SALUD MENTAL. En su defensa y por la desmanicomialización
Tal como se recibió de Mirta Clara. Es un documento de la Federación de Psicólogos (FEPRA).
Esta Federación, desde los inicios del proyecto que finalmente se convirtió en la Ley 26657 se ha manifestado a favor del abordaje de los padecimientos psíquicos desde un enfoque integrado de la salud y al respeto hacia los profesionales de la salud que componen el equipo interviniente.
Hemos apoyado fervientemente el texto de la ley que instaló definitivamente en el país, el enfoque derechos. Esto es, la consideración del paciente como un sujeto con capacidad jurídica, pasible del ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales, y merecedor del acceso a la salud y a una atención que le garantice dicho ejercicio, y que la internación es una estrategia de salud pero no la única.
Varios han sido los ámbitos y acciones, en los cuales esta Federación y sus entidades federadas, así lo han demostrado desde hace años.
Por eso, ante la información de que el Ministerio de Salud de Nación destina una suma considerable de dinero para remodelar y ampliar edificios de psiquiátricos en algunas provincias, en este caso en San Juan, que se descuida la atención de quiénes están internados y ocurren situaciones lamentables con pérdida de vidas, que persiste la fragmentación del sistema de salud por ejemplo en el área de la atención a las adicciones, nuestra preocupación se profundiza y nos lleva a manifestar el más enérgico rechazo a dichas situaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de esta Federación también se ha pronunciado, diciendo que los recursos del Ministerio de Salud deben distribuirse equitativamente con lógica sanitaria. Lo contrario significa un retroceso a la lucha emprendida por una salud mejor y es una clara violación a la Ley Nacional de Salud Mental N 26657 y su implementación.
Esta Federación integra la Red por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental por lo que adhirió al comunicado de la misma, en el que se expresó el reclamo de que esta política sea reencauzada hacia la efectiva utilización de recursos humanos, presupuestarios y de infraestructura en función de los lineamientos establecidos por la normativa vigente.
Una vez más nos hacemos eco del Consenso de Panamá, en el que todos los países firmantes se comprometieron a que se terminen los manicomios y se asista mediante dispositivos alternativos a la Salud Mental, en lo clínico-institucional y comunitario, junto a sus familiares, su barrio, su identidad, reconociendo y garantizando la protección de los derechos sociales y humanos de las personas con sufrimiento mental.
Finalmente, instamos a las entidades federadas a estrechar filas en torno a los objetivos acordados por la Asamblea de esta Federación, para la plena implementación de las leyes de salud mental en el país.
En defensa de la salud mental
Hemos recibido en días pasados información referida al campo de la salud mental en el país, que ha actualizado una vez más la preocupación en torno a la permanencia de problemas que parecen insalvables, referidos al cumplimiento de las leyes de salud mental.
Esta Federación, desde los inicios del proyecto que finalmente se convirtió en la Ley 26657 se ha manifestado a favor del abordaje de los padecimientos psíquicos desde un enfoque integrado de la salud y al respeto hacia los profesionales de la salud que componen el equipo interviniente.
Hemos apoyado fervientemente el texto de la ley que instaló definitivamente en el país, el enfoque derechos. Esto es, la consideración del paciente como un sujeto con capacidad jurídica, pasible del ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales, y merecedor del acceso a la salud y a una atención que le garantice dicho ejercicio, y que la internación es una estrategia de salud pero no la única.
Varios han sido los ámbitos y acciones, en los cuales esta Federación y sus entidades federadas, así lo han demostrado desde hace años.
Por eso, ante la información de que el Ministerio de Salud de Nación destina una suma considerable de dinero para remodelar y ampliar edificios de psiquiátricos en algunas provincias, en este caso en San Juan, que se descuida la atención de quiénes están internados y ocurren situaciones lamentables con pérdida de vidas, que persiste la fragmentación del sistema de salud por ejemplo en el área de la atención a las adicciones, nuestra preocupación se profundiza y nos lleva a manifestar el más enérgico rechazo a dichas situaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de esta Federación también se ha pronunciado, diciendo que los recursos del Ministerio de Salud deben distribuirse equitativamente con lógica sanitaria. Lo contrario significa un retroceso a la lucha emprendida por una salud mejor y es una clara violación a la Ley Nacional de Salud Mental N 26657 y su implementación.
Esta Federación integra la Red por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental por lo que adhirió al comunicado de la misma, en el que se expresó el reclamo de que esta política sea reencauzada hacia la efectiva utilización de recursos humanos, presupuestarios y de infraestructura en función de los lineamientos establecidos por la normativa vigente.
Una vez más nos hacemos eco del Consenso de Panamá, en el que todos los países firmantes se comprometieron a que se terminen los manicomios y se asista mediante dispositivos alternativos a la Salud Mental, en lo clínico-institucional y comunitario, junto a sus familiares, su barrio, su identidad, reconociendo y garantizando la protección de los derechos sociales y humanos de las personas con sufrimiento mental.
Finalmente, instamos a las entidades federadas a estrechar filas en torno a los objetivos acordados por la Asamblea de esta Federación, para la plena implementación de las leyes de salud mental en el país.
JUNTA EJECUTIVA
CABA, 22 de mayo de 2014
