El Gobierno redobla esfuerzos contra el lavado de dinero

Gils Carbó presentó nueva Procaduría especializada en blanqueo de capitales negros y puso al frente al fiscal Carlos Gonella
    
Lanzaron una Procuraduría especializada en delitos económicos y lavado de dinero

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, lanzó hoy un nuevo organismo del  Ministerio Público Fiscal especializado en la persecución de la criminalidad económica y el lavado de dinero, que consideró una de las asignaturas pendientes de la justicia.
 
Flanqueada por el consultor internacional Alberto Binder y el primer titular de la Oficina Anticorrupción, José Mazzoni, la jefa de los fiscales nacionales anunció la creación de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Carlos Gonella, un fiscal general que coordinó las megacausas por delitos de lesa humanidad en Córdoba, fue designado con dedicación exclusiva al frente del organismo, que estará dividido en seis áreas para atender la complejidad de temas.

El sector de Lavado de activos y financiación del Terrorismo quedó a cargo de Omar Orsi; Fraude económico y bancario, de Pedro Biscay; Mercado de capitales, de Macarena Comas Wells; Delitos Tributarios y Contrabando, de Juan Pedro Zoni; Delitos contra la administración Pública, de Milton Khaski; y Concurso y quiebras, de Mariel Dermadirossian.
 
Hasta ahora, en el ámbito de la justicia las investigaciones de criminalidad económica estaban a cargo de la Unidad Antilavado, a cargo del fiscal Raúl Plee, quien será subsumido en el nuevo organigrama.
 
Al explicar las razones de la nueva PROCELAC, Gils Carbó recordó que al cabo de una década de la ley que impone penas de prisión, multas y decomisos por el delito de lavado de dinero sólo se produjo una condena y se sancionaron apenas cinco quiebras fraudulentas.
 
"Los procesos tienen una duración promedio de 14 años, en su mayoría prescriben por falta de un acción investigativa adecuada y una ínfima minoría llega a juicio", señaló la Procuradora.

Recordó que la falta de sanciones por actividades de lavado es una de las principales críticas que afrontó la Argentina cada vez que fue evaluado durante los últimos años por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

También citó cálculos de organizaciones especializados según los cuales, en la Argentina la criminalidad, la corrupción y la evasión impositiva crecen a un promedio anual del 13 por ciento y rondan los 1.670 millones de dólares.
 
Gils Carbó destacó la "alta especialización" de la nueva unidad que deberá lidiar contra la actividad de paraísos fiscales que venden impunidad a las sociedades off shore y señaló la complicidad de las calificadoras de riesgo en sobrevaluar bonos que no lo merecen.

Decenas de fiscales del fueron comercial y penal participaron hoy del anuncio, donde también estaba el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, uno de los organismos estatales con los que la PROCELAC deberá interactuar junto a la Inspección General de Justicia.

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