Como Martín Gak, preferiría una intervención internacional que acabara con el genocidio (esto es, con el estado terrorista y genocida, preservando la vida y derechos de sus habitantes en paridad con los de los autóctonos desplazados). Pero como no parece que ello vaya a suceder pronto, me parece correcto apoyar soluciones menos drásticas pero con mayores posibilidades de concretarse como el movimiento BDS o a esta fundación recientemente creada que lleva el nombre de una niña símbolo de las decenas de miles asesinadas o muertos de hambre, sed y enfermedades perfectamente curables por la vesanía de quienes han dejado a Herodes como un criminal de poca monta.
Gaza es una prueba para el mundo.
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Gaza no es solo un caso de humanidad fallida: es la mayor prueba legal de nuestro tiempo.
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Durante 80 años, nuestro mundo sostuvo que el derecho internacional humanitario protegía a la humanidad cuando el poder se vuelve violento. Las Convenciones de Ginebra, el Estatuto de Roma, las leyes de la guerra: todas fueron creadas para hacer que el “nunca más” fuera exigible. Pero Gaza forzó una pregunta que el mundo nunca quiso enfrentar: ¿el derecho internacional se sostendrá cuando el poder lo desafía?
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La Corte Internacional de Justicia confirmó que Gaza cumple con el umbral legal de un genocidio. Ese fallo activó de inmediato obligaciones estatales vinculantes no solo de investigar, sino de procesar y extraditar a los responsables, y —fundamentalmente— de prevenir la comisión (N. del E.: la continuación) del genocidio mediante una intervención urgente y efectiva.
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Sin embargo, los mismos sistemas legales encargados de hacer cumplir estas obligaciones hoy están siendo corroídos por intereses poderosos:
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• Una industria armamentística que obtiene ganancias de la guerra perpetua.
• Sistemas militares de alta tecnología: apuntado con IA, perfiles algorítmicos, vigilancia con drones.
• Lobby sionista incrustado en las legislaturas occidentales.
• Medios corporativos que fabrican narrativas falsas para ocultar hechos, distorsionar la cobertura y suprimir pruebas de crímenes de guerra.
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A medida que la convergencia entre política, medios y tecnología moldea colectivamente lo qué se muestra, qué se oculta y qué se borra del registro, el fracaso del derecho internacional y de los sistemas estatales para prevenir el genocidio exigen un escrutinio proporcional a la gravedad del crimen mismo.
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Gaza es esa prueba.
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La justicia para Palestina no llegará a través de un solo fallo, un solo arresto ni un único acto de valentía política.
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No hay victorias rápidas frente al poder enquistado. Procesar a criminales de guerra requiere persistencia, paciencia, precedentes y presión.
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Nuestro trabajo es de largo plazo. Vamos a seguir presentando casos uno por uno, impulsando acciones en distintas jurisdicciones, recolectando pruebas y obligando a los sistemas legales internacionales y nacionales a enfrentar sus obligaciones —una y otra vez— hasta que la ley se haga cumplir como fue concebida.
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Esto no es una campaña para titulares. Es una estrategia legal sostenida para volver insostenible la impunidad.
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No vamos a ceder —porque si los crímenes de guerra contra el pueblo palestino se permiten avanzar sin control y sin las consecuencias legales y la rendición de cuentas más contundentes, no solo será genocidio: señalará el colapso y la desaparición del proyecto central y de la promesa misma del derecho internacional.
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