Lástima que hace poco murió Ramón Landajo, que fue una especie de agente especial de inteligencia al servicio tanto de Perón como de Bidegain, cuando éste fue gobernador de Buenos Aires. Por tontería del gobierno kirchhnerista, que lo dejó en la estacada (Landajo no tenía jubilación pues había sido desde joven básicamente «un ultraalcahuete de Perón», como a él mismo le gustaba decir, aunque enemigo de Isabel y López Rega), gravemente enfermo, Landajo terminó sobreviviendo de la «beneficencia» del «Momo» Venegas e integrando las desangeladas huestes del «peornismo» opositor, muy cerca de los hermanos Rucci.
Landajo se burlaba en la intimidad de la pretensión de vincular al gobierno de Bidegain con la muerte de Rucci, asesinato que la conducción de Montoneros no consultó… ni con los propios montoneros, y que produjo una enorme fisura dentro de la organización.
Mi interpretación es que la Cámara ha respondido corporativamente a las críticas que se le hacen con justa razón a un Poder Judicial hiperclasista con esta chicana, dándole pábulo a las argucias del Luciferino Beato filho del Obispo Caselli.
Esta decisiòn de la Cámara me recuerda cuando el impresentable Bonadío quiso responsabilizar a los jefes montoneros de la muerte de los montoneros que regresaron voluntariamente a la Argentina en el marco de las llamadas «contraofensivas», algo que no tiene asidero.
Si el asesinato de Rucci fue un crimen de Estado, yo no soy un pájaro sino una rana arbórea.
La noticia, tal como llegó de la agencia DyN:
La Cámara Federal reabrió hoy la causa por el asesinato en 1973 del entonces secretario general de la CGT y referente del peronismo ortodoxo, José Ignacio Rucci, al revocar su archivo y ordenar al juez federal Ariel Lijo que profundice la investigación.
El fallo, dictado por la Sala Dos del tribunal, indicó avanzar en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales del homicidio, en el barrio porteño de Flores el 25 de setiembre de 1973, apenas 48 horas después de que Juan Perón fuera elegido por tercera vez Presidente de la República.
En agosto pasado, el juez Lijo consideró que el crimen, atribuido a la guerrilla «Montoneros», no podía ser considerado «delito de lesa humanidad» y, en consecuencia, estaba prescripto por el paso del tiempo, pero la Cámara revirtió ese criterio.
El tribunal revocó por «prematura» la determinación del juez de primera instancia y advirtió que «deviene imprescindible la profundización de la pesquisa», impulsada por los hijos, Claudia Rucci, actriz y hoy diputada por el peronismo opositor, y su hermano Aníbal Rucci
Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun ordenaron una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación y determinar si la emboscada que acabó con la vida de Rucci pudo haber sido financiado o apoyado desde el gobierno del peronista Oscar Bidegain en la provincia de Buenos Aires.
A Rucci lo acribillaron en una emboscada, en la avenida Avellaneda 2935, y el libro «Operación Traviata» de Ceferino Reato no duda en atribuirla a Montoneros, identifica al francotirador como Juan Julio Roqué -dirigente montonero muerto en 1976 durante un combate con marinos de la ESMA-; y asegura que dos de los miembros del pelotón aún se encuentran con vida.
Cuando fue llamado a declarar como testigo por Lijo, el periodista se amparó en el artículo 43 de la Constitución para no revelar los nombres y datos de los montoneros que supuestamente habrían participado en el asesinato del jefe gremial peronista y seguirían con vida.
Reato sólo identificó a su fuente como «un oficial montonero con un alto cargo en la Gobernación bonaerense», por entonces en manos del peronista Bidegain, que, prosiguió, «alquilaba un departamento en la avenida Juan B. Justo al 5000 y lo cedió como cuartel general para el operativo pues quedaba a ocho cuadras de la casa de Rucci».
«El me contó que conoció al grupo comando formado por seis montoneros y que dos de ellos siguen vivos» pero, confió, «nunca me dijo sus nombres argumentando que no quería que algún día tuvieran problemas con la Justicia».
De todos modos, el periodista consignó que cuando recolectaba el material para su obra «a mí me dio la impresión de que aún tenía diálogo con uno de esos dos, porque si le preguntaba algo que él no sabía a los pocos días me llamaba y lo contestaba».
También precisó que «este montonero que aportó información para mi libro me dijo que una vez consumado el crimen él recibió la orden del grupo ejecutor de vaciar el departamento de armas y lo concretó llevando todo en autos de la Gobernación bonaerense para evitar problemas si lo paraba la policía».
Los hermanos Rucci daban por seguro que a su padre lo habría asesinado la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) y, por ello, en 1998, cobraron la indemnización que la ley 24.411 consagra para los familiares de las víctimas de esa banda paraestatal y del terrorismo de Estado de la dictadura militar.
Incluso en el expediente judicial hay un testimonio de Juan Carlos Juncos, quien fuera custodio del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, y en 1984 aseguró que su superior había ordenado la ejecución de Rucci a la banda terrorista paraestatal Triple A, que él dirigía.
Pero a partir de la publicación del libro de Reato, los hermanos Rucci se presentaron a la Justicia y consiguieron reabrir la causa, archivada desde 1988, y plantearon ser admitidos como querellantes.
