UN NUEVO BOMBARDEO sobre Plaza de Mayo, por Hugo Presman

La Suprema Corte de Justicia de los EE.UU decidió por siete votos en contra y una abstención, no considerar la apelación argentina sobre el fallo del juez Thomas Griesa (el que a su vez fuera convalidado por la Cámara de Apelaciones). Sin entrar en pánico, el gobierno argentino y el país en su conjunto ha sido puesto en una encrucijada, en un contexto de claro predominio del capitalismo financiero; y dentro del mismo, del sector más rapaz constituido por los fondos buitres. Se suponía que el sistema capitalista conservaba un rasgo de equilibrio y autopreservación, dentro de su irracionalidad manifiesta. El diagnóstico resultó equivocado y la Presidenta ha anunciado que no aceptará la extorsión, aunque abrió la puerta a la negociación. Está claro que después de tener un fallo favorable, los buitres seguirán exigiendo el 100% de los bonos comprados por centavos. La Argentina no puede aceptar condiciones que podrían revertir los canjes de deuda del 2005 y 2010 que contaron con la aprobación del 93% de los tenedores de bonos. Aceptar el fallo en estos términos tendría cierto parecido con el Tratado de Versalles, que le impuso condiciones leoninas a Alemania con las consecuencias conocidas.

LOS FONDOS BUITRES. El libro del periodista Carlos Burgueño «Los buitres. Historia oculta de la mayor operación financiera contra la Argentina» aclara mucho sobre su funcionamiento. «Técnicamente, y siguiendo estrictos términos, nociones y lógicas capitalistas, los Fondos Buitres son vehículos de inversión dedicados a apostar a los mercados abiertos de capitales (títulos públicos y acciones), principalmente en operaciones de máximo riesgo. Esto es, países al borde del default o medianas y grandes empresas  cerca de la situación de quebranto y con la menor cotización de mercado posible. En el primer caso, la intención es esperar que llegue la cesación de pagos para reclamar el total de la deuda incluyendo intereses. El reclamo no se realiza directamente a los gobiernos, que en general, luego del default, inician procesos de reestructuración de deuda, sino en tribunales internacionales del primer mundo donde esa deuda tiene emisión de respaldo y cuyas leyes son aceptadas por los países  cuando colocan bonos: EE.UU, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Suiza, etc. En el caso de  las compañías en proceso de quiebra, buscando tomar el control de la empresa privada para luego vender sus activos por separado para reconvertirla y revenderla a un precio mayor….. Desde comienzos de la década de 1990 la situación comenzó a cambiar, y los países en desarrollo comenzaron emitir deuda donde los bancos eran agentes de colocación y su cotización libre……. El  factor que potenció este cambio fue la severa crisis de deuda de América Latina de fines de 1980, con los largos períodos de reestructuración que vivieron la mayoría de los estados de la región; comenzando por México. Muchas de estas deudas están emitidas directamente por bancos internacionales, que reclamaron una salida radical y estructural a los organismos financieros internacionales, los que a su vez pidieron la intervención efectiva de los gobiernos de EE.UU y la Unión Europea.»

La respuesta que los argentinos conocemos dolorosamente fue el Plan Brady, que significó un reemplazo de los acreedores que dejaron de ser los bancos comerciales a cambio de la emisión de bonos apoyados por el FMI. Junto con ello se cedió la soberanía jurídica que ha llevado que las situaciones litigiosas se diriman en tribunales norteamericanos.

Bien apunta Burgueño: «Obviamente, el Fondo aplicaría sus recetas propias de reformas estructurales, que aseguren la generación de superávits lo suficientemente holgados que les garantice a los países la capacidad de pago de esos bonos…».  Así se intensificaron y potenciaron los planes de ajuste que hemos padecido con intensidad creciente hasta el estallido del 2001.

Pero además, el acceso al Plan Brady implicaba la adhesión a las políticas englobadas en lo que se conoció como el Consenso de Washington.

