Los jueces en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán y Esteban Furnari ordenaron las primeras medidas en dos causas en las que se pidió que se frene la aplicación del decreto 1206//16 que se contrapone a una ley del Congreso.

Los expedientes fueron iniciados por la asociación civil «Abogados por la Justicia Social», que quedó a cargo de Ailán, y otro por el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá, que está en manos del juez Furnari.

En el marco de la nueva ley de medidas cautelares, el Gobierno debe entregar el informe correspondiente en el plazo indicado por el magistrado.

Fuentes judiciales confirmaron que la jueza jueza Ailán le envió la semana pasada al Gobierno un oficio para que en el plazo de cinco días presente el informe. El lunes Furnari tomó idéntica decisión y le dio un plazo de tres días para que responda.

Los informes podrían llegar después de la feria judicial de verano, y una vez que los jueces los tengan en su poder, quedarán en condiciones de resolver si suspenden o no la aplicación del decreto.

Los amparistas, «Abogados por la Justicia Social» y el diputado Solá cuestionaron el decreto por ser contrario a lo que el Congreso Nacional había aprobado en mayo por ley 27.260 en la que excluia expresamente a «los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados» de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido «Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal» o personal de organismos de inteligencia.

Pero a fines de noviembre, Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, firmaron el decreto 1206 por el cual se estableció que los familiares podrán ingresar al blanqueo «exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha» en que los funcionarios ingresaron a sus cargos.

Las críticas no tardaron en llegar porque para la oposición no había dudas de que el dictado del decreto era para beneficiar al padre de Macri, el empresario Franco Macri.

El decreto fue rechazado y en la justicia se iniciaron causas en lo contencioso administrativo y además denuncias penales contra Macri, Peña y Prat Gay.

En una de ellas, la que presentaron diputados nacionales de Libres del Sur por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Macri, Peña y Prat Gay al requerir abrir la investigación.