¿Quién defiende a la “Ley Mendiguren”?

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No soy un especialista en el tema de las ART ni mucho menos, y todavía tengo para leer otros artículos críticos de la “Ley Mendiguren” recientemente aprobada a instancias del Ejecutivo. Pero no me encontré con ningún compañero que la defienda y si con unos cuantos que la critican y hablan de ella como de un aborto de la naturaleza. Como muchos, estoy preocupado por la ruptura gobierno-CGT (o por la ruptura de la CGT, que para el caso es lo mismo), por la reiteración de las veces en que se deja a tipos tan valiosos como Recalde padre o hugo Yasky colgados del pincel, en fin, por la falta de una política clara por parte del Gobierno hacia la otrora “columna vertebral” del movimiento nacional, el “movimiento obrero organizado” particular, y la clase trabajadora en general. Porque que Moyano sea una bestia peluda dispuesto a derrumbar el templo con tal de satisfacer su ego no quita que en la ruptura se hayan cometido gruesos errores de este lado. Por ejemplo, hablar (mal) de la CGT (una organización del campo popular por definición, más allá de quien sea su secretario general) desde la UIA (una organización que no lo es, con la cual se pueden tejer alianzas puntuales, pero nunca considerarla una fuerza propia; a los sumo estará prestada). Por este cúmulo de razones y aprensiones que comparto con muchos compañeros, muchos de los cuales no dicen esta boca es mía por temor a que se les aplique el trato que al gran Norberto Galasso (que viene a ser a Pacho O’Donnell lo que Jorge Taiana a Boudou, por mas que esas comparaciones no le gusten a Cristina) publico esta nota tal cual la leí en Sin Permiso. Es del secretario de Salud Laboral de la CTA contrera, quien también es presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Me gustaría que alguién de este lado de la cancha saltara a defender la ley. Los lectores de Pájaro Rojo y yo, agradecidos.

Un retroceso en los derechos laborales en Argentina
Jorge Yabkowski · · · · ·
El proyecto de Ley de Riesgos del Trabajo aprobado el 24 de Octubre por la Cámara de Diputados de la Argentina, es en lo laboral, lo que la Ley Antiterrorista en el plano de las libertades civiles. Ambas son normas que marcan un claro retroceso para los derechos ciudadanos en nuestro país.
El tradicional vocero de la derecha liberal Argentina, el diario a La Nación, dijo: “A partir de ahora, los empleados que sean víctimas de accidentes de trabajo y elijan cobrar la indemnización de su ART ya no tendrán derecho a demandar a su empleador ante la Justicia. Deberán optar por una u otra vía. La eliminación de esa duplicidad aliviará a las compañías de una carga por la que vienen quejándose desde hace más de una década. El empresariado está tan entusiasmado con esta reforma que el presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi, se desentendió de conseguir los votos. Esta vez se encargaron Ignacio de Mendiguren, de la UIA (Unión Industriall Argentina) y Jorge Brito, de Adeba (Asociación de Bancos). Anoche Mendiguren y Brito festejaban, agradecidos…”
La coalición parlamentaria que aprobó la norma incluyó al Frente para la Victoria (kirchnerismo), al PRO, partido del alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri ( derecha liberal), y al Movimiento Popular Neuquino (derecha provincial de Neuquén). Esta alianza del gobierno con la derecha liberal no es nueva. El 72% de las leyes votadas en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contaron con el apoyo conjunto del PRO y del Kirchnerismo.
La ley aprobada a instancias del Poder Ejecutivo es una norma extorsiva que limita los derechos ciudadanos de acceso a la Justicia buscando la eliminación de la doble vía, que es el derecho del trabajador de litigar cuando se siente defraudado por la indemnización de las Administradoras de Riesgos del Trabajo. El Gobierno busca ganar tiempo hasta que la Corte Suprema, seguramente, dicte su inconstitucionalidad, como lo hizo catorce veces con la 24557 (ley de 1995, aprobada en pleno auge neoliberal).
La norma obliga al trabajador que opte por litigar judicialmente a acudir a los tribunales civiles y no a los laborales, como era hasta este momento. Sacar al Riesgo del Trabajo del Fuero Laboral es tan antinatural como llevar el delito de narcotráfico a los Juzgados de Familia. La persistencia de entidades financieras con fines de lucro (ART) como agentes del sistema, ratifica la visión que impusieron Domingo Cavallo y la Fundación Mediterránea en los 90. El oficialismo parlamentario y sindical lo sabe y calla.
Hasta este momento las normas laborales y previsionales (estatización de los fondos de pensión-AFJP, movilidad jubilatoria restringida) del kirchnerismo podían ser calificadas como “avances insuficientes”. La ley antiterrorista y la ley de riesgos del trabajo son retrocesos claros, normas para complacer al capital y atacar a los trabajadores.
Un aspecto poco debatido es la implicancia del actual régimen desde el punto de vista de la Seguridad Social y la Salud Pública. Después de 10 años de crecimiento la ausencia de políticas universales de Salud Pública hicieron que nuestro país no pudiera bajar de manera significativa las tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna.
Nada diferente ha ocurrido con la morbimortalidad de origen laboral. Con más de mil cuatrocientos muertos por año en accidentes, nuestra tasa de infortunios se acerca a los 9 cada 100.000 trabajadores. Gran Bretaña tenía en 2005 una tasa 0,7/100.000, o sea, 12 veces menor. Más de 7.000 muertes al año causan las enfermedades relacionadas con el trabajo, buena parte de ellas oncológicas.
Las enfermedades laborales no reconocidas son la principal causa de litigiosidad. Esa es la realidad y no la industria del juicio como dijo la Presidenta.
El postergar sine die una política de prevención con el pretexto de que ese debate retrasaría la sanción de la norma, demuestra que a este gobierno la salud y la vida de los trabajadores le importa nada.
El oficialismo tira por la borda los compromisos asumidos al firmar el Convenio Iberoamericano y ratificar los convenios 155 y 187 de la OIT. Mediante esa ratificación, Argentina se comprometía a desarrollar una política nacional de Salud Laboral, uno de cuyos ejes es la prevención. Nada de eso ocurrió. El proyecto de ley ignora las políticas preventivas.
Durante dos años, desde la CTA, en un proceso participativo en el cual intervinieron miles de trabajadores, elaboramos un proyecto que tiene como ejes la prevención y el fin del negocio de las ART. Ese proyecto fue presentado en el parlamento el 13 de septiembre, en una masiva movilización, por el fundador de la CTA, el diputado del FAP Víctor De Gennaro. El senador socialista Rubén Giustiniani lo hizo suyo en el Senado. En lugar de abrir el debate, el oficialismo lo cerró sin considerar estas propuestas alternativas, firmando los dictámenes aun antes de escuchar las opiniones de los trabajadores y los académicos.
En una histórica manifestación conjunta CTA-CGT, encabezada por Pablo Micheli y Hugo Moyano,15.000 trabajadores se manifestaron en la puertas del Congreso en el momento en que la ley se trataba en el recinto.
En definitiva la ley aprobada no resuelve los grandes problemas de salud laboral en la Argentina. De estas jornadas los trabajadores salimos fortalecidos para continuar la lucha contra el lucro de la muerte de las ART y por una política nacional de salud laboral basada en la prevención en el lugar de trabajo.

 


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