Con este desarrollo, los Fondos Buitres dejaron de aficionarse a las empresas en convocatorias para dedicarse a los Estados en default.  Los primeros casos fueron los de Perú, Ecuador, Rusia, Turquía y Ucrania. En todos, ganaron los buitres e inauguraron un negocio de una rentabilidad de porcentajes que superan el 1000%.

El fondo buitre que acaba de tener el favor de la justicia norteamericana es el NML Elliot. Su dueño Paul Singer, poseedor de un patrimonio de veintitrés mil millones de dólares, le aporta fondos a la ONG  «Voces Vitales Argentina» que maneja la diputada del PRO Laura Alonso, declaró en noviembre del 2013: «Podemos aguardar 20 años».

Está claro de dónde proviene su denominación: son esas aves de rapiña que se alimentan de animales muertos.

Aprovechan una laguna en el derecho internacional que recién ahora se está salvando y que existe para empresas y compañías privadas. Esa que establece que llegado a un porcentaje de aceptación de los acreedores que varía del 66 al 75%, los restantes, aunque se opongan deben aceptar lo decidido por la mayoría.

Puede leerse en «Los Buitres» que «existe una ley en Nueva York que regula las actividades de Wall Street, que impiden comprar deuda de la Nación  o de los Estados  o empresas privadas con el único objetivo de hacer juicio. En ese mercado el avance de los fondos buitres sería ilegal. Pero para evitar la aplicación de dicha ley disfrazan su actividad con intentos de negociación, y si no llegan a un acuerdo con los países en problemas accionan judicialmente.  En el caso argentino, se esperó a que el país anuncie su proceso de reestructuración  de deuda en el 2005 y sólo después   de conocer los términos de este llamado iniciaron el juicio ante los tribunales de Thomas  Poole Griesa. Según esta interpretación, el tiempo transcurrido entre  fines del 2001 y el lanzamiento del canje en  2005, fue el lapso de «negociación», obviamente fallido. Luego viene el juicio, cumpliendo aquella ley que impide comprar deuda para litigar.»

Un nuevo bombardeo sobre la Plaza                 

En un día de ingrato y de tenebroso recuerdo, un nuevo bombardeo sobre Plaza de Mayo se ha consumado desde los aviones del capitalismo de rapiña. Resulta indignante observar a los cipayos intentar infructuosamente contener la alegría adelantándose a los problemas inmensos que deberá afrontar el gobierno. Son los parientes de aquellos que desde Montevideo apoyaban el bloqueo de la armada anglo-francesa en 1838 y 1845. Los mismos o sus continuadores que contrajeron un endeudamiento que convertía la soberanía en un papel mojado, son los que se posicionan como comentaristas y fiscales cuando deberían estar en el banquillo de los acusados.

Los que en su dependencia cultural hacia la metrópoli nos hablan de la separación de poderes en EE.UU, subestiman u ocultan que la Suprema Corte es la última trinchera del sistema y están subordinados al poder económico que es además el que mueve las piezas del tablero político.
Como complemento perfecto de lo expresado, la justicia argentina, más precisamente la Cámara Federal Porteña,  ha dejado prescribir en el mes de junio la causa del megacanje que constituye una parte significativa de la deuda reestructurada y ahora reclamada por los buitres, con el beneficio para  todos los implicados, entre ellos David Mulford, ex Secretario del Tesoro de EE.UU, que a pesar de haber sido citado en cuatro oportunidades, nunca se presentó a declarar. El funcionario que  cobró una comisión de veinte millones de dólares por el megacanje fue condecorado a instancia de Domingo Cavallo con el máximo galardón que otorga nuestro país, la Orden del Libertador San Martín.

Como afirmaba Protágoras, unos siglos antes de Cristo: «La justicia es lo que el hombre rico dice que es»

El capitalismo financiero está convirtiendo al planeta en una Plaza de Mayo bombardeada. Habrá que afrontar el futuro con el contrapeso de aquellos argentinos más buitres que los buitres financieros. Continuadores directos de aquellos que bombardearon la Plaza de Mayo.