CASO MILANI / 5. Respuesta a Anguita: ¿Es partidario un ejército nacional y popular?

Anguita continúa este razonamiento, pero antes de seguir transcribiéndolo, quiero llamar a la reflexión: lo que les está vedado a los militares son las actividades y manifestaciones partidarias, de ningún modo identificarse con «el proyecto (de la realización) nacional». Esa es una definición que de distintos modos encarnaron San Martín, Rosas, Felipe Varela, Alberdi, Yrigoyen, Perón y Alfonsín.

Si un oficial del Ejército argentino se manifiesta contra la realización nacional es porque, objetivamente, trabaja para el extranjero.

Anguita no lo entiende así. Discurre que «si el principio rige para todos, rige especialmente para los jefes, y especialmente para aquellos que no tengan el paraguas del poder, es decir para que si en todo caso se va a proteger un derecho de expresión, sea un derecho de la persona que está más desprotegida. Al defender los intereses de la Nación, una fuerza armada no puede estar sesgada por una bandería política».

Y aqui radica el problema. Desde que Perón cambió el «compañeros» por el «argentinos» y se abocó a la redacción de un «modelo argentino para el proyecto nacional», durante su última presidencia, modelo que no sólo la dictadura, sino que ya desde antes el propio gobierno de su esposa enterró, pero que Néstpor Kirchner exhumó y remozó, muchos entendemos que las viejas banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social no son partidarias, sino que constituyen el piso de todas las expresiones nacionales.

Para Anguita, que una fuerza armada a través de su jefatura se manifieste «nacional y popular» es partidizarla (¿piensa lo mismo de las fuerzas armadas venezolanas, y de las ecuatorianas y bolivianas? Lo lógico sería que si) por lo que parece abogar por un profesionalismo aséptico.

«Nosotros debemos regirnos por eso, y no que por una entrevista de Hebe de Bonafini a Milani demos por sentado este derecho que puede tener alguien a ser parte de un ejército del Proyecto Nacional. Porque entonces tenemos que dar un debate parlamentario serio para ver qué tipo de Fuerzas Armadas queremos».

Ahí, me parece, está la madre del borrego. Debatir qué fuerzas armadas queremos. Ese es un debate serio y no el de objetar a militares porque sabían que sus jefes torturaban y mataban. No había oficial de las fuerzas armadas que lo ignorase del mismo modo en que no había militantes peronistas y de izquierda que lo ignorasen, aunque no tuvieran muchos detalles acerca de cómo se consumaba el extermino. Quienes lo ignoraban era porque querían ignorarlo.

No hubo entonces un solo oficial del Ejército que abandonara las filas de motu proprio y denunciara las actividades criminales de sus jefes ante organismos humanitarios internacionales. La pretensión de objetar a Milani en base a las declaraciones de Esteban Sanguinetti, quien fue  en 1976 su jefe en Tucumán, y el jefe también del infortunado soldado Agapito Ledo, entonces desaparecido (es decir, secuestrado, torturado y asesinado) todo indica que por órdenes de Sanguineti o de sus jefes, es, insisto, una canallada.

Lo que le molesta a La Nación y demás medios y agrupamientos del Partido del Extranjero, lo que los saca de sus casillas, es la alineación sin cortapisas del Ejército, a través de su jefe, con su comandante supremo que es, de acuerdo a lo que indica la Constitución, la Presidenta de la Nación.

La Argentina tiene Constitucion y un sistema presidencialista, en el que el Presidente tiene amplias atribuciones. Al que no le guste que planteé reformar la Constitución.

Mientras tanto, debatamos cual debe ser el rol de las Fuerzas Armadas. Partamos de algunos datos insoslayables: a) que no sólo en la Argentina sino también en varios otros países de Latinoamérica, el imperialismo auspicia la desestabilización y acaso también el derrocamiento de gobiernos democráticamente elegidos a través de las policías; b) que las riquezas naturales de la Argentina (petróleo, minerales, agua, pesca) son apetecidas por potencias extranjeras; y, c) que una porción de nuestro territorio está ocupado por una potencia extranjera, y es necesario impedir que esa misma potencia u otra nos expulse de la Antártida.

Al respecto, conviene tener en cuenta los incidentes entre militares argentios que se produjeron en Bahía Esperanza en 1952, y en la Isla Decepción en 1953, cuando Royal Marines apresaron a dos miembros de la Armada Argentina y destruyeron su refugio.

