ESCUCHAS ILEGALES. La trama servicial armada por el macrismo llega hasta la cúspide de la Corte Suprema

Pensaba subir esta nota más temprano, y como si fuera adivino, Gabriel Fernández me llamó para conversar de este tema en su programa de Radio Gráfica. Entre otras cosas, destaqué la necesidad de separar tajantemente las conversaciones privadas de lo que se dice en público y a través de los medios. Abomino de quienes insultan a través de los micrófonos como contagiados de Mala Baba Etchecopar, algo así como la Triple A del micrófono. Pero en conversaciones privadas, es fácil que se nos caiga un «pelotudo» o alguna cosa más gruesa. Si uno le dice a un amigue que tal es un hijo de puta y que lo mataría, no quiere decir, para nada, que la madre de tal ejerce la prostitución ni que el puteador esté tramando un asesinato. Gran parte de los viejos agentes de inteligencia, los que llamamos habitualmente «servicios» trabajan en las cloacas a favor del poder económico y las mafias, y en el caso particular de Santa Fe, para la compleja trama de  políticos y empresarios con altos jefes policiales, malla que ha constituido un verdadero cartel para el que trabajan bandas de lúmpenes que suelen dirimir sus diferencias a balazos. Esos servicios se han cargado a Marcelo Sain. Queda la esperanza de que, como prometió su sucesor, las políticas que implementó no sean dejadas de lado.

(Foto de presentación Pepín Rodríguez Simón y supremo Rosenkrantz, que para encontrarse con aquel, se disfrazó. Ver abajo).

Sótanos reciclados 1  

POR GABRIEL FERNÁNDEZ

Los audios que determinaron la salida de Marcelo Sain como ministro de Seguridad santafesino contienen expresiones virulentas y condenables. El problema es que se trata de conversaciones privadas. La apuesta del gobernador Omar Perotti para ordenar la complejísima situación de la provincia recibió un impacto fuerte. Es probable que Sain no haya logrado concretar aquello que la población del enorme distrito necesitaba, pero nadie ignora que su designación implicó una búsqueda oficial para resolver la cuestión a fondo.

La cuestión es: Los sótanos de la democracia siguen funcionando a pleno. Los servicios de inteligencia operan en contra del Estado al punto de generar escuchas de las autoridades ¡y difundirlas! a través de algunos medios de comunicación. La filtración de sus conversaciones particulares se conoció a través de Radio Rivadavia, donde un abochornado Eduardo Feinman, puso el grito en el cielo por los epítetos de Sain. Resulta imposible que una entidad ajena a la organización estatal grabe a todos los funcionarios del país con el objetivo de utilizar sus diálogos según convenga: lo siguen haciendo desde adentro de los sistemas de inteligencia públicos. Pagados por la sociedad pero al servicio de las fuerzas políticas opositoras, las empresas que las orientan y los espacios judiciales antidemocráticos.

Es curioso, por ejemplo, que nunca se conozcan conversaciones particulares del gobernador jujeño Gerardo Morales quien, según nos indican, suele emplear caracterizaciones racistas evidentes a la hora de referirse a la presa política Milagro Sala y a una parte del pueblo que conforma su distrito. Tampoco se ha conocido el tenor de sus instrucciones para disponer la represión en barrios populares, algo que volvió a conmover durante la semana que concluye. En esa línea, añaden nuestros informantes, resultaría en verdad edificante conocer las pláticas telefónicas entre el intendente Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud Fernán Quirós: hay quienes suponen que cuando se suscitó el remolino de adultos mayores en los centros de vacunación las expresiones utilizadas para describir a esa franja de la población no cuadran en los parámetros del Inadi. Pero eso nunca sale a luz en diales y pantallas.

Si los contenidos de las charlas privadas de Saín resultan impropios, es imprescindible señalar que son eso: expresiones lanzadas en intercambios particulares. Cabe recordar que la Coalición Cívica había solicitado juicio político con el respaldo de algunos grupos mediáticos locales. Feinman, como Daniel Santoro, brinda sus mejores esfuerzos a intereses bien detectables. Según nos informan desde Rosario el relevo, Jorge Lagna, persistirá en el esquema de trabajo diseñado por Saín. A no perder de vista Santa Fe, donde suceden muchas cosas.

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Lejos de ser el único episodio de las desventuras de la Justicia en la Argentina, el bloque anterior nos permite situarnos sobre la base para lanzarnos hacia regiones superiores del andamiaje. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz (a) El Designado, fue recusado por sus vínculos con el operador judicial del gobierno de Mauricio Macri Fabián Pepín Rodríguez Simón. La acción fue promovida por el empresario Fabián de Sousa y concretada por su letrado Carlos Beraldi. Resulta que Don Pepín está hundido en la causa donde se investiga una asociación ilícita –con participación del ex presidente liberal- por hostigamiento a los directivos de Indalo.

“Dada la gravedad institucional que revisten los episodios que se investigan en esta causa, resulta imperativo garantizar, de manera inmediata, que su juzgamiento se lleve a cabo en todas las instancias por magistrados libres de cualquier sospecha de parcialidad; mucho más, si se trata de aquellos que integran el más Alto Tribunal de la Nación”, dice la presentación efectuada por el abogado querellante. El pedido fue realizado ante la misma Corte, en la causa que lleva adelante la jueza María Romilda Servini de Cubría; allí está imputado el propio Macri. Los defensores de la organización que condujo el país durante cuatro años nefastos pretenden evitar el cruce de los teléfonos del ex presidente y los integrantes de su mesa judicial. El escrito de Beraldi, barrido bajo la alfombra por los medios concentrados, apunta que los funcionarios macristas “se habrían valido del poder estatal y de los recursos públicos a su disposición para llevar a cabo múltiples actos ilícitos”.

Vale evocar que Rosenkrantz fue designado por decreto presidencial 82/2015 después de coordinar un estudio jurídico encargado de asistir al Grupo Clarín en juicios contra el Estado nacional. A lo largo de su carrera, este abogado surgido de la Universidad de Buenos Aires llamó la atención al oponerse a la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Con posterioridad, impulsó la normativa denominada Dos por Uno, según la cual los delitos de lesa humanidad, como otros, merecían computarse en base a un criterio benigno. Durante todo el período y hasta el presente, su figura generó interesantes piruetas argumentales en los medios –especialmente Clarín y La Nación– destinadas a fundamentar sus acciones dentro del marco constitucional. Lo puntualizamos, por si hay algún distraído: Rosencrantz es titular de la Corte Suprema de Justicia.