TEMPLARIOS Vs. AUTODEFENSAS. La guerra civil de Michoacan

Michoacán ocupa el primer lugar en la producción nacional de hierro. Su extracción creció en la entidad de manera sostenida y acelerada, estimulada por los altos precios. Los responsables formales de las explotaciones son mineras, en su mayoría trasnacionales, como Ternium, Arcelor Mittal, Endeavour Silver Corp y AHMSA, que tienen concesionado poco más de 15 por ciento del territorio del estado. Sin embargo, Los caballeros templarios les han complicado el negocio.

El cártel tiene el control de partes muy importantes de la cadena productiva. Exige a las compañías pagar cuotas de protección por el trasladado de su cargamento. Hace negocios con otros empresarios que extraen mineral de explotaciones no concesionadas. Tiene buenas relaciones comerciales con compradores e influencia sobre la aduana de Lázaro Cárdenas. Cobra por el uso de muelles del puerto. En las negociaciones entre mineras y ejidatarios presiona a las corporaciones para que paguen más regalías, servicio por el que carga una comisión.

Y, cuando las empresas se atreven a desafiar sus presiones, el cártel no duda en actuar. En abril de 2013, Virgilio Camacho, ejecutivo de Arcelor Mithal, la mayor compañía acerera del mundo, fue asesinado después de que denunció a los templarios.

El caso de la exportación de hierro a China muestra que los caballeros son mucho más que un grupo dedicado a traficar drogas. Los estupefacientes son apenas uno más de los rubros en los que se ocupan. Se dedican también a administrar la violencia, impartir justicia y cobrar impuestos. Sus negocios han tejido una imbricada telaraña empresarial que opera en las principales ramas productivas, tanto legales como ilegales, de Michoacán y otras entidades. Son un corporativo vigoroso comandado por hombres de empresa.

Así lo reconoce su líder Servando Gómez Martínez, La Tuta. Según él, su organización es una hermandad, un mal necesario, una empresa que busca proteger y apoyar al pueblo, dedicada a hacer negocios.

Las actividades de las empresas templarias son múltiples: importan llantas de caucho radial coreanas para tractocamiones y obligan a los transportistas a comprarlas y usarlas; distribuyen ropa china que llega a Lázaro Cárdenas y la llevan a Guanajuato para retiquetarla con marcas como Armani, Hugo Boss y Guess; adquieren y alquilan vehículos e inmuebles; venden ganado; compran obsidiana en Guatemala para hacer artesanías, e instalan máquinas tragamonedas (Milenio, 5/11/13). También monopolizan la comercialización del limón y, a través del manejo de oferta, mantienen elevados los precios del cítrico, al tiempo que traen ropa usada de Estados Unidos y controlan el comercio ambulante que vende productos piratas.

A pesar de los altos niveles de pobreza que existen en el estado, Michoacán es primer lugar nacional en valor de producción agropecuaria y aporta 10.5 por ciento al PIB nacional en este rubro. Se cultiva y exporta aguacate, zarzamora, toronja y limón. En casi en todos estos giros participa la empresa templaria.

Ese es el caso del aguacate, fruto del que ese estado es el principal productor y exportador en el país. Cobrando protección, los templarios ordeñan económicamente al conjunto de los participantes de la cadena productiva del oro verde: desde el dueño de un modesto predio hasta las seis grandes empacadoras trasnacionales que acaparan su exportación –y son las principales beneficiarias del dinámico crecimiento de su cultivo, a raíz de la apertura del mercado estadounidense a finales de 1997–, pasando por transportistas y jornaleros.

Circula la versión –no comprobada– de que la gota que derramó el vaso de la paciencia de la administración Obama hacia Michoacán fue la exigencia templaria de cobrar derecho de piso a los funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que participan en la certificación de las huertas donde se siembra el fruto para su exportación a ese país.

Entre sus fuentes de recaudación se encuentran, también, rubros más tradicionales del crimen organizado, como la venta de protección a cantinas, prostíbulos, rastros, tortillerías, tiendas de ocasión, restaurantes, cafeterías, transportes, operadores portuarios y un largo etcétera. Venero adicional de ingresos es el cobro de comisiones a presidentes municipales y a la administración pública estatal, la asignación de obras públicas a contratistas asociados con los caballeros y la contratación de su personal en distintas instancias de gobierno.

Con estas rentas, más las provenientes de la venta de drogas, los templarios sostienen un ejército de 10 mil hombres, bien armados y pertechados, con equipo de telecomunicación y transporte modernos, y una nómina de 30 mil servidores. Apoyan a políticos de todos los partidos y compran los favores de policías y militares. Invierten en ello, según Milenio, 7 millones de dólares mensuales. Simultáneamente, hacen obras públicas y asistencia social entre sectores de la población más pobre en sus zonas de influencia en el estado.

La desmedida masificación de este consorcio empresarial los llevó a exprimir cada vez más a distintos sectores de la población –incluidos los productores de marihuana que, durante años, no cotizaron en sus arcas– y a perder el control interno de algunos mandos. Los abusos contra la población, incluidos los sexuales, crecieron así, de la mano de la incursión en giros como el cobro por el derecho de piso y la extorsión.

Este insaciable despotismo tributario, con su espiral de violencia, despojo y humillación, se volvió cada más intolerable e inadmisible para compañías mineras, grandes agricultores, empresas de transportación, gobierno federal y de Estados Unidos, pero también para jornaleros, gente humilde y clases medias. Llegó así la hora de las autodefensas.