Complot en Paraguay: Cómo voltearon a Lugo
Ya lo decíamos ayer, cuando incluso difundimos en exclusiva para la blogósfera nacional el video probatorio:
La masacre de Curuguaty fue armada
Un informe de un jurista español pedido por una organización social determinó que la matanza fue montada por sectores no identificados. La investigación fue rechazada por la justicia, que centra las culpas en los campesinos.
Un informe de un jurista español independiente determinó que la masacre de campesinos y policías en el poblado paraguayo de Curuguaty fue un montaje de sectores no identificados para justificar el derrocamiento del presidente constitucional Fernando Lugo. La investigación sobre la matanza del 15 de junio pasado fue realizada a pedido de la Plataforma de Estudios de Conflictos Campesinos (PECC) y desató la ira del fiscal de la causa, Jalil Rachid, quien dijo que "ese es un asunto traído de los pelos".
La investigación fue encargada por la PECC al jurista Aitor Martínez Jiménez, quien recogió las pruebas de cómo se desarrollaron los hechos. Muchas de ellas desmienten la versión oficial y confirman una investigación periodística hecha en su momento por el Canal 13 de la televisión paraguaya.
El informe incluye un video en el que se ve que en el escenario del supuesto enfrentamiento que provocó la muerte de once campesinos y seis policías, había mujeres y niños en la línea de fuego, por lo que se concluye que "no se trató de una emboscada".
En las imágenes se ve a los campesinos portando cuatro rudimentarias escopetas de caza que disparan cartuchos y perdigones y se comprobó que "sólo una de ellas fue activada". Minutos después de la llegada de los policías al campamento, y cuando se acercaban al grupo de campesinos con intenciones de dialogar, se escuchan disparos de poderosas armas automáticas que serían fusiles M16 o similares, indica el informe de la PECC.
Algunos campesinos fueron asesinados durante ese primer tiroteo, efectuado aparentemente por francotiradores apostados en los montes cercanos, "quienes dispararon ráfagas sobre policías y campesinos". Fueron diez segundos de disparos de armas automáticas y recién después empiezan a escucharse las detonaciones de las pistolas Beretta de la policía. "Policías y campesinos sobrevivientes dijeron que francotiradores apostados en los alrededores comenzaron a disparar indiscriminadamente. Ambos actores –policías y campesinos– coinciden en este punto", señala el informe.
LA PECC denuncia también que "los testigos advierten que, tras los disparos de larga distancia efectuados por la policía contra un campamento indefenso que no devolvía el fuego –ya que no cayó ningún policía más durante el asalto, tras haber desaparecido los fusiles automáticos–, los agentes accedieron al campamento ejecutando indiscriminadamente a todos los campesinos que fueron encontrando en su camino". Agrega que muchos murieron por "ejecución a corta distancia", tratándose de "ajusticiamientos extrajudiciales".
El fiscal Rachid calificó de "muy grave" la acusación de estos "investigadores paralelos", a quienes acusó de "mentirle a la gente". Según Rachid, "nuestra investigación no carece de validez como quieren hacerle creer a la ciudadanía con acusaciones irresponsables". La versión oficial de la fiscalía incrimina a los campesinos y centra sus acusaciones en el dirigente Ruben Villaba, detenido el 27 de septiembre pasado a cinco kilómetros de donde ocurrieron los hechos.
