Más y mejor Estado
La devastadora inundación que sufrió la zona de La Plata, el sur del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires nos pone (otra vez) frente a frente con la evidencia de que en nuestro país, y a pesar de la recuperación de la autoridad estatal que se dio desde 2003 a la fecha, continúa teniendo un Estado mucho menor y mucho más débil del que se necesita.
Hay que enfatizarlo: el mayor obstáculo para un desarrollo continuado de nuestro país y para la mejoría de la calidad de vida de su población es el déficit de su desarrollo estatal, y no los problemas del sistema político. Hay que remarcar esto último porque muchos análisis de la coyuntura enfatizan los problemas de «la política» o la baja calidad de «los políticos» como la causa de nuestras dificultades.
Pero hoy, y a diferencia de otros momentos de nuestra Historia, el sistema político funciona razonablemente bien. No vivimos bajo una dictadura, las elecciones son aceptablemente limpias y libres, no existen partidos proscriptos y se ha dado la alternancia partidariaen el poder en todos los niveles de gobierno. La Corte Suprema y la Justicia son razonablemente independientes del poder de turno (por lo menos comparadas a lo que sucedía durante el menemismo), el Congreso funciona y en él se han discutido las principales leyes del período, y durante los últimos años el número de decretos de necesidad y urgencia se ha reducido.
Por supuesto, quedan muchos problemas que pertenecen al campo de la llamada «calidad de la democracia», y la política argentina es hoy (como ayer) turbulenta, pero grosso modo podríamos decir que el sistema político funciona como una poliarquía, por lo menos, adecuada. Aun aquellos analistas que sostienen que la política argentina es completamente disfuncional o que «vamos camino a una dictadura» deben recurrir a conceptos difusos como el clientelismo o «la debilidad de las instituciones»en abstracto, para explicar qué es lo que está mal en el sistema. Muchas mejoras son posibles y necesarias, pero no resulta evidente que el sistema deba ser refundado de raíz. Lo que no funciona de manera adecuada es el Estado y debe ser, sin duda, sujeto de una reflexión radical.
Por otra parte, esta debilidad es mucho más fácil de identificar y cuantificar que la debilidad del sistema político. El Estado, por una parte, debe ser más grande. Se pueden resaltar dos indicadores: por una parte, que el gasto público total, en relación a su PIB, sigue siendo más bajo que el promedio de las naciones industrializadas (en el 2011 era del 24% del PIB, mientras que en Dinamarca alcanzó al 52% de acuerdo al Index of Economic Freedom del mismo año). Asimismo, la recaudación impositiva total con respecto al PIB, aunque ha crecido en los últimos años hasta llegar a un máximo histórico del 33% (la Argentina es hoy el país con la recaudación más alta del subcontinente en relación a su PIB), sigue siendo más baja que la de las naciones desarrolladas (Dinamarca, por caso, recauda el 48% de su PIB, según la OCDE).
Para mencionar sólo algunos problemas más cualitativos, la estructura administrativa del Estado Nacional está completamente fragmentada, y en ella conviven al menos tres tipos distintos de relaciones laborales (planta permanente, planta transitoria y contratos precarios), y la situación no es mejor en los estados provinciales o locales. Los sistemas de salud y educación existen como una «opción para los pobres», aun cuando el Estado Nacional y, sobre todo, los provinciales, financian directa o indirectamente a los prestadores privados de salud. El sistema federal argentino vuelve prácticamente imposible ejecutar de manera integrada cualquier política pública que requiera alguna medida de coordinación multinivel, y refuerza, en lugar de morigerar, las asimetrías entre las provincias ricas y las provincias pobres.
En ningún caso ha sido más evidente la falta de capacidades estatales que en la prevención y la respuesta a las inundaciones recientes. Ha quedado claro que la Argentina no cuenta aún con un sistema centralizado de manejo de emergencias. No parecen existir protocolos de coordinación entre jurisdicciones ni planes de contingencia que establezcan con claridad quién debe responder y asignen recursos adecuados en caso de una amenaza sistémica.
Por supuesto, la acción solidaria de la sociedad civil y la militancia política, aunque admirables, por su misma naturaleza voluntaria no pueden ni deben reemplazar la organización estatal sistemática, estable y profesionalizada.
Sin embargo, la causa de esta falta de un sistema de emergencia nacional que funcione efectivamente no parece haber sido una falta simplemente política, porque tal sistema fue creado por decreto por Carlos Menem en 1999, fue refrendado por el gobierno de la Alianza, y existe ahora como un programa del Ministerio del Interior: Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). Durante ninguno de los tres gobiernos, sin embargo, el SIFEM alcanzó un grado de operatividad como el que necesitaría.
¿Por qué se evaporan las políticas públicas entre su concepción política y su implementación? ¿Es un tema de recursos, de falta de personal capacitado o de voluntad de gestión? El problema a discutir en este momento es cómo crear más y mejor Estado: cómo diseñarlo, cómo financiarlo y cómo sostenerlo.
El sociólogo del desarrollo Peter Evans, en su texto clásico «El Estado como problema y como solución», decía: sabemos que hay países con Estados grandes que, sin embargo, no se han desarrollado y sabemos, también, que haypaísescon Estados pequeños que no se han desarrollado; sin embargo, no conocemos un sólo caso de un país que se haya desarrollado con un Estado mínimo.
