Vergez, alias Vargas, aliás Gastón /1 (Martínez de Hoz y Guillermo Walter Klein)

Compartí

Suscribo lo que opina el autor acerca de que Casariego de Bel no era militante del ERP… lo que no quiere decir que «consciente o inconscientemente», como dijo Luis Mattini ayer, pudiera tener contacto con alguno de sus militantes. Digo, sabiendo que era militante del ERP o sin saberlo. Y téngase presente que si el contacto hubiera sido con Gallego Soto, no había porque sospechar que fuera del ERP habiendo sido antes hombre de toda confianza de Perón. En cualquier caso: deci que Casariego de Bel era del ERP le parece al autor y a mi tambhién que es desviar la atención de los verdaderos motivos por lo que fue desaparecido.

Ojo. Cristina Zamponi está viva en Barcelona y testimoniará, al parecer, a través de videoconferencia.

Por Jorge Devicenzi / Patria o Colonia

El capitán del Ejército Héctor Vergez fue, sin duda alguna, uno de los asesinos y torturadores top de la dictadura al que se atribuyen, entre muchos otros, la masacre de la familia Pujadas en Córdoba. Hoy se lo juzga en los tribunales de Comodoro Pi.

Por muchos indicios, Vergez puede ser la punta del iceberg de la apropiación violenta de cientos de bienes inmuebles de detenidos-desaparecidos. Ya se ha visto, en el caso Chacras de Coria, que la represión solía recurrir a escribanos, martilleros y documentos falsos producidos por prisioneros en la Esma, para literalmente robar propiedades del «enemigo interno».

En democracia, Vergez (el autor de «Yo fui Vargas») se recicló, convirtiéndose en estafador. Leemos aquí:
Se refugió en una financiera cordobesa que quebró y dejó un tendal. La Justicia lo arrestó en 1984 por el asesinato alevoso a palos y picana eléctrica de la joven Luz Mujica de Rearte, quien agonizó en brazos de una compañera en medio de dolores y delirios terribles gritando «Mamá». Pero en 1986 recuperó su libertad gracias a la ley de Obediencia Debida del ex presidente Raúl Alfonsín. En 1995 Vergez fue el emisario de la SIDE que ofreció un millón de dólares al detenido Carlos Telleldín para que desviara la atención de los investigadores del atentado contra la AMIA hacia una supuesta conspiración internacional… Lideraba una ong denominada Asociación Nacional de Lucha contra la Usura (ANCU) 

Ricardo Rotella, uno de sus socios, reconoció así cómo funcionaba ANCU:  «Le pregunté (a Vergez) si (Kelly, una de sus víctimas) tenía hijos. No, no tiene, me dijo. Es una lástima que el usurero se quede con la casa por cinco mil dólares, mejor nos quedamos nosotros, me dijo».

En la actualidad es juzgado por el denominado caso Coccoz en el que está involucrado en la desaparición de Pancho Coccoz, jefe de inteligencia del ERP, Julio Gallego Soto, Cristina Zamponi y Juan Carlos Casariego de Bel.
 
La inclusión de este último en la causa parece tan equívoca como la exclusión de Rafael Perrota a pesar del fino hilo conductor que une los tres casos: los manuscritos que llegaron casualmente a la producción del programa de Mauro Viale, en ese momento a cargo de Fabián Domán.

Por lo poco que sé, nadie ha visto a Casariego de Bel en alguno de los centros de detención y torturas. 

 

Incluso aunque el ejecutor haya sido Vergez, los autores intelectuales de su desaparición son José Alfredo Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein y Juan Alemann. 
 

En mi opinión, Casariego de Bel no fue ejecutado por su pertenencia o simpatía con el ERP-PRT sino por haberse convertido en un obstáculo insuperable para la estatización fraudulenta de la Compañía Ítalo de Electricidad. 
 

Hay suficientes pruebas como para demostrar que los nombrados organizaron una estafa al erario público. 
 

Los inhallables archivos del Banco Nacional de Desarrollo lo corroborarían. Los documentos incorporados a las conclusiones de la Comisión Investigadora que funcionó en 1985 en el Congreso también.

Si el juez Oyarbide se hubiera atrevido a firmar un exhorto diplomático a fin de que la empresa británica Brown & Boveri fuera obligada a declarar cómo se pagó el equipamiento de la Ítalo en la década de 1960, el caso estaría resuelto. Pero Oyarbide no se atrevió, y es muy improbable que la justicia británica le hubiera dado curso en caso contrario. 


Compartí

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *