Pacto o Ley de Policías Municipales

Miradas al Sur. Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por  Elena Mariani. Ex jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires
En su libro El Leviatán azul-Policía y política en Argentina, el diputado Marcelo Saín expresa:»La manifestación más significativa de la indefensión y el desgobierno político de la seguridad pública ha sido la delegación política –tácita o manifiesta– de la gestión y el manejo de la seguridad a favor de las instituciones policiales y, como consecuencia de ello, la articulación de un tipo de vínculo entre las autoridades gubernamentales y aquéllas, signado por un pacto de reciprocidad. Ese pacto se asentó sobre la base de dos compromisos fundamentales, del lado gubernamental se le garantizó a la institución policial una suerte de prescindencia institucional basada en la no injerencia oficial en todo lo relativo a la organización y el funcionamiento policial, la protección de ciertos jefes y cuadros funcionales al pacto mediante el aseguramiento de sus ascensos o la promoción para la ocupación de cargos o destinos importantes dentro de la institución, así como la indiferencia –»vista gorda»– o el encubrimiento gubernamental frente a los dispositivos y hechos de corrupción y los abusos policiales, y hasta la protección política a ciertas modalidades de regulación de determinadas actividades delictivas de alta rentabilidad económica. Del lado policial, se les aseguró a las autoridades gubernamentales un grado socialmente aceptable de eficiencia en el control formal o informal del delito, permitiendo una magnitud y una envergadura criminal que no generaran reclamos o protestas ciudadanas o que no dieran lugar a situaciones de crisis política, y se les garantizó la prestación de servicios políticos informales que fueron desde el espionaje y las tareas de inteligencia o el hostigamiento y el ejercicio de presión sobre opositores y adversarios, hasta el financiamiento de ciertas actividades políticas o el enriquecimiento de algunas autoridades gubernamentales del sector».

En el devenir institucional de la Policía Bonaerense, ese pacto de reciprocidad fue roto y reparado en varias oportunidades con un costo demasiado alto para la población de los territorios en el que se consuma.

Numerosas puebladas en repudio por crímenes de vecinos o hechos de violencia dan cuenta tanto de la fragilidad del acuerdo como del hartazgo de la población frente a su evidencia y a la pretendida invisibilidad de la connivencia entre los responsables políticos del territorio y los policías de la zona. También, es cierto, que el repudio por hechos que afectan la vida y los bienes se manifiesta en poblaciones que carecen de este pacto, pero que entienden que lo que sucede en el territorio es responsabilidad de quien ejerce la representación política en el Ejecutivo y en el Legislativo locales y que son ellos los que deben dar respuesta a sus habitantes.

Los municipios de la provincia de Buenos Aires, sobre todo los más grandes, funcionan bajo la impronta de unas pocas competencias otorgadas por una ley orgánica municipal sobre la que nunca se discutió seriamente una reforma acorde con los nuevos tiempos. De este modo y frente a los cada vez más recurrentes reclamos de la población en todo conflicto que ocurre en su territorio, muchos jefes comunales prefieren esgrimir su incompetencia en la materia y desentenderse en forma explícita de lo que consienten tácitamente en el pacto referido.
Las primeras 48 horas de un nuevo ministro están signadas por los insistentes llamados de los intendentes pidiendo por este o aquel comisario, o sobre «su» comisario, lo sabemos todos los que hemos pasado por la gestión de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que no tienen competencia sobre la materia, pero están dispuestos a incidir en la designación de uno o varios, según se trate de un distrito pequeño o de uno grande, en los que se encuentran ubicadas más de una seccional y hasta alguna regional de la institución policial. De este modo, y en circunstancias que así lo requieran, se hará visible el interés de algunos jefes comunales en la conformación del personal de «sus» comisarías, que no es otro que el interés por la regulación a que hace referencia Saín en El Leviatán azul.
La Ley de Policías Municipales que se tratará en la Legislatura bonaerense será el mejor instrumento que puedan utilizar los intendentes y los Concejos Deliberantes para hacerse cargo de una problemática en el marco de una seguridad democrática, para que los ciudadanos puedan percibir en sus responsables políticos la voluntad de avanzar en la mejora de la gestión de sus intereses más inmediatos.
El proyecto de ley presentado por el diputado Marcelo Saín establece, en primer lugar, las bases jurídicas e institucionales en todo lo concerniente a la conformación orgánica, principios básicos de actuación, misión y función, cooperación y coordinación institucional e interjurisdiccional, dirección y administración, organización, bases profesionales, formación y capacitación y supervisión y control de las Policías Municipales.
Definiéndolas como instituciones públicas, armadas, únicas, especializadas y profesionales que tienen la responsabilidad del mantenimiento del Estado democrático de derecho mediante su intervención en la seguridad preventiva local, dentro del ámbito territorial del municipio, con excepción de los lugares sometidos a la jurisdicción exclusiva provincial, federal o militar, frente a la comisión de los delitos y/o faltas graves en su territorio.
En términos generales, se trata de un proyecto de ley integral, que contempla todos los aspectos que hacen a la conformación de una policía moderna, profesional, con mecanismos de control externo y monitoreo de desempeño, que permitirá evaluar en cada ámbito territorial la actuación de los integrantes de esta institución policial abocada a tareas preventivas.
Se podrá aducir que a ciertos intendentes «darles» la policía sería riesgoso o aventurado conociendo su trayectoria; sin embargo, es el juego democrático y han sido elegidos por el voto popular y lo que no tienen regulado por una norma lo ejercen en las sombras desde hace mucho tiempo. Habrá que decidir, entonces, si eligen entre el pacto y la policía municipal, y en esa cancha se verán los jugadores y las decisiones de los directores técnicos, intendentes, de los territorios más conflictivos de la Argentina.

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