Albas y crepúsculos

En una nota posterior, que tituló Milani, Cristina y la seguridad en 2014, Anguita vuelve sobre lo aquí comentado, al insistir que si Milani explicó el apoyo del Ejército “al proyecto nacional y popular…  No es preciso ser un polemista afilado para darse cuenta que si se puede apoyar también se puede criticar”.  Con lo que obvió que el Ejército es por definición un instituto vertical, y que el mismo Anguita sostiene que no debe partidizarse. Pues bien, ese es el límite: un militar puede opinar de todo como cualquier ciudadano, pero no puede oponerse públicamente a los lineamientos generales de la fuerza que, insisto, sólo pueden ser nacionales y populares. Nacionales porque está armada en defensa de la Nación y sus instituciones, y populares, porque debe estar nutrida y responder a las mayorías populares. Que se expresan políticamente a través de las autoridades legalmente constituidas. Esto es, los jefes de las Fuerzas Armadas cumplen órdenes de su jefe, que es quien ejerce la Presidencia.

Anguita expresa su sospecha de que en medio de los movimientos sediciosos de las policías provinciales y los saqueos por ellas impulsados, la Presidenta pudo haberle dado a los jefes de las tres fuerzas armadas instrucciones verbales de que “se suspendieran vacaciones, que los efectivos de las tres armas debían permanecer a no más de dos horas de distancia de sus unidades y que debían estar preparados para alistamiento con tres consignas: la defensa de objetivos estratégicos (centrales nucleares, represas, rutas nacionales), garantizar la seguridad en las calles y, tercero, estar en condiciones de contener nuevas protestas policiales”. 

A lo cual comenta admonitor que “Las leyes de Seguridad Interior, Defensa e Inteligencia son explícitas al respecto: las Fuerzas Armadas no pueden involucrarse en acciones de seguridad aunque tienen algunas excepciones, como por ejemplo la intervención en casos donde haya desastres ambientales o sucedan catástrofes naturales. Es decir, si se rompe una represa o vuelca un camión que traslada insumos para un reactor, el Ejecutivo puede ordenar colaboración militar. Para cualquier otra cosa, es preciso que el Congreso Nacional declare el Estado de sitio.»

Y seguidamente, eliminando de cuajo (sin explicar por qué) la posibilidad de que la Presidenta pudiera considerar, como última instancia frente al caos desatado por la sedición armada de los policias, la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de declaración de Estado de Sitio, pontifica:

«No es admisible que desde el gobierno nacional se cite a altos oficiales para transmitir instrucciones orales reñidas con una legislación que costó muchísimo esfuerzo».

A ver, pensemos un poco: ¿Por qué «no es admisible» que la jefa suprema de las fuerzas armadas le de órdenes verbales a los jefes de cada una de ellas? ¿Dónde está escrito? ¿No contraría tal pretensión el más craso sentido común? ¿Por qué incluso un acuertelamiento con alistamiento de combate infrigiría aquellas leyes? El acuertelamiento es una medida preventiva, y si se considera que hay alguna posibilidad de tener que recurrir a ella como última instancia, absolutamente lógica.

Y conste que digo esto sin saber si Cristina le dio o no órdenes verbales a los jefes de las fuerzas armadas. Lo que digo es que tiene perfecta autoridad para darlas.

Éste, me parece, es el punto: Anguita le retacea poderes a la Presidencia, esmerila sus atribuciones constitucionales en aras de preservar el apartidismo de las fuerzas armadas, que al parecer ve en riesgo en consonancia con Mariano De Vedia y otros columnistas de La Nación.

Porque equipara fuerzas nacionales y populares a fuerzas partidizadas. Esto también es digno de un profundo debate, nacional e internacional. Me atrevo a pronosticar que entre los gobiernos que estarán de acuerdo con Anguita no figurarán los del ALBA, pero si, y muchos, que ansían el crepúsculo de la Unasur y la Celac, el fin de los sueños de unidad latinoamericana.

En fin, Anguita hace como que la realidad política argentina se diera en condiciones ideales de laboratorio, y o en medio de una lucha despiadada.

Desde Moscú, en un mensaje navideño, Edward Snowden nos lo recuerda. En un mundo dónde la NSA y la CIA se permiten espiar a nuestros gobiernos y a cualquiera de nosotros impunemente, las bellas almas de la gauche divine cierran filas con La Nación horrorizadas por la perspectiva de que la inteligencia militar pueda escudriñarlos. Sin considerar la posibilidad de que (y esto es pura conjetura) la Presidenta le haya encomendado a Milani y otros militares y civiles que fabriquen un escudo (o «cono de silencio») que impida la intercepción de sus comunicaciones reservadas. En este caso, en su afán de voltear a Milani y menoscabar la autoridad presidencial estarían trabajando gratis para la NSA y la CIA. ¿Nunca se les ocurrió pensarlo?