden revisar la actual ley de tierras. Los indígenas de tierras bajas (entre los que se destacan los guaraníes) siempre fueron militantes de segunda en el Movimiento al Socialismo, un partido hegemonizado por quechuas y aymaras. Finalmente, lo indígena como un sujeto colectivo homogéneo, o bien es una autoconstrucción basada en un razonable «esencialismo estratégico» para construir un sujeto político o es una visión derivada de las lecturas que los ubican a todos en un imaginario bloque subalterno, pero mantener la «unidad popular» requiere permanentes esfuerzos por articular intereses. Evo lo logró en varios momentos, pero en otros, como ahora, los «particularismos» estallan. Pero muchas ideas romanticas sobre la indianidad pasan por encima de estas "contradicciones en el seno del pueblo", construyen sujetos revolucionarios/subalternos ideales y luego piensan las cosas en términos de traidores o cosas por el estilo.

¿Cómo afecta esto a Evo Morales? En menos de doce meses, Evo Morales debió retroceder dos veces en temas que el gobierno consideró previamente como innegociables. En diciembre del año pasado se vio obligado a derogar el decreto del gasolinazo (derogación de los subsidios estatales y aumento de los combustibles hasta 80%) cuando las protestas amenazaban con masificarse. Esta vez hizo lo mismo al transferir «al pueblo» de Cochabamba y Beni -los departamentos involucrados- la decisión de seguir o no con la carretera. Pero más allá de cómo se termine de resolver este embrollo, este nuevo paso atrás no es inocuo. Muchos saben ahora que en las calles se puede torcer el brazo de un gobierno imbatible en las urnas. Y en Bolivia son muchos los que tienen capacidad de veto.

Si contra la derecha y los «separatistas» Evo es invencible, lo es menos frente a sectores de sus propias bases, en un país donde la fidelidad a los líderes suele quedar a merced de complicadas configuraciones del humor social. Además, la represión violentó sin duda la «confianza étnica» de la que aún goza el presidente boliviano. Los campesinos consideran a Evo «uno de los nuestros, puesto por nosotros ahí en el palacio»; una idea de autorepresentación que no existe en otros países de la región, y no le hace las cosas fáciles ni siquiera a un gobierno popular. A ello se suman las disputas por las rentas de los recursos naturales, la base material de la economía boliviana, disputas que combinan demandas naturalmente democráticas de inclusión con ciertas imágenes del «Estado mágico» capaz de resolver todos los problemas frente a una economía privada débil. El problema es que el estado también es débil.

En Bolivia la gente lucha literalmente a muerte por sus reivindicaciones sectoriales, como lo hacía el propio Evo como dirigente cocalero, por eso es tan difícil de gobernar y por eso se necesita tanta capacidad de negociación, la que no mostró el gobierno al decir que la carretera iba «sí o sí».Aunque con un presidente más fuerte que cualquiera de los anteriores, lo ocurrido con el gasolinazo y con el TPNIS recuerda que en Bolivia la sociedad es fuerte y el Estado es débil, un atractivo para los estudiosos de los movimientos sociales pero un problema, sin duda, para quienes deben gobernar. Además, la represión -y si hay muertes es peor- suele generar una indignación moral mucho más efectiva en términos de movilización que cualquier demanda proactiva. Por eso fue tan grave el efecto de la acción policial en el TIPNIS, incluso sin haber habido muertos: la economía moral del pueblo no tolera que un gobierno indígena reprima a los hermanos indígenas. Tan simple -y efectivo- como eso.Evo no se va a caer, pero su segunda gestión muestra mucha menos épica e iniciativa que la primera.