BONADIO / Una nueva acción jurídico mediático política para ocultar a los verdaderos autores del atentado a la AMIA

Compartí

ILUSTRACIÓN: MATÍAS CHIENZO.

GABRIEL FERNÁNDEZ / LA SEÑAL MEDIOS

En una secuencia de resoluciones judiciales que averguenzan a la Nación, el juez federal Claudio Bonadio, con impulso en el gobierno liberal y amparo de los medios concentrados, dispuso la detención de personas sobre las que ni siquiera recae la sospecha de algún delito.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por la firma del Memorándum con Irán. Por esa causa también fueron detenidos Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil. Oscar Parrilli y Andrés Larroque resultaron procesados; en su caso se les impuso la prohibición de salir del país.

Bonadío pidió el desafuero y la prisión preventiva para la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que investiga el pacto de entendimiento con Irán.

El juez resolvió además la detención del ex canciller Héctor Timerman. Por su delicado estado de salud se solicitó la prisión domiciliaria. A la madrugada fueron detenidos el ex secretario General de la Presidencia Carlos Zannini y el dirigente político social Luis D’Elía.

Las órdenes del magistrado se hicieron efectivas a primera hora de la madrugada con las detenciones de Zannini, en Río Gallegos, y de D’Elía. Efectivos de la Policía Federal llegaron hasta la casa del referente de la comunidad islámica en Argentina Jorge “Yussuf” Khalil, quien también fue arrestado.

Bonadio avanzó en el disparate planteado por el fallecido fiscal Nisman, que consideró la firma del Memorándum con Irán como traición a la patria. El Memorándum fue aprobado en el Congreso por diputados y senadores y ni siquiera quienes votaron en contra señalaron que fuera ilícito.

El Memorándum entre la Argentina e Irán fue el único acto concreto realizado por el Estado Nacional para lograr el esclarecimiento del atentado acaecido el 18 de julio de 1994. Tanto el juez federal Juan José Galeano como el fiscal Alberto Nisman barrieron bajo la alfombra cualquier perspectiva investigativa.

Con el objetivo de ocultar a los verdaderos autores del atentado, Galeano, Nisman, los servicios de inteligencia argentinos y sectores empresariales ligados a los Estados Unidos, lanzaron sin asidero la hipótesis de la participación iraní en el ataque.

La acción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se orientó a la desarticulación de esa trama de complicidades al plantear el diálogo directo con los presuntos involucrados, funcionarios del Estado persa. Ahora Bonadío, pretende enjuiciar a quienes buscaron genuinamente la verdad.

GF / LSM


Compartí

Publicaciones Similares

2 comentarios

  1. Para que todo esto sea algo parecido a la justicia debería tipificarse en el código penal delito de «Traición a Israel»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *